MORELIA, Mich.– Entre la muchedumbre congregada en la Plaza Melchor Ocampo de esta ciudad, Rocío García Guerrero pudo ver cómo su hijo Ángel Uriel, de 13 años, gritaba “¡Viva!”, en respuesta a cada uno de los vítores lanzados desde el Palacio de Gobierno, en honor de las figuras históricas que lucharon por la Independencia de México.

La mujer se sintió feliz al darse cuenta de que el adolescente disfrutaba a plenitud ese momento de la noche del 15 de septiembre de 2008. También estaban ahí su madre, su pequeña hija de un año en brazos de su hermano José, la esposa de éste y una sobrina.

Cuando fue anunciada la quema de los juegos pirotécnicos, Rocío dirigió la mirada hacia arriba esperando observar luces en el cielo, pero en ese instante sintió una onda expansiva, seguida de una opresión en el cuerpo que le impedía respirar hasta que reaccionó y se descubrió tirada en el piso. Sus familiares también habían caído junto con muchas otras personas, como consecuencia del estallido de las dos granadas de fragmentación arrojadas contra la multitud.

Mientras Rocío fue sometida a cirugía de emergencia y estuvo 10 días internada en un hospital, con daños de consideración en un brazo, el abdomen y la garganta, su madre y su hijo Ángel Uriel murieron a causa de las lesiones sufridas.

Ellos fueron dos de las ocho personas muertas; más de un centenar sufrió lesiones de diversos niveles de gravedad: desde el alojamiento de alguna esquirla en el cuerpo, afectaciones en la columna vertebral, hasta la pérdida de alguna de las extremidades. 

A 15 años de este ataque contra la población civil, el Estado mexicano se mantiene en deuda con la justicia, pues además de que ninguno de los responsables se encuentra detenido, los sobrevivientes aún padecen las secuelas de los hechos sin haber recibido del gobierno federal la reparación integral del daño considerada en la ley de la materia.

Además, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) victimizó a tres hombres más, que permanecieron detenidos más de seis años bajo la acusación de pertenecer al grupo criminal de Los Zetas y de haber participado en el atentado, hasta que en 2015 obtuvieron su libertad al ser absueltos por un juez, tras demostrar que en el momento del suceso se encontraban en otra ciudad y que fueron torturados para obligarlos a firmar una supuesta confesión.

Para el abogado Fernando Espinoza de los Monteros, quien estuvo a cargo de la defensa y logró la liberación de uno de los detenidos, el atentado de Morelia “no fue perpetrado por un grupo de delincuentes que estaba luchando por la plaza; había algo más detrás de esto y la interpretación que yo le he dado junto con la gente (…) es que había un pretexto de carácter político”.

Y abunda: “Creo que el motivo político, a la luz después de muchos años, es que fue una operación creada por el general (Mario Arturo) Acosta Chaparro, que falleció y al que no pudimos interrogar, pero el objetivo fundamental era desestabilizar el gobierno de (Leonel) Godoy para que el Partido Acción Nacional, al que pertenecía el presidente Felipe Calderón, recuperara el control político del estado. Yo no le encuentro otra justificación”.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado por su participación en la Guerra Sucia y posteriormente por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, estuvo preso cinco años en el gobierno de Vicente Fox, y fue liberado tras la llegada de Calderón a la Presidencia. Antes de ser ejecutado en abril de 2012 en la Ciudad de México, era considerado el interlocutor del Ejecutivo federal con el narcotráfico.

Los llamados granadazos marcaron un parteaguas en la historia de las confrontaciones entre los grupos asociados al crimen organizado, además de que “desencadenaron consecuencias que han tenido una serie de implicaciones negativas muy complicadas” para la construcción de la paz o el orden social, según el análisis de Salvador Maldonado Aranda, profesor investigador de El Colegio de Michoacán.

Evolución de la violencia

Maldonado es uno de los especialistas consultados por Proceso sobre las implicaciones sociales, históricas y políticas de esta insólita agresión con explosivos dirigida de manera directa contra la población, que dejó una impunidad prevaleciente, incumplimientos, deficiencias y abusos gubernamentales.  

“Fue un acontecimiento que no tuvo paralelo, antes ni después, en términos de la violencia que tocó a ras de suelo a la población civil”, afirma.

Doctor en Ciencias Antropológicas, Maldonado dice en entrevista que el ataque del 15S en Morelia fue un acontecimiento que se sumó a la escalada de diversos escenarios que se fueron delineando a partir de la guerra contra el narcotráfico.

Además, añade, ese suceso dio cierta sensación de confianza a los grupos del crimen organizado del país para usar la violencia letal como instrumento de poder y ahora su organización se asemeja a niveles tácticos de agrupaciones especializadas en violencia organizada que no se veían antes.

“En una situación de control de territorio o de conquista de ciertas regiones –expone el académico–, a partir de 2008 lo que vimos es que desde las organizaciones asociadas al crimen organizado y el Estado las luchas fueron escalando hacia una violencia mucho más sofisticada”.

Para el investigador, lo que se vio desde entonces fue todo un aprendizaje, donde tanto las organizaciones como el Estado incrementaron sus capacidades logísticas, tácticas y estratégicas utilizando todo el material a su disposición para poder ganar territorios que ellos mismos se habían fijado como objetivo.

Bajo estas circunstancias, Maldonado Aranda expresa que “la población civil comenzó a ser rehén de esas operaciones contra el narcotráfico, en las cuales el Estado no midió las consecuencias de las acciones que estaba emprendiendo en una escalada contra la violencia, lo que provocó más violencia y un mayor fortalecimiento de las organizaciones criminales, lo que hasta ahora no se ha querido reconocer”.

A juicio de Maldonado, en los granadazos de Morelia “sin duda estuvieron involucradas diversas organizaciones que tenían un fin muy específico, no sabemos cuál, pero por la manera como se planeó tenía un contexto político delictivo criminal porque se dio exactamente en una conmemoración nacional, como el 15 de Septiembre; eso no lo podemos obviar en términos de que no fueron personas comunes y corrientes quienes planearon e instrumentaron este lamentable hecho”.

Impunidad y abandono

El abogado Fernando Espinoza de los Monteros explica que durante la defensa que realizó en el caso de los granadazos pretendía interrogar al general Acosta Chaparro; “yo ya había ofrecido la prueba del interrogatorio que le iba a hacer; debía de haberse celebrado en la Ciudad de México porque él tenía allá su domicilio (…); por eso lo callaron, lo ejecutaron y silenciaron su voz; no querían que hablara de este tema y de muchos otros de los que debía tener información. Su asesinato fue un crimen de Estado”.

El abogado se muestra convencido de que la motivación del 15S “no tuvo un fondo terrorista en sí para echarle la culpa a otro grupo y calentar la plaza”, sino que el objetivo “fue político y armaron todo esto, o sea, realmente es muy lamentable, terriblemente ominoso que hayan tenido que lastimar a tanta gente, matar a inocentes que fueron al Grito a vitorear a México, no al gobernador, sino a la Patria, pero va la gente de buena fe y la matan”. 

–En el caso de los atentados de Morelia, ¿hasta dónde cree que lleguen las implicaciones políticas: se quedan en Acosta Chaparro o pueden llegar más arriba?

–Si llegan a Acosta Chaparro, tienen que llegar a su jefe, que era el jefe de la Policía con el que se entendía, o era el presidente de la República, no hay más. 

Pese a que desde el primer momento las investigaciones del atentado fueron atraídas por la PGR, tras considerar que los delitos pertenecen al fuero federal, a lo largo de estos 15 años el gobierno de la República no ha cumplido su responsabilidad de atender a las víctimas mediante los mecanismos legales establecidos y hasta ahora ninguna de las personas afectadas ha recibido la compensación subsidiaria establecida como uno de sus derechos en la Ley General de Víctimas.

La abogada Reyna Velasco Guerrero, quien representa a seis familias, comenta que el gobierno federal “definitivamente le apostó al olvido de las víctimas, pues pese a ser un caso que debió atenderse de manera prioritaria, no les ha dado el acompañamiento necesario desde 2008. Podemos decir que la Federación les ha quedado a deber”.

Aunque en la exposición de motivos de la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se alude a las víctimas del atentado de Morelia, en realidad quienes las han atendido desde 2008 hasta la fecha han sido las diferentes administraciones estatales, con algunos apoyos sociales para proyectos productivos o vivienda, ayudas económicas y pensiones, la mayoría de ellas de carácter temporal.

El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Josué Alfonso Mejía Pineda, informa que actualmente se encuentran reconocidas 104 víctimas, a las que se entregan 60 pensiones económicas que van desde ocho mil hasta 48 mil pesos mensuales, según el tipo de daño sufrido, algunas de carácter individual y otras por núcleo familiar.

El funcionario comenta que este tipo de pensiones, para las que se tiene considerado este año un presupuesto de 20 millones de pesos, son “inéditas e históricas” en México porque, “cuando ocurrieron los hechos, no había un mecanismo para atender a las personas afectadas, no había comisiones federal y estatales, y aunque es un delito del orden federal y que el estado podría haber eludido esa responsabilidad de atenderlo, se logró una reforma constitucional que permitiera dotarles de una pensión a las víctimas”.

En relación con las compensaciones subsidiaria, de carácter federal, Mejía Pineda indica que se encuentran en un proceso para buscar la reparación integral del daño con la autoridad correspondiente.

Sin embargo, Reyna Velasco comenta que, aunque el proceso penal se encuentra suspendido y no hay ninguna persona con sentencia condenatoria a quien se le pudiera cobrar la reparación integral del daño, el gobierno federal se ha negado a otorgar la compensación subsidiaria a sus representados, aun cuando ello le ha sido ordenado mediante juicios de amparo por el Poder Judicial.

Víctimas sin reconocer

La abogada Reyna Velasco detalla que, cuando empezó a representar al grupo de familias, en 2018 se dio cuenta de que durante una década habían estado abandonadas desde el punto de vista jurídico, pues ni siquiera tenían conocimiento del número de causa penal y en qué juzgado se estaba llevando el proceso.       

Inicialmente, refiere, el juez se negó a reconocerles la calidad de víctimas porque, cuando ocurrió el hecho, la ley sólo hablaba de agraviados, por lo que fue necesario interponer un juicio de amparo que fue obtenido en 2020 y fue ordenada su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.

Esta medida, dice Velasco Guerrero, benefició sólo a las 89 víctimas cuyos nombres se encuentran en el expediente penal, en el que en su momento por omisiones de la autoridad no fueron incluidas 16 y por lo tanto tendrán complicaciones para tramitar los beneficios federales.

Explica: “Es el caso de una de las víctimas que represento que se dedicaba a la enfermería y como consecuencia del atentado perdió una pierna, al día de hoy no puede tener acceso al mecanismo de compensación subsidiaria porque el hecho de no estar relacionada dentro de la causa penal limita y le niega el acceso a ella para poder solicitar su derecho”.

La representante legal del grupo de familias aclara que, una vez logrado el reconocimiento como víctimas, en 2020 empezó el trámite para la compensación subsidiaria, pero hasta la fecha no se ha resuelto ninguno de los procedimientos.

El 10 de noviembre de 2022 la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CEAV emitió una resolución en la que determinó que era improcedente la compensación subsidiaria en favor de los solicitantes, al considerar que no se encuentran satisfechos los requisitos de la Ley General de Víctimas.

Sin embargo, al resolver el juicio de amparo 1825/2022, de fecha 30 de marzo de 2023, una jueza de la Ciudad de México favoreció a las víctimas para que la CEAV deje insubsistente esa resolución y emita una nueva atendiendo diversas observaciones.

De acuerdo con Reyna Velasco, ya se resolvieron los amparos y fueron confirmados por un tribunal colegiado por lo que “en estas fechas puedo decir que estamos únicamente a la espera de que la CEAV emita las resoluciones de compensación en favor de las víctimas que represento”.

El investigador Salvador Maldonado sugiere que, 15 años después de la experiencia de los granadazos de Morelia, la sociedad y el gobierno necesitan repensar realmente las políticas de seguridad y la manera como se sigue manejando una narrativa maniquea y políticamente muy conveniente para ciertas instituciones y grupos.

Cuestiona el hecho de que ciertas políticas están centradas en el objetivo de desarticular y eliminar organizaciones asociadas al crimen organizado y que “no estamos viendo realmente que estas violencias que vivimos en México se están reproduciendo a todos los niveles”.

A juicio del académico, lo que generó el acontecimiento de 2008 fue realmente una especie de shock nacional de las consecuencias de esas políticas de seguridad unilaterales e irreflexivas que no tomaron en cuenta la visión de la sociedad. 

“No le hemos preguntado a la sociedad –advierte Maldonado–, no sabemos qué es lo que piensa la gente común y corriente; la sociedad tiene muchas propuestas, pero cada vez se escucha menos y cada vez se implementan unas políticas que se hacen de una manera tan sigilosa que se convierten en un secreto público, en un secreto de Estado”.

Puntualiza: “Debemos empezar por un debate público acerca de las consecuencias no sólo de esa violencia de los actores que instrumentaron ese acto atroz, sino la manera como la sociedad puede colaborar en esta tarea de revertir, de mitigar las violencias”.