Ciudad de México (Proceso).-- En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador México ha vivido un proceso de militarización sin precedentes de las políticas migratorias, lo que ha provocado el incremento de la violencia institucionalizada en contra de las personas en situación de movilidad, advierte la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) en su noveno informe que abarca el periodo de 2021-2022.

Esta organización civil realizó un arduo análisis regional y temático al que tituló "La esperanza en el camino: La Redodem en un país de impunidad, militarización y violencias”, en el cual advierte que uno de los riesgos de la militarización de las políticas migratorias es que al migrante se le toma como “enemigo” y es sujeto de constantes violaciones a sus derechos humanos.

Cita que tan solo en 2021 se abrieron 504 quejas contra elementos de la Guardia Nacional (GN) por violaciones a los derechos humanos de personas migrantes que incluyen agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas en tránsito, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias.

Indica la Redodem que esta política militarizada del gobierno de López Obrador tiene relación con la política migratoria implantada por el gobierno de Estados Unidos. Con base en ella –y de acuerdo con informaciones periodísticas-- se han enviado más de 25 mil soldados y miembros de la Guardia Nacional a las frontera sur y norte. Así se ha agravado la realidad de la movilidad humana en México por gestiones públicas erráticas alineadas a intereses distintos a la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y/o con necesidades de protección internacional.

“Este informe documenta los efectos de la militarización y de las acciones de contención, disuasión y criminalización por parte de las autoridades migratorias y de seguridad pública mexicanas para impedir el tránsito por México de miles de personas en contexto de movilidad humana”, afirma la red integrada por 24 organizaciones de atención a migrantes en todas las regiones del país.

Destaca que desde hace dos décadas la violencia que las poblaciones en movilidad enfrentan en México es constante. Recuerdan que defensores de derechos humanos han evidenciado que la violencia no se concentra en la frontera, sino que se extiende en todo el territorio mexicano, el cual se ha convertido en zona de riesgo, de violencias y graves violaciones a derechos humanos. Aunado a esto, el país ha vivido un proceso de militarización de las políticas migratorias sin precedentes, lo que ha provocado el incremento de la violencia institucionalizada en contra de las personas en situación de movilidad.

Dicho incremento de militarización, subraya la Redodem, obligó a migrantes que viajan con niños o a menores no acompañados a tomar rutas migratorias más remotas y peligrosas. Además, ha conducido a la detención ilegal y a la deportación de una gran cantidad de migrantes sin una determinación del interés superior, en contravención de la Ley de Protección a la Niñez y de la reforma mexicana a la Ley de Migración de 2021 que prohíbe la detención de niños y adolescentes migrantes y exige en todos los casos la determinación del interés superior de éstos.

“Además de agentes del INM, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron la presencia de las policías municipales y estatales, agentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) e incluso de la Guardia Nacional (GN), la Marina, y la Armada de México en los puntos de entrada y en los puestos de control internos”, advierten las organizaciones.

Violencia institucional

El informe precisa que 2021, 19 de las 32 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM) estaban en manos de militares, quienes --a pesar de recibir alguna instrucción-- siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, pues para los militares los migrantes son “enemigos”.

“Además de la persecución estatal y la violencia criminal en contra de personas migrantes, así como la violencia institucional marcada por falta de medidas reales de protección, las personas en situación de movilidad han tenido que enfrentar las consecuencias de un proceso de militarización inédito en la historia de México. Si bien existen antecedentes de dicho proceso desde finales del siglo pasado, el informe ‘Bajo la bota’ provee evidencia actualizada sobre cómo la política migratoria mexicana ha llevado a cabo un proceso de militarización sin precedentes durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, señala el informe.

Destaca que “lo novedoso” de la militarización de las políticas migratorias en este sexenio se puede observar en que si bien la Guardia Nacional, en origen, es una institución de carácter civil, su estructura operativa, la formación mayoritariamente militar de sus agentes y la subordinación a la autoridad no civil, la convierten por la vía de los hechos en una institución de naturaleza castrense, lo cual no sólo va en contra de las disposiciones normativas mexicanas, sino que también viola las premisas básicas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, las cuales México está obligado a cumplir.

Precisa que los migrantes, además de sufrir tratos raciales y de criminalización, son maltratados a través de la militarización de las políticas migratorias debido a que los elementos de las Fuerzas Armadas no tienen un entrenamiento para proteger a la población civil, sino que más bien su enfoque está dirigido a vencer a un supuesto “enemigo”, en este caso la persona migrante.

“La construcción del sujeto migrante como amenaza o como enemigo no es un fenómeno novedoso en México, pero sí ha tenido en los últimos años nuevas manifestaciones cada vez más violentas e institucionalizadas en contra de la población en situación de movilidad. Desde la Redodem hemos documentado cómo la política de control migratorio y la imposición de números que representan los avances en esta materia, han generado una dinámica de mayor criminalización y de detenciones arbitrarias”.

Como ejemplo de esta situación señalan que miembros de centros de asistencia a migrantes documentaron cómo la llamada “Alerta Migratoria”, la cual ayuda al INM a verificar, registrar e informar a las autoridades sobre posibles ingresos o salidas de personas, ha servido para intensificar la criminalización de la población migrante, obstaculizando las posibles vías de regularización.

El informe de la Redodem documenta que agentes migratorios han disparado contra migrantes, ocasionando muertes, como ocurrió en Chiapas contra un guatemalteco y un cubano.

Además de violencia sexual contra mujeres migrantes, como documentaron las integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) durante el monitoreo de las condiciones de estas personas detenidas en estaciones migratorias.

“Ellas detectaron casos de violencia sexual ejercida por elementos de la Guardia Nacional contra mujeres en donde atestiguan lo siguiente: “Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras el cañón de su arma” (Imuni, 2022).

Presión de Estados Unidos

En uno de sus apartados, la Redodem advierte que no se debe ignorar la relación de México con Estados Unidos y que algunos de los cambios en la política migratoria mexicana se dieron en el contexto de la presión que el gobierno de Donald Trump utilizó en las negociaciones económicas y la posible renovación de los acuerdos comerciales para que el gobierno mexicano asumiera un papel más contundente en la contención de los flujos migratorios.

En ese marco precisa que en los últimos años México incrementó la militarización en las zonas fronterizas, así como los puestos de control (retenes), las redadas (revisiones migratorias) y los aseguramientos de migración, bajo presión y con el apoyo de Estados Unidos que históricamente proporcionó financiación y capacitación a muchas de las fuerzas de seguridad mexicanas que ahora se encuentran en la frontera sur de México.

La Redodem indica que durante los primeros años de la pandemia de covid-19, Estados Unidos instó a México a reforzar su frontera sur con Guatemala para impedir que la población migrante viajara hacia el norte y presionó a los países centroamericanos para que impidieran el paso de las personas migrantes, fueran nacionales o extranjeras.  

A partir de ello se incrementó la presencia militar en ambas fronteras. De acuerdo con informes periodísticos para 2021 se desplazaron cerca de 10 mil soldados en la frontera sur y para el 2022 más de 15 mil integrantes de la Guardia Nacional fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y otros 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur.

“Aunque las tropas han recibido capacitación sobre derechos humanos y las vulnerabilidades de la población migrante, en la práctica, no se han producido cambios sustanciales en su trato hacia este sector. En consecuencia, las personas migrantes siguieron sufriendo violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades policiales mexicanas. En 2021, se abrieron 504 quejas contra elementos de la GN por violaciones a derechos humanos contra personas migrantes; que incluyen violencias como agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas en tránsito, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias”.

Además de que la presencia de las fuerzas policiales en la frontera sur de México hace que las y los niños migrantes sean más vulnerables a la violencia, la explotación, las violaciones de derechos, los ataques xenófobos y la discriminación basada en el creciente sentimiento antiinmigrante. 

Concluye la Redodem que año con año, las y los defensores de derechos de las personas migrantes pueden constatar que la situación para miles de éstas que llegan a México lejos de resolverse se ha vuelto más compleja y violatoria de su dignidad y sus derechos.

“Los gobiernos federales (panistas, priistas y morenistas), lejos de cumplir con su papel de principal garante de derechos, han sido incapaces de implementar una efectiva política de atención, protección e integración de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que asegure el respeto pleno de su dignidad. Y, por el contrario, han fortalecido, en la práctica, acciones de endurecimiento de los controles migratorios, de contención, persecución, detención y deportación que violentan sus derechos humanos, por lo tanto aumenta el riesgo de que sean víctimas de grupos criminales nacionales, al verse orillados a optar por rutas y condiciones aún más inseguras y costosas”.