CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El ministerio público de la República Dominicana señaló que la senadora mexicana Alejandra Lagunes tenía conocimiento de que los pagos que su empresa DGI Consultoría Estratégica SA de CV recibió del exprocurador Jean Alain Rodríguez, provenían de actos de corrupción.

Proceso consultó el expediente del caso conocido en República Dominicana como Operación Medusa, en el que Rodríguez Sánchez está acusado de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología así como lavado de dinero.

A Rodríguez se le señala por desfalcar a su país por más de 109 millones de dólares a través de actos de corrupción cometidos desde la Procuraduría General de la República (PGR), entre los que se encuentra la contratación ilícita de servicios de publicidad para posicionar su imagen con miras a convertirse en el próximo presidente de República Dominicana.

En estas conductas está implicada DGI Consultoría Estratégica y directamente la senadora del PVEM Alejandra Lagunes, como parte de un equipo de mexicanos conocido como “Los Tequilas”.

El miércoles, esta casa editorial recordó que en el caso Lagunes está señalada por recibir dos millones de dólares para realizar una campaña de manipulación mediática a favor de Rodríguez Sánchez y que su equipo operaba en un local ubicado en Los Jardines del Embajador, Distrito Nacional, denominado el búnker.

“Es evidente que estamos ante una operación internacional entre dos personas políticamente expuestas, como lo era en su momento Jean Alain Rodríguez Sánchez, procurador general de la República, y Alejandra Lagunes, senadora de los Estados Unidos Mexicanos, quienes no observaron las disposiciones de la Ley de Lavado de Activos de la República Dominicana”, señala la acusación.

“La estructura publicitaria de la que fueron parte esencial la hoy testigo Patricia Elmudeci García y la empresa DGI Consultoría Estratégica SA de CV, de origen mexicano y representada por la hoy senadora de México Alejandra Lagunes Soto Ruiz y el mexicano Ricardo Fernández Audiffred, quienes entraron en una clara operación internacional de lavado de activos con el entonces procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien firma un contrato millonario utilizando su hermano Carlos Augusto Rodríguez Sánchez (fallecido), para contratar en fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a la señora Lagunes, conocida por ser la asesora del expresidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, la misma es contratada por el acusado Jean Alain Rodríguez para que les brindaran el servicio personal de comunicación digital, que también financió con dinero sustraído de la Procuraduría General de la República y producto del esquema de soborno, chantaje y extorsión sin precedente que estableció en la Procuraduría General de la República”.

Además del pago de los servicios prestados por DGI Consultoría, el exprocurador también se comprometió a pagar los viáticos del equipo de la senadora Lagunes, para lo cual utilizó dinero de la PGR: cuatro millones 178 mil 582 pesos dominicanos, equivalentes a 74 millones 154 mil 68.89 dólares al valor actual. Ese fue el monto entregado a la empresa Global Tours & Travel SRL para la compra boletos de avión de México a República Dominicana y de regreso.

Dichos boletos están a nombre de Alejandra Lagunes, Salvador Cacho, Abril Vásquez Rojas, Sergio Solache, Paloma Alejandra Franco López, Daniel Pineda Ibarra, José Antonio Quiñones Vázquez, Sergio Manuel Solache Vázquez, Jorge Luis Días González, Yamil Gustavo Nares, Daniel Pineda Ibarra, Arturo Guillermo Ocana, José Antonio Galicia, Silvia Zafra y Aldo Hiram Campuzano Rivera.

Esos ciudadanos mexicanos, señala la fiscalía, “nunca realizaron trabajos para la Procuraduría General de la República, sino un servicio particular y personal en comunicación digital para redes sociales a la figura de Jean Alain Rodríguez Sánchez”.

La contratación de los servicios de la empresa dirigida por Lagunes se concretó en octubre de 2018, cuando Rodríguez Sánchez y su equipo viajaron a la Ciudad de México para reunirse con la ahora senadora, quien les presentó la oferta de comunicación digital para elevar los niveles de reconocimiento personal del exprocurador y las formas de construir su imagen presidencial.

“La senadora Lagunes, es indiscutible, participó en una operación que viola la Ley de Lavado de Activos de la República Dominicana en virtud de que su fraudulento contrato tenía un objetivo ilícito toda vez que incluía hacer campañas de descrédito y obtener pagos con fondos provenientes de delitos de corrupción y efectivamente obtuvo aproximadamente 125 mil dólares al mes, que excepto el último pago, siempre fueron pagados en efectivo, en operaciones de pitufeos, es decir, sacando el dinero con miembros de la red, en sumas inferiores a 10 mil dólares para evadir la fiscalización.

“Todo esto en un acuerdo criminal con el entonces procurador general de la República hoy acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, los cuales distrajo del presupuesto asignado a la PGR, quien para facilitar la operación hizo comunicaciones dirigidas al delegado del Aeropuerto encargado del acceso al Salón de Embajadores de las personas que retiraban el dinero que pagaba en efectivo”, se relata en el expediente.

Para financiar todo esto, según la acusación, los exfuncionarios implicados utilizaron “aviadores” en la PGR, a quienes contrataban como empleados que recibían los pagos de nómina por servicios no prestados o labores ficticias y después devolvían dinero a los exfuncionarios que los contrataron para poder utilizar ese dinero libremente. De este modo las autoridades detectaron la emisión de facturas falsas de esas nóminas o contrataciones ficticias.

Los servicios de Lagunes

En el expediente, la PGR señaló que la estructura criminal encabezada por Rodríguez Sánchez utilizó una metodología conocida como astroturfing para manipular la opinión pública. Ésta busca crear una impresión de poyo generalizado de base para una política, individuo o producto donde en realidad existe poco apoyo, para ello se utilizan bots y grupos de presión.

Para la colocación de mensajes en redes sociales fueron contratadas 10 personas en la nómina oficial de la PGR y la oficina de manejo de crisis y reputación de Rodríguez Sánchez se instaló en un inmueble incautado por la PGR, cuya operación fue financiada con recursos públicos desviados supuestamente por órdenes del entonces procurador.

La estrategia también incluyó la creación de una lista de detractores que eran líderes de opinión e influencers a quienes Patricia Nathalie Elmudesi García, encargada de manejar las campañas de publicidad del exprocurador, debía seguir, hostigar, vigilar y atacar en redes sociales.

Para ello, el equipo contaba con una granja de 18 mil bots creados entre julio y diciembre de 2017 y que estuvieron activos hasta agosto de 2020 mediante recargas de celular pagadas con recursos de la PGR.

Los mexicanos que representaban en República Dominicana a la empresa de Lagunes manejaban las redes sociales del exprocurador, realizaban un análisis demográfico digital, realizaban escuchas sociales para detectar todo lo que se decía contra Rodríguez Sánchez y facilitar así el diseño de la estrategia de defensa y los ataques.