CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las autoridades judiciales de República Dominicana definirán el próximo mes si el exprocurador de dicho país, Jean Alain Rodríguez Sánchez, será llevado a juicio por el caso de corrupción en el que está señalada la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandra Lagunes, excolaboradora cercana del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Durante julio se desahogaron diferentes audiencias preliminares en las que el ministerio público de República Dominicana leyó la acusación contra Rodríguez y presentó más de tres mil 500 medios de prueba por encabezar supuestamente una red de corrupción al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) de dicho país, en la que habría tenido el apoyo de la ahora senadora mientras era la coordinadora de Estrategia Digital Nacional en la Presidencia de República durante la gestión de Peña Nieto.

El próximo 6 de septiembre el juez realizará una audiencia en la que la defensa del exprocurador dominicano podrá responder al ministerio público y presentar los medios de prueba en su favor y, una vez realizado esto, Amaury Martínez, titular del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, definirá si iniciará o no el juicio en contra del exfuncionario.

El 2 de agosto de 2022 Proceso informó que, en este caso conocido en República Dominicana como “Operación Medusa”, el exprocurador está acusado de desfalcar a su país por más de 109 millones de dólares al encabezar una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la PGR, de 2016 a 2020.

El ministerio público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, así como lavado de dinero.

"Los Tequilas"

En su acusación, el ministerio público destacó que Rodríguez Sánchez contrató ilegalmente a un equipo de mexicanos denominado “Los Tequilas”, entre los que se encuentra la senadora del PVEM, Alejandra Lagunes, quien supuestamente recibió dos millones de dólares para realizar una campaña de manipulación en redes sociales en favor de él.

Este equipo y otros cómplices del exfuncionario operaban en un local ubicado en Los Jardines del Embajador, Distrito Nacional, denominado el “búnker”.

Para ello, indicó, Rodríguez organizó un viaje a México, disfrazado como de interés oficial con el objetivo principal de visitar la empresa de comunicación DGI Consultoría Estratégica, SA de CV, propiedad de Lagunes, que posteriormente fue contratada para posicionar la imagen del exprocurador.

“Al equipo de los mexicanos se les pagaba una dieta de los recursos de la procuraduría, se les asignó un bien incautado para vivir y se les pagó con fondos públicos más de dos millones de dólares”, señaló el ministerio público.

“El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez utilizó un mecanismo de pitufeo para lavar activos y su influencia para que el equipo que trabajaba para Lagunes, que entraban y salían con frecuencia de la República Dominicana, utilizaran el salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas”.

Según el expediente, el 22 de octubre de 2018 el entonces procurador dominicano rentó el local ubicado en la calle El Recodo, departamento A, Edificio 3, Embajador II, del sector Jardines del Embajador, Distrito Nacional, que posteriormente fue bautizado como el búnker. La empresa DGI Consultoría Estratégica lo utilizó como oficina en la que elaboró un informe sobre la figura política de Rodríguez Sánchez y una encuesta digital sobre sus aspiraciones presidenciales, para lo cual cobró en efectivo 160 mil dólares.

Los servicios de la empresa incluían un análisis demográfico digital; escuchas sociales en el ecosistema digital sobre lo que hablan las personas, principalmente los periodistas, para detectar todo lo que se decía contra Rodríguez Sánchez a fin de diseñar una estrategia de defensa y contraataque.

“Se emplearon recursos de la Procuraduría General de la República, un personal, para atacar a periodistas y comunicadores sociales que se entendía que eran contrarios a la imagen del procurador general de la República”, indicó al respecto la fiscal Rosa Alba García.

De acuerdo con la funcionaria, la promoción de la imagen de Rodríguez Sánchez cobró fuerza desde 2019 y abarcó todo 2020, aunque sus aspiraciones presidenciales datan desde que asumió al cargo como titular de la PGR.

En 2022, cuando se hizo público el expediente acusatorio contra el exprocurador, sus abogados rechazaron que él hubiera contratado a Lagunes y negaron las supuestas aspiraciones presidenciales alegadas por el ministerio público.

Su abogado Carlos Balcácer responsabilizó a Rafael Canó, exjefe de gabinete y presidente del Movimiento Político Renovación 2020, de coordinar y ejecutar la contratación y pago a la senadora mexicana y no al exprocurador.