CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marcelo Ebrard insiste en que no hubo abuso. Que todo fue, simplemente, “la preocupación de un papá por un hijo”. La frase parece diseñada para generar empatía inmediata. Funciona en la sobremesa. Pero en el ejercicio del poder público produce exactamente el efecto contrario: inquieta. Porque no estamos hablando de un padre en su esfera privada. Se habla de un servidor público que administra recursos del Estado. Es la frontera que separa la legalidad de la arbitrariedad. Lo verdaderamente problemático es el criterio que la sostiene. La idea de que lo público puede flexibilizarse cuando entra en escena lo privado. De que la ley puede interpretarse con elasticidad si la justificación es emocional. Y cuando ese razonamiento se instala en quien aspira a gobernar un país, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural. 

Más revelador aún es lo que no ha ocurrido. La Secretaría Anticorrupción guarda silencio. La Fiscalía General de la República también. No hay investigación visible. Es una forma de administración del conflicto. Es selección. Es cálculo. Y, en demasiados casos, es protección. 

Primero. Conviene retirar la capa emocional del relato. Esto no es una historia de afecto. Es un problema jurídico. El propio Ebrard confiesa sin rubor los hechos posiblemente constitutivos de delitos. Aceptar de una subordinada directa un beneficio para un hijo no es una cortesía personal. Tiene nombre: cohecho administrativo (art. 52, Ley General de Responsabilidades Administrativas). No se necesitan transferencias opacas ni maletas discretas. Basta una dádiva en especie. 

La residencia oficial no es una extensión del patrimonio personal del funcionario. No es un espacio de disponibilidad discrecional. Es un bien del dominio público (art. 6, fr. VI, Ley General de Bienes Nacionales), asignado a funciones específicas del servicio diplomático, no un hotel de paso. Su utilización con fines distintos podría configurar peculado (art. 223, fr. I, Código Penal Federal). La exembajadora sería probable autora material; Ebrard, presuntamente, partícipe (art. 13, CPF). Y el catálogo no se agota ahí: ejercicio abusivo de funciones (art. 220, fr. I, CPF), conflicto de interés (art. 58, LGRA), eventual enriquecimiento oculto si el beneficio no fue declarado (art. 60, LGRA), posible encubrimiento (art. 62, LGRA). Además, como Secretario de Estado, es sujeto de juicio político (art. 110, CPEUM). 

No se trata de interpretaciones sofisticadas. Es derecho positivo básico. El tipo de normas que cualquier funcionario está obligado a conocer. Y, sin embargo, el sistema institucional permanece inmóvil. La ley existe. El hecho es público. La reacción es inexistente. Entonces la pregunta cambia de naturaleza: ¿la ley se aplica o se administra? ¿se ejecuta o se negocia? ¿rige o se dosifica según el perfil del involucrado? 

Segundo. La defensa abre una disyuntiva que no tiene salida favorable. Si Ebrard no sabía que aceptar ese beneficio podía constituir faltas graves y delitos, el problema es de incompetencia. No de interpretación. No de matiz. De comprensión básica del cargo público. ¿Quién puede aspirar a gobernar un país sin distinguir qué es un bien público? ¿Quién puede administrar el erario sin reconocer un conflicto de interés evidente? La ignorancia de la ley no exime a nadie, y menos a quien está obligado a aplicarla (art. 7, LGRA). 

Pero si sí lo sabía, entonces la explicación adquiere otro significado. Ya no es ignorancia. Es normalización del privilegio. Es la idea de que el poder permite excepciones siempre que se formulen en términos emocionalmente aceptables. Es la convicción de que basta narrar el hecho como una preocupación legítima para diluir su contenido jurídico. 

Y ahí aparece el elemento más frágil —y más revelador— del relato: los seis meses. El propio Ebrard ha señalado que su hijo permaneció ese tiempo en la residencia oficial porque las clases eran por Zoom. Seis meses. Medio año. Ciento ochenta días para advertir algo que, en cualquier programa académico serio, se conoce desde el inicio. 

La afirmación no resiste un análisis mínimo. ¿Qué universidad omite la modalidad de un posgrado? ¿Qué programa académico relevante no informa desde el primer momento si es presencial o virtual? ¿Qué estudiante cruza el océano, organiza su estancia y se instala en otro país sin revisar el plan de estudios? ¿Qué familia toma decisiones de ese nivel sin verificar lo esencial? 

Las alternativas son limitadas y ninguna resulta favorable. O se sabía desde el inicio —y la estancia fue un uso cómodo de un bien público—, o no se verificó absolutamente nada —y el nivel de ligereza es incompatible con la responsabilidad que se pretende ejercer—. En ambos escenarios, la conclusión converge: el límite no importó. Y cuando el límite no importa para quien ejerce poder, deja de importar para el sistema en su conjunto. 

Tercero. La defensa es, en realidad, la pieza más reveladora del caso. “La preocupación de un papá”. Como si el afecto tuviera efectos jurídicos. Como si la emoción suspendiera la norma. Como si el cariño pudiera operar como categoría legal. No lo hace. El derecho público existe precisamente para impedir que el poder se ejerza con criterios personales. Porque ahí comienza la degradación institucional. 

Los abusos rara vez se presentan como abusos. Se presentan como excepciones razonables. Como gestos humanos. Como favores comprensibles. Y así, sin estridencia, lo extraordinario se vuelve cotidiano. 

La corrupción contemporánea ya no necesita ocultarse. Se explica. Se justifica. Se normaliza. Es discreta. Es funcional. Es elegante. Es el favor que no se documenta. El uso que no se reporta. El beneficio que no se registra. Y, sobre todo, la ausencia de consecuencias. Porque donde no hay consecuencias, hay incentivo. Y donde hay incentivo, hay repetición. 

¿Quién paga el costo? El funcionario que sí cumple. El ciudadano que financia. El sistema que se erosiona. Porque el mensaje es claro: la ley es rígida hacia abajo y flexible hacia arriba. Es estricta para el ciudadano y comprensiva para el poder. 

La conclusión no admite ambigüedades. Si Ebrard no entiende qué es corrupción, no puede gobernar. Y si además pretende que el país acepte explicaciones que no resisten el sentido común —como descubrir en seis meses lo que se sabe desde el inicio—, entonces el problema no es sólo jurídico. Es de credibilidad. Es de inteligencia política. Es, en el fondo, de respeto por la inteligencia de la sociedad. 

La ignorancia en el poder nunca ha sido virtud. En un hecho inédito en la historia contemporánea, Ebrard la enarbola como oferta de gobierno. La exhibe como medalla al pecho. Y cuando las instituciones la toleran, deja de ser un problema individual. Se vuelve sistema en agravio de todos. 

@evillanuevamx 

ernestovillanueva@hushmail.com