PACHUCA, Hgo. (apro).- Por una segunda imputación de peculado agravado, ahora de 11 millones 998 mil 560 pesos destinados a la compra de un sistema informático para el monitoreo de obras que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Hidalgo presume nunca existió, el oficial mayor durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, Martiniano Vega Orozco, fue vinculado nuevamente a proceso.

Este cargo se suma a los 18 millones 248 mil 606 pesos por otra supuesta adquisición fantasma: 34 mil 358 litros de crema quirúrgica antiséptica para combatir el Covid-19. En los dos procedimientos, la AIC afirma que se trasfirió el recurso, se emitió una factura por el concepto del contrato, pero el producto nunca llegó a bodegas o, en el caso del software, a ser entregado y utilizado. Vega Orozco permanece recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca desde su detención, el 21 de julio.

En estas transacciones están involucradas dos empresas: Remaco Servicios Empresariales, una constructora a la que la administración anterior otorgó el pedido para el producto anti SARS-CoV-2, aunque no tenía experiencia ni capacidad para dotar insumos sanitarios ni médicos, y Aktaion Digital, que además del software motivo de uno de los procesos contra Martiniano, está ligada a otra posible malversación por 144 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), al facturar un servicio para recuperar boletas del Colegio de Bachilleres de la entidad que supuestamente habían sido hackeadas. No obstante, el rastreo de la AIC lleva a que el “ataque cibernético” en el que se ampara la adquisición nunca ocurrió, sino que se “construyó” una idea de urgencia para avalar la salida del recurso, cuyo rastreo continúa.

Por esta última operación también hay una ficha roja requerida a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para el extitular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, y enfrenta cargos, en prisión preventiva, uno de sus subalternos, exsecretario de Administración y Finanzas de esta dependencia, Pablo Moreno Calva.

En ambos casos contra Martiniano, con base en las indagatorias, la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) sostiene que el dinero fue enviado a las compañías, pero que no se realizaron los conceptos por los cuales se firmaron los contratos, sin que Vega Orozco, como responsable de los recursos materiales por la obligación de su cargo, “diera el correspondiente seguimiento” para una ejecución “pertinente, eficaz y eficiente”, lo cual contribuyó a que las transacciones por aparentes servicios simulados se efectuaran.

El software motivo de la segunda imputación fue denominado SIIVOA, ordenado el 16 de marzo de 2021 por la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones de la Secretaría de Contraloría, cuyo entonces titular era César Román Mora Velázquez, actualmente también con ficha roja por parte de Interpol, igualmente con orden de aprehensión y quien ha buscado que el mandato judicial no se cumplemente con requerimientos de amparo.

El juez que dictó la segunda vinculación a proceso estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que el exoficial mayor continuará recluido, con la medida de prisión preventiva justificada, en la cárcel de Pachuca.