PACHUCA, Hgo., (apro).- El empresario Javier Arturo Aguilera Peña, dueño de Producciones Autica, una de las empresas que recibió millonarios contratos de la campaña electoral y del gobierno estatal de Omar Fayad Meneses, busca un amparo ante una posible orden de aprehensión.

Aguilera Peña ha sido referido en procedimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) por gastos proselitistas que debían ser comprobados.

Su empresa, Producciones Autica, obtuvo en los primeros 18 meses del mandato de Fayad contratos por al menos 137 millones 578 mil 910 pesos, presuntamente mediante procedimientos de competencia simulados y adjudicaciones directas, hasta que el gobierno estatal clasificó como confidenciales los pedidos, por la relación comercial con esa empresa.

De acuerdo con la versión pública del expediente 964/2023 radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Hidalgo, Aguilera Peña requirió el miércoles 14 el resguardo de la justicia federal ante posibles actos privativos de la libertad.

El empresario señaló como autoridades que presumiblemente podrían ordenar o cumplir la aprehensión al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, Hidalgo.

Igualmente, al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), al fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR y al jefe de la Policía Federal Ministerial también de la FGR.

Asimismo, incluyó al juez penal de control del Primer Circuito Judicial del Estado de Hidalgo, al procurador general de Justicia de Hidalgo, al titular de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal y al comandante de la Coordinación de Investigación de la Agencia de Seguridad e Investigación de esta entidad.

Aguilera Peña, a través de Autica y otras empresas con las que compartía socios o apoderados legales, como Creaciones, Espectáculos y Producciones de México, SA de CV, concentraron contratos gubernamentales para producir eventos, arrendar inmuebles e, incluso, ser proveedores de insumos y servicios relacionados con la atención a la emergencia sanitaria por el Covid-19, aunque su giro comercial no era compatible.

Los contratos

La vinculación del contratista data de la campaña de Omar Fayad a la gubernatura del estado de Hidalgo.

En el anexo de propaganda denunciada por su posible uso para coaccionar el voto en el proceso electoral 2016, el INE citó que, para probar que no incurrió en delitos, el PRI presentó un contrato de Producciones Autica para fabricar y vender artículos utilitarios de promoción de imagen para campaña (factura número A519), con el cual justificó la adquisición de 390/400 bolsas a 9 mil 460 pesos, y de 753 playeras a 11 mil 581 pesos.

Autica también elaboró la factura serie y folio A-588 por la contratación de la cantante colombiana Margarita “La diosa de la cumbia”, renta de escenario, equipo de iluminación y sonido para celebrar el triunfo de Fayad el 5 de junio de 2016, por 720 mil pesos. Sin embargo, ese comprobante fiscal fue expedido el 25 de agosto, 80 días después de que proporcionó el servicio.

De igual forma, la factura A-552 (por 953 mil 566 pesos) por el acto en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca en el que Fayad rindió protesta como candidato, fue elaborada por Autica, aunque inicialmente el PRI aseguró que no tenía registro de gastos por ese evento.

El primer contrato otorgado ya con Fayad como mandatario fue por 13 millones 950 mil pesos para la presentación musical de Los Recoditos y J. Balvin, en la ceremonia por el Grito de Independencia, en 2016, el cual se otorgó sin procedimiento de licitación.

A ese contrato le siguieron asignación para programas de Navidad, Día del Niño y Día de las Madres, entre otros. Algunos fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por ser parte de adjudicaciones directas que rebasan el monto permitido y por no justificar la exención de las licitaciones públicas.

También fueron observados porque, cuando se abría un concurso, empresas del mismo grupo de interés se inscribían y convenían entre ellas para simular que competían.

Requerimientos

Con base en la actualización de los acuerdos, el comisario jefe de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo rindió el lunes 26 los informes previos y justificados requeridos por la autoridad judicial.

Del resto de las autoridades responsables no aparece en autos que hayan presentado notificaciones sobre una posible orden o procedimiento contra Aguilera Peña. No obstante, al cierre de esta información aún se encontraban dentro del plazo previsto para realizarlo.

El requerimiento establece que “deberán acompañar a dicho informe copia auténtica completa, legible y cronológicamente ordenada de la causa penal de origen”.

El expediente refiere que “el análisis integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que, en esencia, la parte quejosa reclama la orden que implique una molestia a su libertad personal, que puede ser perturbada por autoridades de la naturaleza de las señaladas como responsables por el siguiente acto: orden de búsqueda y aprehensión, así como su ejecución”.

El juzgado concedió la suspensión provisional si la orden de aprehensión reclamada se dicta con motivo de delitos de prisión preventiva oficiosa a la que se refiere el artículo 19 constitucional.

Asimismo, advirtió que “la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que se refiere a su libertad en el lugar que determine la autoridad responsable ordenadora, quedando a disposición de dicha autoridad para los efectos de la continuación del procedimiento”. 

El 23 de junio el empresario solicitó una prórroga para exhibir la garantía que le fue fijada con la finalidad de que siga surtiendo efectos la suspensión provisional. Ese importe es de cuatro mil 500 pesos.

Javier Arturo Aguilera Peña, según la relatoría de contratos que reconocía el gobierno antes de la reserva de datos, inició con la renta de pantallas y equipos de sonido por 5 mil 750 pesos en abril de 2008, aún en el gobierno de Miguel Osorio Chong.

No obstante, en el periodo de Omar Fayad fue el contratista de eventos y espectáculos, además de que después, pese a la discrepancia de su giro comercial, fue asociado con la proveeduría de insumos para atender la emergencia del Covid-19.