SALVATIERRA, Gto. (apro).– Las dos personas acusadas del asesinato del buscador Javier Barajas Piña fueron absueltas por un juez local, después de dos meses de juicio oral en los que se desahogaron los alegatos y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no logró presentar acusaciones sólidas.

María del Tránsito Piña y Javier Barajas esperaron durante más de dos años que se hiciera justicia por el homicidio de su hijo, asesinado en mayo de 2022, después de que el último año de su vida lo dedicó a buscar a su hermana Guadalupe, desaparecida en febrero de 2021 en el municipio de Salvatierra.

Los restos de la maestra Lupita, como era conocida la hermana de Javier, fueron identificados en la mega fosa del Barrio de San Juan en Salvatierra, el sitio de inhumación clandestino más grande localizado a la fecha en Guanajuato.

El activismo de Javier no terminó cuando encontraron los restos de Guadalupe: siguió acompañando a familiares de personas desaparecidas e incluso se unió a la Comisión Estatal de Búsqueda, pero el 29 de mayo de 2022 fue asesinado en el centro de Salvatierra.

Tras el asesinato de sus dos hijos, María del Tránsito y Javier se vieron obligados a salir del estado por su seguridad, dando seguimiento al proceso penal de los dos detenidos señalados por la Fiscalía como los autores materiales del homicidio de Javier.

El llamado que hicieron los padres de Javier y Guadalupe al juez para que se diera una sentencia ejemplar no permeó en la decisión final. Ambos quedaron absueltos, pero se quedarán en prisión porque enfrentan otros cargos.

“El fallo es un terrible mensaje de impunidad que pone en riesgo a la familia de Javier y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato", reprocharon a través de un comunicado de prensa las asociaciones Plataforma por la Paz y la Justicia, SERAPAZ, Centro Prodh y Front Line Defenders, organizaciones de la sociedad civil que han dado acompañamiento a María del Tránsito y Javier.

En el pronunciamiento expusieron que la resolución evidencia las deficiencias de la Fiscalía de Guanajuato y un Poder Judicial lejano a las víctimas e indolente.

“La familia Barajas apelará este fallo y responsabiliza a las autoridades de Guanajuato de cualquier atentado en su contra, y en contra de las personas buscadoras en el estado. Por ello, seguirá apelando al acompañamiento de instancias internacionales como la Oficina en México de la ONU para los Derechos Humanos”, agrega el comunicado de prensa.