TLACOTEPEC, Gro. (apro).- La comunidad El Caracol, en la sierra de Guerrero, está siendo de nuevo bombardeada desde drones, denunciaron vecinos.

Los primeros ataques a esta comunidad del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) se registraron en mayo, lo que provocó el desplazamiento forzado de unas 600 personas, entre ellas 80 niños.

Pobladores aseguraron que los ataques iniciaron el sábado y que continuaron durante todo el lunes.

Compañero, compañero: hoy este día, todo el día nos dronearon con un dron puras bombas aquí cerca del techado otra vez. Están complicadas las cosas. Foco rojo El Caracol”, dice un vecino en un mensaje de voz enviado a la prensa.

También compartieron videos de los daños provocados por los explosivos al interior de las viviendas y de una explosión en el monte cerca de la población.

Aseguraron que ya han llamado al 911 y al gobierno estatal y federal pero que han sido ignorados. El pasado 26 de mayo se instaló una mesa de trabajo con autoridades y representantes de corporaciones para tomar acciones de seguridad y para pacificar la zona.

El Nuevo Poblado El Caracol, se encuentra en medio de una disputa entre los grupos criminales Los Tlacos y La Familia Michoacana.

La población no tiene servicios de salud ni escolares porque el personal se niega a ir a trabajar por temor a la violencia de la zona.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” pidió a las autoridades tomar medidas urgentes para detener las agresiones en contra de los habitantes que les han informado que desde el 10 de agosto han estado expuestos a tiroteos y a bombas arrojadas mediante drones.

Y recuerda que desde el 3 de mayo pasado casi la mitad de la población se desplazó de manera forzada a Tlacotepec para intentar resguardarse de las agresiones, sin embargo, ante la ausencia de acciones necesarias para la pacificación de la zona, los pobladores decidieron retornar sin que hubiera las condiciones necesarias de seguridad.

El Centro Minerva pidió a los tres niveles de gobierno garantizar la vida e integridad física de la población, investigar y deslindar responsabilidades así como el cese inmediato de los ataques armados contra la comunidad.