CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).– La actual crisis en la capital guerrerense detonada por el abierto enfrentamiento entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos delictivos antes aliados, es un reflejo de la “estatalidad frágil, al margen de la legalidad” que se vive en la entidad, afirma el investigador Gabino Solano Ramírez.

Responsable del proyecto de estudios de las violencias en la entidad por la Universidad Autónoma de Guerrero, Solano Ramírez da a Proceso su explicación sobre el incremento de las violencias y las recientes movilizaciones y bloqueos en los que se han involucrado cientos de pobladores, particularmente los ocurridos entre el sábado 8 y el lunes 10 de julio.

A las tres de la tarde del lunes, las cortinas de los negocios bajaron, el transporte público y las labores en escuelas y oficinas se suspendieron, frente a la enardecida multitud que arropó a Los Ardillos y desafió a las corporaciones desplegadas, horas después del cruento ataque a taxistas y los incendios de vehículos.  

“La frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve porosa, difusa, y sólo se visibiliza cuando el factor no formal, el sector social armado, muestra su capacidad de violencia. Eso es lo que sucedió en Chilpancingo”, dice el académico.

El Estado ha funcionado, abunda, sobre canales informales. Y pone como ejemplo los cacicazgos, los "hombres fuertes" que durante mucho tiempo dominaron la política, la economía y el clamor social del estado, desde Rubén Figueroa Figueroa hasta Ángel Aguirre Rivero. 

“El Estado, en su relación con la sociedad, funciona a partir de mecanismos informales. Y se hace más visible en un contexto en donde se han incrementado las violencias. Las estructuras de gobernabilidad y de justicia empiezan a ser cooptadas por las del poder fáctico.

“Es el contexto de donde surge esta creciente presencia de grupos armados que están controlando los mercados ilegales en el estado; el más visible, el de la extorsión, las drogas y el criminal”.  

En el caso de Chilpancingo, explica, actuó el Estado por medio de su policía con la captura de dos personajes ligados al crimen, pero el otro actor, el informal, mostró su poder de movilización y de control que tiene en la región.

Los Ardillos, indica el investigador, “es un grupo poderoso si nos atenemos a la capacidad de movilización de miles de personas. “Ese es el poder del chantaje. Algo se rompió en las negociaciones”, apunta.

Mapa de violencia

Un mapa delictivo del gobierno estatal indica que en el estado operan 16 grupos y células del crimen organizado dedicados a la extorsión, cobro de piso, explotación de recursos naturales, trasiego y distribución de drogas.

Los Ardillos tienen presencia en un corredor de municipios de la zona Centro y Montaña, así como parte de la Costa Chica.

En el centro desde Chilpancingo, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapan y en la Montaña en Atlixtac, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo, Acatepec y Zapotitlán Tablas. Y en Ayutla y Teconapa de la Costa Chica.

En tanto, los Tlacos están presentes en las regiones Centro, Norte y Montaña. En el Centro en Chilpancingo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. En esta franja de la sierra también hay presencia de Los Jaleacos.

Asimismo operan en el norte en Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Cuetzala del Progreso, Apaxtla y Teloloapan.

El mapa advierte la presencia de esta organización en municipios de la Montaña.

De acuerdo con el informe, los tres grupos que han mostrado expansión territorial en los últimos años son Los Ardillos, Los Tlacos y La Familia Michoacana.

Mientras se vislumbra el proceso electoral de 2024, la violencia criminal ya cobró su primera víctima en el municipio de Copala en la Costa Chica de Guerrero: el 28 de junio el líder del Partido Verde, Jesús González Ríos, fue raptado y sus restos encontrados al siguiente día con huellas de tortura. Fue amenazado para que se retirara de la política.

“Las elecciones viven el mismo proceso de asedio por parte de los grupos delictivos, cada vez más quienes aspiren al poder político deben tener el visto bueno de alguno de los grupos que controlan esa región”, reflexiona el investigador Gabino Solano.

En sus ambiciones por llegar, agrega, quienes aspiran al poder político, generalmente hacen acuerdos económicos, transan o negocian con grupos criminales y eso los compromete por todo su periodo. Y no es posible zafarse de esos compromisos. La salida, dice, es que se pueda separar la política de la ilegalidad.

“La salida es que tengamos políticos honestos, no contaminados con acuerdos con esos grupos. Eso permitirá tener una estructura gubernamental fuerte”, concluye Solano Ramírez.