CUERNAVACA, Mor (Proceso).– La crisis de los tres poderes en el estado no tiene precedente y se ha convertido en un problema de gobernabilidad al que el gobierno federal debería poner atención, ya que, si trasciende, “podría convertirse en un problema de seguridad nacional por el papel que están jugando los grupos del crimen organizado”, advierte Gustavo Arce Landa, profesor e investigador del Colegio de Morelos.

La convulsión política que estalló con la detención del fiscal Uriel Carmona, y el intento por deponer al presidente del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea, el pasado lunes, revela un problema con consecuencias negativas para la población, como la falta de servicios públicos eficientes, la incapacidad para brindar seguridad a las personas y sus bienes, la imposibilidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, así como la percepción de incertidumbre e indefensión, dice el experto en entrevista con Proceso.

Explica que lo ocurrido en los últimos días en Morelos demuestra que hay crisis de ingobernabilidad del que es posible salir, pero sólo con la intervención federal. Es claro, dice, que el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con la mayoría del Legislativo causa una parálisis del estado, además de que la fractura en el Poder Judicial pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones.

La parálisis institucional, afirma, se deriva de “la incapacidad del Ejecutivo de operar políticamente”, de generar consensos y diálogos con los otros poderes y con las demás fuerzas políticas en la entidad.

El investigador y maestro en Seguridad Nacional advierte que es importante que, antes de iniciar el proceso electoral, la crisis política pueda tener una salida que dé racionalidad a la vida política de la entidad, y para ello es fundamental la participación del gobierno federal, insiste. De otra manera, lo único seguro es que la violencia se incrementará.

Pero el 27 de julio pasado el presidente López Obrador respaldó al gobernador Cuauhtémoc Blanco. “Se está trabajando, Cuauhtémoc lo está haciendo bien y lo estamos ayudando”, aseguró.

También lo hizo el partido oficialista. Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador, fue designado presidente de Morena en Morelos. Con apenas un voto de diferencia (25 a 24), la elección mostró la división que generan el gobernador y su entorno.

Durante la semana que el presidente López Obrador le expresó a Blanco su apoyo, Morelos padeció cerca de 50 asesinatos; al menos 12 de las víctimas fueron mujeres.

Para la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, integrante del grupo opositor al gobernador en el Legislativo, más que una crisis, en la entidad hay “una fuerte descomposición social” que se ha traducido en un clima de encono entre los grupos de poder y los representantes de las instituciones.

En entrevista telefónica, la presidenta de la Comisión de Asuntos de Género del Legislativo lamenta que los índices de violencia contra las mujeres se hayan elevado de manera alarmante.

Dijo que estas cifras son parte de la descomposición social, que tiene responsables. Sin señalarlos directamente, dice que algunas instituciones parecen no estar haciendo su trabajo.

La diputada recuerda que, desafortunadamente, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se convirtió en aquello que juró destruir, y para ello compara cómo en el gobierno de Graco Ramírez, su hijastro Rodrigo Gayosso se convirtió en el operador político y ahora con Cuauhtémoc Blanco es su medio hermano Ulises Bravo quien hace lo propio.

Conductas cuestionables

Gustavo Arce Landa advierte que la situación en el estado raya en la falta de legitimidad de los titulares de los poderes, que se ha ido acrecentando. Refirió que lo que está ocurriendo en el Poder Judicial deriva del comportamiento del presidente Jorge Gamboa Olea en su vida privada, lo que ha puesto en duda su probidad, necesaria para ser titular de un poder. Además fue acusado de presionar a magistrados en casos judiciales.

También ha sido cuestionado el comportamiento del titular del Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco, quien fue exhibido en imágenes a principios del año pasado con líderes del narcotráfico y el crimen organizado.

“Estas imágenes corresponden a indicios a los cuales, otras instituciones no han dado el seguimiento necesario para conseguir fincar responsabilidades”, dijo Arce Landa en alusión a la propia fiscalía de Morelos y a la General de la República.

Todo esto ha sido catalizado por la detención del fiscal Uriel Carmona, ocurrida el pasado viernes en su domicilio en Cuernavaca, y su posterior vinculación a proceso por delitos relacionados con el retardamiento de la justicia para una víctima de feminicidio, el de la joven Ariadna Fernanda, cuyo crimen ocurrió en octubre del año pasado.

Aunque cree que pudo haber elementos para aprehender al fiscal, “es posible que la manera en la que fue detenido Uriel Carmona, la forma, el operativo y el delito hayan lastimado el Estado de derecho, lo cual es grave, pero se tendría que hacer un análisis más completo”, además de revisar el engrose de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de si el funcionario tiene fuero o no, sostiene el doctor en Ciencias Políticas.

Crisis política… y violencia                               

La diputada Tania Valentina Rodríguez, quien también es la líder del Partido del Trabajo en Morelos, sostiene que la detención del fiscal representa la agresión de una entidad, la Ciudad de México, contra otra, Morelos. “No es la persona del fiscal, aunque a mí me parece que ha sido un compañero que ha hecho su trabajo; más allá de Uriel, el problema es que no puede haber invasión de un estado a otro porque ahora se lo hicieron a él, pero mañana podrían hacerlo a las personas críticas. Podría pasarnos a cualquiera”, advierte.

Pero más allá de esto, Morelos vive una crisis sin precedentes, pues la parálisis, caos e ingobernabilidad que se vive, ni siquiera se comparan con lo ocurrido en 1997, cuando el entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea, se vio obligado a dejar el cargo. “En aquel momento, el Congreso, aún con un número significativo de diputados del PRD, sirvió como garante para la transición”, recuerda la legisladora petista.

El lunes 7 de agosto las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y las de El Txoro Matutino, un medio radiofónico crítico al gobierno, fueron atacados a balazos. Apenas el 27 de julio pasado la periodista de ese medio, Viridiana Arias, estuvo en la mañanera y planteó al presidente López Obrador cifras críticas en materia de seguridad del mandato de Blanco.

La inédita situación obligó a que los organismos de derechos humanos del país se pronunciaran al respecto e incluso dio pie a la condena de la oficina de Naciones Unidas en la materia.

Mientras tanto, el gobierno del estado simplemente guardó silencio al respecto a lo largo de todo ese día. No hubo una posición clara de condena, ni la promesa de encontrar a los responsables. Fue hasta este martes que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo algo a pregunta expresa de la prensa: “Es muy grave (el ataque), debe investigarse, pero no le echen la culpa de todo al gobierno del estado”, demandó.

Antes del viernes pasado, el mandatario estatal se deslindaba del problema de seguridad diciendo que “el fiscal debería ponerse a trabajar para atrapar a los delincuentes”.

Fases críticas

En 1997 la crisis de la destitución de Carrillo Olea trajo como consecuencia un remanso con el gobierno de Jorge Morales Barud, quien prácticamente concluyó ese sexenio. El estado vivió una especie de Primavera Democrática, con la apertura de las instituciones a la participación de la ciudadanía. Esto fue el caldo de cultivo para la alternancia política.

Sin embargo, durante el sexenio del primer gobernador panista en Morelos, Sergio Estrada (2000-2006), la incapacidad del mandatario de establecer un diálogo político puso al estado al borde de una crisis, misma que se resolvió desde el Congreso local.

En el siguiente sexenio el panista Marco Adame dio racionalidad al gobierno, pero en 2009 estalló en Morelos la peor ola de inseguridad que se había vivido hasta ese entonces.

La muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de ese año desató la guerra entre células de ese cártel por controlar el territorio. Se desataron homicidios y de desapariciones.

En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó el poeta y escritor Javier Sicilia, como respuesta al asesinato de su hijo Juan Francisco y de las miles de víctimas que ya existían por ese entonces, dio curso institucional a esa crisis, con la creación de la primera Ley de Víctimas y las instituciones respectivas.

Luego vino de nuevo la alternancia. En 2012 el perredista Graco Ramírez encarnó la esperanza ciudadana. No obstante, el tabasqueño encabezó una administración con denuncias de corrupción y prácticas de subordinación de los otros dos poderes, por lo que el perredista enfrentó una férrea oposición desde la sociedad civil.

Esto trajo como consecuencia la victoria de Cuauhtémoc Blanco Bravo en 2018. El exfutbolista fincó su victoria no sólo en la ola ganadora de Andrés Manuel López Obrador, sino en la promesa de que metería a Graco Ramírez a la cárcel.

Aunque el gobierno de Cuauhtémoc Blanco sí presentó 60 denuncias que se convirtieron en igual número de carpetas de investigación contra Graco Ramírez y quienes colaboraron en su gobierno, la Fiscalía de Morelos, en manos de Uriel Carmona, primer fiscal “autónomo” del estado, aletargó las investigaciones. De las 60 denuncias sólo dos se encuentran bajo proceso.

El fiscal se convirtió en el enemigo número uno del gobernador. A él se sumó un Congreso local controlado por exalcaldes que ahora como diputados cobran el desprecio que les profirió el gobernador durante los primeros años de su gestión. Y esto ha traído como consecuencia que, sin importar el signo político, desde el Congreso se haya ahondado la parálisis que vive la entidad.

Incluso, la actual Legislatura le quitó la posibilidad de hacer transferencias entre rubros del presupuesto a discreción. Prácticamente le amarró las manos. La respuesta del gobernador ha sido cerrar oficinas públicas.

Como ejemplo, en los últimos nueve meses las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte no han sido capaces de entregar tarjetas de circulación a los miles de automovilistas que las han ido a solicitar o a refrendar.

Se reciben los pagos correspondientes y luego entregan una hoja tamaño carta con los datos de identificación del vehículo y el propietario. ¿Por qué? “Porque el Congreso no ha dado recursos”, es la respuesta.

La detención del fiscal Uriel Carmona ha caído bien en parte de la población, pues se le considera actor fundamental en el retardamiento de la justicia para decenas de víctimas. Para poner dos casos, el de los ambientalistas defensores del territorio Samir Flores y Rodrigo Morales, asesinados en 2019 y 2021, respectivamente. Sin embargo, también existe molestia manifiesta en las redes porque lo ocurrido el viernes también fortalece al gobernador.

En la Fiscalía de Morelos existen 10 carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco por sus posibles vínculos con el crimen organizado, así como por abuso sexual y violación, mismas que no han sido judicializadas.

Además, desde el 13 de junio pasado el Congreso local, dominado por la oposición al gobernador, tiene una demanda de juicio político contra el exfutbolista.

El Congreso aprobó también la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se retiren con un jugoso haber sin importar los años que tengan en el cargo. Esto abre la puerta para hacer una total renovación del Poder Judicial, cuyos integrantes serán elegidos por la mayoría opositora a Blanco Bravo.

Así, la reforma del Congreso local respecto del Poder Judicial y la cercanía de su actual presidente al gobernador, han terminado por fracturar a ese poder, haciendo aún más aguda la crisis de ingobernabilidad.

La sesión del lunes pasado en el Tribunal ha creado parálisis al interior, pues no se concluyó la conformación de las salas del Poder Judicial, con lo cual no puede cumplir sus funciones. Y no hay plazo para reanudar la sesión, pues esto reactivará también la discusión de la permanencia o no del actual magistrado presidente.