CIUDAD DE MÈXICO (apro).- La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la suspensión provisional concedida a la senadora Xóchitl Gálvez para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de hablar de ella y de difundir su información financiera.

A través de un recurso de queja, la Consejería Jurídica de la Presidencia busca que un Tribunal Colegiado en materia Administrativa deje sin efectos la orden del Juez Octavo de Distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, informada por Proceso el 7 de agosto.

El recurso fue presentado ante el juez Octavo quien ya ordenó remitirlo al Colegiado una vez que Gálvez y el ministerio público federal estén notificados de su tramitación.

En el acuerdo en el que recibió el recurso de queja el juez dejó constancia de que fue presentado vía electrónica pero que no se puede leer el contenido íntegro del documento en el que el presidente hace valer sus agravios (argumentos para afirmar que la suspensión le ocasiona perjuicio).

“Sin prejuzgar sobre el contenido del oficio de agravios, se hace constar que el mismo es remitido en el estado en el que fue presentado vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del que se desprende lo siguiente:... Sin que pueda advertirse el contenido íntegro del oficio de cuenta; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y de manera electrónica a la quejosa, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita”, señala el acuerdo.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa del día, el presidente López Obrador anunció que envió una carta al juez Octavo de Distrito en la que lo acusó de proteger delincuentes.

“Usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo”, indicó en el texto que el mandatario federal leyó ante medios de comunicación.

“Me acusa entre comillas de propiciar un discurso de odio todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de mil 400 millones de pesos, de los cuales, el 70% se celebrron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018”.

López Obrador recordó que Santos Pérez concedió a Guzmán Loera una suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos; ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, implicado en el caso del cártel inmobiliario; determinó modificar el Plan Nacional de vacunación contra covid-19 durante la pandemia y autorizó la venta de cigarros, vapeadores y consumo de tabaco en restaurantes de la Ciudad de México.

Informó que la carta también será enviada al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue la actuación del juzgador.