CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló las diligencias hechas recientemente sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte en colaboración con su homóloga de Veracruz, para seguir la línea de investigación sobre las amenazas que denunciaron la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa contra funcionarios de esa entidad y que los llevaron a buscar refugio en la capital.

En un videomensaje difundido 12 horas después de la conferencia que dieron los familiares afuera de la sede de la Fiscalía, el vocero de la institución, Ulises Lara, negó que ésta encubra al algún servidor público que labore ahí y que esté señalado por tener alguna relación con el crimen cometido contra cinco personas la tarde del 31 de julio del 2015 en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la mencionada colonia de la alcaldía Benito Juárez.

Además, lamentó que las familias de las víctimas suspendieran el diálogo con la Fiscalía, como lo anunciaron en la conferencia, y reiteró la disposición de ésta para seguir la comunicación y colaboración con ellas.

En el videomensaje, en el que no se permitieron preguntas de la prensa, el vocero Ulises Lara recordó otras acciones que ha hecho sobre el caso la Fiscalía dirigida por Ernestina Godoy desde hace cinco años, cuando ésta asumió, primero la Procuraduría y luego, la dependencia capitalina.

Además, enfatizó su “más amplio respeto a las familias de las víctimas” y refrendó el “compromiso para obtener verdad y justicia por tan lamentables hechos”.

Las diligencias en Veracruz

En lo que llamó “un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía”, el vocero Ulises Lara informó que la FGJCDMX usó la herramienta conocida como Análisis de Contexto para documentar los intentos de desaparición forzada, intimidación, vigilancia y persecución que sufrieron Nadia y Rubén en Veracruz. 

Reconoció que esos eventos se situaron “dentro del contexto de violencia política generalizada que se ejercía contra personas periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas sociales que eran críticas del gobierno de aquella entidad desde el año 2012” y que orilló a Nadia y Rubén a migrar a la CDMX, cada uno por separado y en distintos momentos.

Dicho informe, según Lara López, llevó a la FGJCDMX a ampliar el alcance de la investigación de la “Línea Veracruz” y solicitó la colaboración de su homóloga veracruzana para acceder a las investigaciones realizadas por esa institución contra mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local.

Con ello, personal ministerial fue a aquella entidad para analizar “miles de páginas que registran las actuaciones de la Fiscalía de Veracruz en dos investigaciones. Una por desaparición forzada con 40 tomos más varias cajas de expedientes laborales, y otra por enriquecimiento Ilícito con 22 tomos”.

El funcionario destacó que representantes de las víctimas acompañaron al personal a Veracruz a revisar esos expedientes. Con esas diligencias se obtuvo información “de cerca de 280 personas, relacionadas con un grupo de Policía de Veracruz, así como de “altos funcionarios cercanos al exgobernador” Javier Duarte. 

Agregó que la Policía de Investigación buscó “exhaustivamente” tratar de identificar cualquier tipo de vínculo entre los sentenciados por el Caso Narvarte y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz. Además, se cruzaron aproximadamente 500 registros telefónicos y se buscaron coincidencias entre los contactos de los sentenciados y los nombres e indicativos de Policía de “todas las personas investigadas en Veracruz”. 

En especial, dijo, se buscó identificar a alguna persona que llevara el indicativo “Tormenta” o “Capitán Tormenta”, que “era de interés especial para los abogados de las víctimas”. Aunque no lo precisó, con ese apodo era conocido Arturo Bermúdez, entonces el titular de la SSC de Veracruz.

Además, siguió, se buscó “cualquier tipo de nexo de los sentenciados con las empresas de los altos funcionarios de Veracruz -en referencia a Bermúdez-, las cuales posiblemente se utilizaban para lavado de dinero y otras actividades ilícitas, especialmente las que tienen su domicilio en la Ciudad de México”. 

El vocero Ulises Lara afirmó que los resultados de esas diligencias “serán debidamente informados a familiares y representantes de las víctimas”. Y enfatizó que, con “todas estas actuaciones”, la FGJCDMX cumple el punto de la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local para aplicar los Protocolos para Investigar Agresiones y Muertes de Personas Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

“FGJ no encubre funcionarios” 

En la conferencia del lunes, los familiares de las víctimas denunciaron que el agente del Ministerio Público Auxiliar A, Luis Javier García Saldaña, es padre de Alejandro “N”, cuyo número telefónico fue ubicado en el departamento de la colonia Narvarte en el momento en que fue cometido el multihomicidio.

Agregaron que, en el 2015, cuando ocurrió el crimen, dicho funcionario era yerno de César Omar Martínez Zendejas, uno de los tres sentenciados como autores materiales del multihomicidio. Incluso, Abraham Torres, expolicía y también sentenciado, ha dicho que tenía relación con García, al grado de llamarlo “Don Javi”. Y acusaron que ni ese funcionario ni su hijo ha sido investigados por la FGJ local. 

Doce horas después, el vocero Ulises Lara, aclaró que García Saldaña es oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero dijo “enfáticamente que dicha persona no ha tenido ningún tipo de participación en la investigación del Caso Narvarte”.

Detalló que hace siete meses fue citado y que “se han buscado datos o indicios que pudieran establecer su participación o la de algún familiar en los hechos”. Añadió que policías de Investigación y elementos de la Guardia Nacional “han realizado diversos actos de investigación, se han obtenido intervenciones periciales en materia de explanometría facial e identificación humana, así como información de diversas fuentes”. Sin embargo, no habló de los resultados de dichas diligencias.

Lara López aclaró que, “en su momento, familiares y representantes de las víctimas, fueron informados sobre los resultados de dichas investigaciones y no externaron observaciones sobre el tema”.

Y enfatizó: “esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o que haya laborado en la institución”.

Otros avances

En el videomensaje de 13 minutos, el vocero Ulises Lara recordó otras acciones ya conocidas que la Fiscalía capitalina ha hecho a ocho años de los cuatro feminicidios y el homicidio de Nadia, Yesenia, Mile, Alejandra y Rubén:

• -Hay tres personas sentenciadas como autores materiales de las muertes: Abraham Torres, Daniel Pacheco y César Omar Martínez, quienes están en el Centro de Alta Seguridad de Santa Martha Acatitla.
• -La FGJ aceptó la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la CDHCM.
• -La Fiscalía “ha actuado conforme a protocolos y no ha sido negligente con la finalidad de encontrar justicia para las víctimas y de conducirse de forma absolutamente transparente”.
• -La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, “se ha reunido en diversas ocasiones con familiares y representantes de las víctimas, además de que ha instruido darle un seguimiento pormenorizado a la investigación, así como atender peticiones, observaciones y aportaciones que pudieran presentarse”.
• -Las familias y sus representantes acordaron con las autoridades un Plan de Investigación para el caso. 
• -La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas abrió una carpeta de investigación para indagar la posible existencia de vínculos entre el caso y la actividad de redes de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades. 
• -La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos abrió una carpeta de investigación por los diversos actos y omisiones señalados en la Recomendación 04/2017 y por hechos denunciados por las víctimas indirectas en diciembre de 2022.
• -Se les ha informado “de manera regular sobre los actos de investigación conforme se han realizado, a fin de garantizar que sus peticiones, observaciones y aportaciones sean escuchadas y tomadas en cuenta”.
• -Se ha reconocido como víctimas indirectas a los familiares de las personas a las que se les privó de la vida y se les ha dado medidas de compensación y rehabilitación señaladas por la Recomendación 04/17, tales como servicios psicológicos orientados a fortalecer los procesos de resiliencia subjetiva y familiar de los grupos familiares afectados.

Por último, Ulises Lara destacó que “en días anteriores” la Fiscalía buscó una reunión con las familias y sus representantes para el lunes 31 para “informar de manera detallada sobre dichos resultados, sin embargo, no fue posible por decisión de las familias”. El funcionario omitió decir que la cita era media hora antes de la conferencia que los familiares habían anunciado días antes.

No obstante, reiteró la disposición de la institución “para retomar el diálogo en cuanto las familias lo decidan”.

Y concluyó al decir que toda la información presentada “no debe entenderse de ninguna manera como dar por cerrado el caso”.