GINEBRA (apro).- La relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, observó con gran preocupación que  “el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar el 10 % de la población total del país, se vieron afectados por el 40 % de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil’’.

Asimismo, la experta sostuvo que prevalece la impunidad en delitos de desplazamiento forzoso, a lo que se suma “la percepción de corrupción en todos los niveles de gobierno”.

La relatora apuntó que “buena parte de los casos de desplazamiento interno fueron ocasionados por los altos niveles de violencia, principalmente causada por los grupos de la delincuencia organizada, grupos paramilitares e incluso por agentes del Estado’’.

Además, “personas desplazadas internas, representantes de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón del género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”.

Denunció que los pueblos indígenas “han sufrido históricamente desigualdades estructurales, exclusión y violencia sistemática. Persisten obstáculos que les impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos, como la pobreza extrema; violencia por parte de actores armados, incluidos los grupos del crimen organizado; falta de reconocimiento de los sistemas normativos y las instituciones propias; el progresivo acaparamiento y la apropiación de sus tierras, y el diseño e implementación de proyectos de inversión por parte del Estado y de empresas privadas’’.

Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su visita realizada a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, Jiménez- Damary afirmó que “el desplazamiento interno impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas, ya que se enfrentan a la violencia por razón del género, incluyendo la violencia sexual. Tomó nota de los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como del temor de los hombres a ejercer actividades económicas en una zona controlada por el crimen organizado, obligando a las mujeres a convertirse en las únicas proveedoras’’.

Observó con preocupación la presencia de niñas, niños y adolescentes en casi todos los episodios de desplazamiento y en su informe resaltó su impacto diferenciado “debido a su condición particular de dependencia y vulnerabilidad, incluyendo el reclutamiento forzado, la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de entornos protectores, el abandono de sus procesos académicos, la pérdida de documentos de identidad y la obstaculización de acceso a servicios de salud’’.

Especialmente, la experta destacó “la situación de las mujeres indígenas adultas mayores y con discapacidad, quienes se ven enfrentadas a obstáculos económicos y sociales derivados de su condición y requieren una atención especial’’.

El informe sostiene que las causas del desplazamiento interno en México “son diversas y multifactoriales; incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas. En su informe, examina el actual marco legal y político a niveles federal y estatal, así como las lagunas existentes que deben abordarse para prestar una atención adecuada a las personas desplazadas internas’’.

Asimismo, analiza el impacto del desplazamiento interno en las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, y las formas particulares en las que ha afectado a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y familiares de personas desaparecidas.