GINEBRA (apro).-  Francisca Méndez, embajadora de México ante la ONU en Ginebra, reconoció que el país “aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y dar atención al desplazamiento interno”.

En respuesta al informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos Cecilia Jiménez-Damary, presentado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Méndez apuntó:

“Estamos conscientes que debemos garantizar los derechos de las personas desplazadas, brindarles protección y ofrecerles soluciones duraderas”.

En este sentido, agregó, “México se compromete en el Consejo a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas, en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados’’.

Prometió que el gobierno de Palacio Nacional tiene “la voluntad de fortalecer nuestro marco normativo; robustecer nuestros mecanismos de protección y asistencia; mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales, a fin de orientar el diseño de programas de prevención y atención”.

Las recomendaciones al Estado mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron extendidas por la relatora desde su visita al país en 2022, y por relatores especiales en sexenios anteriores de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

La relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, presentó hoy su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su visita realizada a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022.

Al respecto, observó que “el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México afecta mayoritariamente a los Pueblos Indígenas, los cuales, pese a representar el 10 % de la población total del país, se vieron afectados por el 40 % de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil’’.

Asimismo, la experta sostiene que impera la impunidad en delitos de desplazamiento forzoso a lo que se suma “la percepción de corrupción en todos los niveles de gobierno”.

La relatora especial apuntó que “buena parte de los casos de desplazamiento interno fueron ocasionados por los altos niveles de violencia, principalmente causada por los grupos de la delincuencia organizada, grupos paramilitares e incluso por agentes del Estado’’.