CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensora de derechos de la infancia, Lydia Cacho, llamó a “encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños”, luego de que el 13 de julio se registrarse la detención de Adolfo Karam, exdirector de la Policía Judicial del estado de Puebla, implicado en su tortura y detención hace 18 años.

En un comunicado en sus redes sociales, la periodista y activista resaltó que ella fue torturada por funcionarios bajo las órdenes de Karam, el exgobernador Mario Marín, quien se encuentra encarcelado, por órdenes de Kamel Nacif , en diciembre de 2005, cuando fue sacada por la fuerza de su domicilio en Cancún, Quintana Roo, luego de denunciar una red de trata de niños y niñas en su libro “Los demonios del Edén”.

En el videomensaje, desde el exilio, Cacho puntualizó que los funcionarios que actuaron en su contra “creyeron que desde el exilio no seguiríamos adelante, y seguimos adelante contra todos, los funcionarios públicos no deberían proteger a la delincuencia organizada, deberían proteger a nuestros niños y niñas”.

Ante la detención por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrida el pasado 13 de julio, la organización Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia consideraron que el arresto “puede significar un paso importante hacia la rendición de cuentas y combate a la impunidad “.

Las organizaciones urgieron cumplir la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso, en 2018, que exige la reparación del daño integral a Lydia Cacho y que se reconoce que la activista fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano, “temas que continúan sin ser atendidos en su totalidad”.

En un comunicado conjunto, las organizaciones destacaron que la red de macro criminalidad denunciada por Cacho implica al menos a 19 servidores públicos involucrados en trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero.

Entre los implicados en el libro de la defensora, están “tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías, dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge”.

Tras lamentar que Nacif Borge fue exonerado hace dos años, Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia recordaron que en su resolución sobre el caso en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación “se quedó corta frente a una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”.

Hasta ahora, por las denuncias de Lydia Cacho, el líder de la red de explotación sexual infantil, Jean Succar Kuri está sentenciado a 112 años de prisión, agregaron.

Entre los logros de la denuncia de la defensora y periodista, Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia resaltaron la sentencia por tortura por siete años contra quien fuera comandante de la policía de Puebla, José Montaño, mientras que otros dos expolicías judiciales también fueron sentenciados por el mismo delito, resoluciones que están siendo revisadas por un Tribunal Colegiado de Circuito.

Tras recordar que están siendo procesados el exgobernador Mario Marín y otro policía, las organizaciones apuntaron que en unas horas más vence el plazo para determinar si Karam Beltrán es sujeto a proceso penal.

Las organizaciones que acompañan a Lydia Cacho exigieron “al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General  y a los gobiernos de Pueblo y Quintana Roo, actuar conforme a lo que corresponde: la reparación del daño integral conforme a los estándares internacionales, como garantía de no repetición y protección a periodistas”.

Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia puntualizaron que “es momento de poner fin a las omisiones y complicidades que siguen protegiendo a las redes de macro criminalidad relacionadas con la explotación sexual de niñas y niños en México”.

Las organizaciones reiteraron que “la justicia y la protección de los derechos humanos de la infancia deben ser prioritarias y por tanto no pueden ser postergadas”.