CIUDAD DE MÉXICO.– La Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México, presentada en julio de 2013, y la medida cautelar que prohíbe la siembra de maíces transgénicos generaron una avalancha de impugnaciones, tanto de la agroindustria como de las secretarías de gobierno, que a la fecha no han prosperado en sentencia.

René Sánchez Galindo, excoordinador de la demanda que evita la siembra de maíz transgénico, destaca que durante el proceso legal hubo “confesiones” y “errores” por parte de las instituciones que respaldaron la prohibición del maíz transgénico. 

Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) admitió que los transgénicos generan mayores rendimientos, pero son más costosos. El Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) afirmó que son beneficiosos, pero sus anexos demuestran que a partir de la Ley de Bioseguridad la investigación pública en transgénicos se privatizó. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expuso que los transgénicos son seguros, pero reconoció que no había realizado ninguna evaluación de campo.

Incluso la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se opuso a la medida cautelar argumentando que impactaría en las importaciones, pero sus gráficos no respaldaban esa afirmación. Estas impugnaciones por parte de las dependencias continuaron hasta 2016.

En entrevista con Proceso Sánchez Galindo explica que la demanda continúa su curso y se espera la sentencia de primera instancia, la cual considera que se dictará a más tardar en enero próximo. 

–¿Cómo se puede sobreponer la voluntad de los campesinos frente a la visión de la agroindustria?

–Las normas nacionales e internacionales son muy claras. Desde 2016 se les permitió sembrar de manera experimental, bajo la supervisión del tribunal, pero no lo hicieron; llevan nueve años sin solicitar siembra experimental. El dogmatismo empresarial quiere imponerse. Ellos dicen que los transgénicos son inocuos, pero en México comemos maíz como alimento básico.

En México el maíz ocupa un lugar especial como alimento básico gracias a su nixtamalización. Además el país destaca por ser centro de origen y diversidad genética de maíces nativos y su pariente silvestre, el teocintle. 

Estas características únicas, junto con la biodiversidad en general, la cultura culinaria y la interrelación con otros productos agrícolas conforman la problemática alrededor del maíz.

Una nueva norma

Sobre la influencia de las empresas transnacionales en la creación de leyes y regulaciones sobre transgénicos, Sánchez Galindo menciona las “puertas giratorias”, el cabildeo oficial y el uso de recursos que pueden influir en la toma de decisiones y financiar investigaciones en universidades. 

Sin embargo, asegura que no se han detectado legisladores involucrados en beneficio de las transnacionales.

Respecto de la controversia por la importación de maíz, Sánchez Galindo expresa que México y Estados Unidos deben conciliar sus intereses sin comprometer la biodiversidad y el alimento básico.

La semana pasada defensores del maíz hicieron un llamado a los tres poderes para garantizar los derechos de las poblaciones que tienen relación con el maíz y la milpa, así como consolidar la prohibición de siembra de maíces transgénicos y apuntalar la proscripción de su uso en la alimentación.

Mientras tanto, el gobierno federal presentó el anteproyecto de la NOM-187-SSA1/SE-2023, que busca prohibir el uso de maíz transgénico en la elaboración de tortillas y sus derivados. El objetivo es actualizar la normativa vigente desde 2002 y establecer clasificaciones, ingredientes y especificaciones para productos derivados del maíz. 

La propuesta ha generado controversia en la plataforma de la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria (Conamer). Esta medida se basa en el decreto presidencial de febrero pasado que prohíbe la importación de semillas de maíz transgénico y su siembra en México.