OAXACA, Oax. (apro).– A tres años de la ejecución arbitraria de Alexander Martínez Gómez, “Chander”, a manos de policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, “no alcanzamos a ver ni la verdad, ni la justicia ni la reparación del daño”, denunció la familia del futbolista mexicoamericano.

Los padres de “Chander”, Virginia Gómez y Teodoro Martínez, así como su hermano Alexis Martínez se quejaron de que lejos de encontrar justicia han sido amenazados, razón por la cual cuentan con medidas de protección para salvaguardar su vida.

Resaltaron que pese a que existe la Recomendación 01/2021 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en la cual se demostró que Alexander fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos y en donde se señaló como responsables de la ejecución arbitraria al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, no se ha hecho nada para cumplirla.

El 9 de junio de 2020, aproximadamente a las 22:30 horas, “Chander” y sus amigos fueron en motocicletas a una tienda que está a menos de un kilómetro de su domicilio, ubicado en Vicente Camalote de Acatlán de Pérez Figueroa. Iban a comprar refrescos y pizza para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

Cuando regresaban, la patrulla oficial 023 de la Policía Municipal les cerró el paso. Sus tripulantes atravesaron la unidad en la calle. Con disparos de arma de fuego los uniformados lesionaron a Alexander Martínez Gómez en la cabeza, ocasionando su muerte, e hirieron a otro adolescente.

De esta forma, Alexander, de escasos 16 años, truncó su sueño de jugar futbol profesional en Primera División y formar parte de la Selección mexicana.

La familia hizo hincapié en que “desde la ejecución arbitraria de Alexander hemos tenido dos gobernadores (Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, y Salomón Jara Cruz,de Morena), tres fiscales (Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peimbert Calvo y Bernardo Rodríguez Alamilla) y dos presidentes municipales en Acatlán de Pérez Figueroa (Adán Maciel Sosa, del PAN, y Jesús Ortega Marín, de Morena), y sigue sin funcionar la Comisión de Víctimas”.

Por el contrario, “el actual secretario de Gobierno, Jesús Romero López y su subsecretario, Carlos Pérez, han litigado en contra de las víctimas y de nuestra familia, comportándose como funcionarios de partido y no de Estado”.

“Entre la ignorancia y la revictimización, están haciendo todo para retrasar el proceso de reparación al cual están obligados”, añadió.

A pesar de que existe una resolución del Poder Judicial federal emitida al gobierno de Salomón Jara, en la cual se comprometió a llevar a cabo medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación (omitiendo aquellas relacionadas con la restitución), después de tres meses de su emisión, no se ha hecho nada para cumplir con ella. 

Consideran que “al haber logrado esta resolución por medio de una sentencia judicial, suponemos que el gobierno de Oaxaca solo la emitió para simular que iban a atender nuestro caso”, sin embargo, advirtió que “ya se encuentra abierto un nuevo juicio para obligarlos a cumplirla”.

Y es que “el Poder Judicial Federal nos ha dado la razón hasta ahora en todo. A pesar del gobierno de Oaxaca, estamos seguros que lograremos con el tiempo justicia para nuestro amado Alexander”.

Por último, manifestaron que “seguiremos con nuestra lucha para lograr que el Legislativo haga reformas en beneficio de todas las víctimas de Oaxaca, así como para que otorguen el presupuesto necesario para que contemos de una vez por todas y, a pesar de los gobiernos que van y vienen, con una Comisión de Víctimas digna”.

“Frente a la indignación, sed de justicia y a la memoria que siempre mantendremos vivas, a tres años de la ejecución arbitraria de nuestro amado Alexander, volvemos a manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de Oaxaca y sobre todo con aquellas víctimas de abuso policial en México. Nuestras hijas e hijos no debieron morir por quienes tienen la obligación de protegernos”, puntualizaron.