CHILPANCINGO, Gro (apro).- La ejecución extrajudicial de 11 personas perpetrada por militares en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, permanece impune después de 25 años.

En un cuarto de siglo, el Estado mexicano no ha reparado el daño ni ha castigado a los soldados y mandos militares responsables de la matanza, denunciaron sobrevivientes y viudas de las víctimas este miércoles en una conmemoración.

El 7 de junio de 1998, centenas de militares emboscaron a un grupo de comisarios y líderes que se encontraban en la escuela primaria Caritino Maldonado en la comunidad Ñuu Savi de El Charco. Había mujeres y niños.

El argumento del comandante de la 27 Zona Militar, Alfredo Oropeza Garnica es que en la reunión participaban miembros de la guerrilla.

El saldo fue 11 personas asesinadas: José Rivera Morales, Honorio García Lorenzo, Mario Chávez García, Fidencio Morales Castro, Mauro González Castro, Ceferino Damián Marco, Daniel Crisóforo Jiménez, Fernando Félix Guadalupe, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano y Ricardo Zavala Tapia, estudiante de la UNAM.

Además de cinco heridos y 22 detenidos, llevados a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo, en Acapulco, donde fueron torturados.

Basado en testimonios de sobrevivientes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recreó la irrupción militar a las 4: 50 horas de ese 7 de junio, orquestada por mandos de Cruz Grande y Acapulco:

“¡Salgan perros, muertos de hambre!” gritó un soldado desde un megáfono para descargar las primeras ráfagas y bombas contra los salones donde dormía la gente.

“¡Salgas perros, entreguen las armas!” volvió a gritar el militar engallado.

Una de las autoridades se animó a gritar “¡no tiren por favor, nosotros estamos desarmados!”. Las ráfagas continuaron.

“Tuvieron que esperar a que amaneciera para salir de los salones con las manos en alto. Varios se arrastraban y se sobreponían a las heridas por las que desangraban y perdían fuerza.

“Los concentraron en la cancha y los obligaron a que se tiraran al suelo para someterlos y dar el tiro de gracia a los heridos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 166/18 del 14 de diciembre de 2018 declaró que la masacre en El Charco, la responsabilidad de agentes militares en las muertes, heridos y detenciones ilegales, la criminalización de las presuntas víctimas en sede castrense y civil, así como la falta de investigación y sanción de los responsables podrían caracterizar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las violaciones son a la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad, garantías judiciales, derechos del niño, igualdad ante la ley y a la protección judicial.

Este día en El Charco y su cabecera Ayutla, familiares de las víctimas y las organizaciones Red Solidaria Década contra la Impunidad y Tlachinollan realizaron actos conmemorativos.

“No es justo que a 25 años no ha habido justicia, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos voltee a ver, que se haga justicia conforme a la corte internacional, no hemos tenido ninguna contestación del gobierno estatal ni federal”, declaró Eustolia Castro, viuda de José Rivera Morales.

“El gobierno (en ese entonces de Ernesto Zedillo) culpa que fueron grupos guerrilleros, pero había esa iniciativa para gestionar obras en esas comunidades que estaban en desamparo.

“Cada mes se organizaban comisarios y líderes para formar un grupo de gestores de las comunidades. En el Charco hubo una reunión para obtener un desarrollo porque había muchas necesidades en las comunidades”, explicó Eustolia Castro.

Ayutla de los Libres se ubica entre las regiones Montaña y Costa Chica. Sigue siendo uno de los municipios más pobres y marginados de la entidad.

En 1998 el gobernador interino de Guerrero era Ángel Aguirre Rivero y el presidente Ernesto Zedillo.

Aguirre Rivero había sustituido a Rubén Figueroa Alcocer tras su renuncia provocada por la masacre de 17 campesinos en el poblado de Aguas Blancas, ejecutada por policías estatales y agentes judiciales el 28 de junio de 1995.