CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas personalidades eclesiásticas, artísticas, académicas y políticas, encabezadas por el obispo José Raúl Vera López solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitir el caso de la masacre de El Charco, ocurrida en 1998. En un posicionamiento de decenas de personalidades, convocadas por el obispo Vera Ruiz, fundador de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, rechazaron la solicitud del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la CIDH para desechar este asunto, relacionado con la ejecución extrajudicial de diez indígenas y un estudiante universitario, hechos atribuidos a miembros del Ejército Mexicano. Este caso está relacionado con el ataque militar a indígenas y estudiantes que pernoctaban en la primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero, en el que once civiles desarmados murieron, y se detuvo a una veintena de personas, entre ellas a los universitarios Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, quienes fueron recluidos en penales de alta seguridad, acusados de formar parte de un grupo insurgente. Ambos acusaron también haber sido torturados en un cuartel militar. En el documento, los firmantes refieren que pese a que este asunto ocurrido en Ayutla de los Libres, Guerrero el 7 de junio de 1998, están relacionados con delitos considerados como imprescriptibles, como lo son las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, el Estado mexicano solicitó a la CIDH desechar la petición. De acuerdo a la respuesta del Estado, presentada con un atraso de13 meses ante la CIDH, el caso de El Charco, registrado como P-1315, debería ser inadmitido porque bajo el argumento de que fue presentada el 16 de julio de 2012, en tanto que el litigio interno llevado por algunas de las víctimas, concluyó en mayo de 2002, lo que significa que “transcurrieron 10 años un mes y 16 días para que los peticionarios presentaran la denuncia ante la CIDH”. Los firmantes del posicionamiento, abundaron que el Estado mexicano ha dicho con respecto a este caso que la CIDH debe rechazar la petición “por presentarse fuera del plazo de 6 meses contados a partir de que se les notificó la resolución que puso fin al juicio”. Dieron cuenta de que en la respuesta estatal se omite mencionar a las víctimas de la ejecución, el estudiante Ricardo Zavala Tapia y los indígenas Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Fidencio Morales Castro, Daniel Crisóforo Jiménez, Fernando Félix Guadalupe, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano, Ceferino Damián Marco, José Rivera Morales y Mario Chávez García. Aunado a ello, los firmantes señalan que el Estado “parece olvidar que entre las personas detenidas había una mujer, Ericka Zamora Pardo, estudiante universitaria; cuatro menores de edad, dos de ellos no sabían leer ni escribir y hablaban nasavi, los otros dos apenas si sabían leer y escribir y hablaban muy poco español”. Al dar cuenta de lo nombres de quienes eran menores (Bernabé García de Jesús, Melitón Castro Morales, Adrián Patriarca Agustina y Pedro Esteban Ávila), los denunciantes señalan que en la respuesta el Estado omite que “al igual de los demás detenidos, fueron trasladados, a la IX Región Militar y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar”. De la misma manera que se olvida que tanto Zamora Pardo como Cortés Chávez, “denunciaron en el juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guerrero, la tortura a la que fueron sometidos por los militares en la IX Región Militar, y que el juzgado fue omiso a esta denuncia y no se les aplicó el Protocolo de Estambul”. Puntualizan que al pedir que el caso sea desechado, “el Estado mexicano pretende pasar por alto que la tortura y las ejecuciones extrajudiciales no prescriben y que el Ejército mexicano violó los derechos de los cuatro menores de edad que fueron detenidos”. Con la insistencia en que el caso sea admitido por la CIDH, los firmantes consideran que urge que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998, en las ejecuciones extrajudiciales, en las detenciones de civiles en instalaciones militares obligados a declarar ante autoridades castrenses. También exigen que se admita la responsabilidad del Estado en la tortura acusada por Zamora Pardo y Cortés Chávez, así como en las detenciones ilegales de los menores de edad. “Solicitamos respetuosamente a la CIDH, otorgar e informe de Admisibilidad y de Fondo, a este caso paradigmático”, en el que se señala al Ejército mexicano de violaciones graves a derechos humanos. Además del obispo Vera López, firman el documento Fray Tomás González Castillo, Fray Julián Cruzalta, la cantante Susana Harp, la dirigente nacional del PRD Beatriz Mujica Morga, la escritora Pat Davis y el dramaturgo Humberto Robles, Malú García Andrade, presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, así como el Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño, el Observatorio Eclesial y la Red de Defensa de Derechos Humanos, entre otras organizaciones y personalidades.