CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Han pasado 30 años y la espera continúa. La familia del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, desaparecido el 8 de mayo de 1993, ha recurrido a instancias nacionales e internacionales y hasta ahora siguen sin respuesta sobre el paradero del militar con quien sus familiares dejaron de tener contacto dos días antes de celebrarse el Día de las Madres.

Visto por última vez en instalaciones del 26 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Orlando había comunicado a sus familiares su alegría por haber sido aceptado en la Escuela Superior de Guerra el 8 de mayo de 1993.

Ocho días después de no tener noticias de él, sus parientes se comunicaron al batallón donde estaba adscrito para preguntar por el joven que entonces tenía 25 años, para recibir como respuesta la versión de que el oficial había desertado, situación que no sólo era ilógica para la familia después del anuncio de días anteriores sino irreal, porque el militar dejó absolutamente todas sus pertenencias en las instalaciones militares.

En el número 2376, Proceso resaltó que en el la falta de investigaciones para la localización y ubicación del militar, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ido muy distinta a los cinco gobiernos que los antecedieron en mantener intocado al Ejército Mexicano, a pesar que desde junio de 2019 la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, declinó su competencia para investigar la desaparición del teniente a favor de la institución federal, al existir elementos de que la ausencia de Muñoz Guzmán sería resultado de una desaparición forzada, presuntamente atribuido a militares.

La familia de Miguel Orlando, que ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que emitió un informe de fondo sobre el caso, ha tocado puertas incluso en el Reino Unido.

“A través del congresista independiente Jeremy Corbyn, quien recientemente se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (el 14 de abril pasado), hemos insistido que se de seguimiento al caso de mi hermano.

“Corbyn, a quien el presidente invitó en su toma de posesión en 2018, ya tenía conocimiento de la desaparición de mi hermano desde 2013, y de manera muy diplomática ha recomendado atender el informe de fondo de la CIDH”, cuenta María Guadalupe Muñoz Guzmán en entrevista.

Abogada de profesión, María Guadalupe resalta que su familia está siendo acompañada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización a través de la cual han interpuesto amparos ante el poder judicial de la federación y dan seguimiento al caso ante la FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CIDH.

“Lo que sabemos es que, a pesar de todos los recursos que hemos interpuesto, no hay avances sustanciales, a pesar de que se ha ordenado que se abran los cuarteles para buscar a mi hermano y de que periódicamente la FGR da a conocer avances, pero que en realidad no son muchos”, dice la hermana del militar desaparecido.

Lamenta que hasta el momento, la FGR “no esté tomando en cuenta los elementos que apuntan a la responsabilidad de militares en la desaparición de mi hermano, no sólo lo que confirmó la Fiscalía de Chihuahua, sino los testimonios que fueron ratificados en la entonces Procuraduría de Justicia Militar o el dictamen de la falsificación de una supuesta carta que mi hermano presentó renunciando a su ingreso a la Escuela Superior de Guerra”, y que de manera inexplicable nunca fue presentada en su estado original por las autoridades castrenses.

“Por eso nos hemos visto obligados a recurrir a otras instancias, como al congresista Corbyn, para que se nos dé una explicación de por qué el caso no ha avanzado”, sostiene Muñoz Guzmán.

Mariana Domínguez Flores, abogada de la CMDPDH resalta en entrevista que el de Miguel Orlando se enmarca en casos de violaciones graves de derechos humanos en los que están involucradas autoridades militares, y que no son resueltos por la FGR, como también ocurre con el caso emblemático de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, litigado también por esa organización.

“La FGR no investiga el paradero de las personas desaparecidas y mucho menos vincula a personas responsables que son personas que están relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional o con el Ejército.

“Por lo menos en los casos que llevamos, Radilla Pacheco y de Miguel Orlando, lo que vemos es que aparentemente el Ejército es intocable para la FGR, a pesar de que existan elementos suficientes para considerar que miembros castrenses estuvieron involucrados en este tipo de casos de desaparición forzada”, puntualiza Domínguez Flores.

La abogada destaca que la FGR no está dando seguimiento a las líneas de investigación determinadas por la Fiscalía de Chihuahua, que determinó la presunta responsabilidad de militares, por lo que “no están llevando a cabo las acciones necesarias para vincular a proceso a los probables responsables de la desaparición ni para encontrar a Miguel Orlando”.

Al señalar que en la supervisión del Informe de Fondo 002/2006, las Segob se ha visto “doblegada ante la FGR”, para exigirle como representante del Estado que se atiendan los compromisos internacionales, Domínguez apunta que pese a que el año pasado los representantes de la familia Muñoz Guzmán fueron contactados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para iniciar un plan de búsqueda, la descoordinación ha prevalecido.

“La FGR no está compartiendo información con la CNB, lo que imposibilita a esta dependencia a hacer una búsqueda adecuada; como en el caso Radilla, la institución mantiene la misma posición en el sentido de que no realiza las investigaciones necesarias, no realiza acciones de búsqueda, y hay una clara falta de compromiso interinstitucional entre la FGR y la CNB para compartir información”, sostiene la abogada.

A treinta años de la desaparición de Miguel Orlando Muñoz, Mariana Domínguez Flores insiste en que lo que prevalece es “un patrón del Estado mexicano en casos de desaparición forzada, de cumplir con meros formalismos ante instancias nacionales e internacionales, sin embargo, no se llega al fondo del asunto”.

Para la abogada, lo que queda para la familia del militar es agotar estrategias jurídicas en el ámbito local y explorar la posibilidad de llevar el caso ante Naciones Unidas, ante la falta de resultados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“Como CMDPDH vamos a seguir acompañando a las víctimas, agotando los recursos que tenemos en la legislación, y en el litigio internacional, desde hace años hemos solicitado audiencias de seguimiento del informe de fondo, pero la CIDH no nos ha respondido, por lo que creemos que el SIDH no ha dado el resultado más idóneo, de ahí que no descartamos acudir al sistema universal, para lograr que las víctimas sean reparadas en todos los aspectos”, concluye Mariana Domínguez Flores.