CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–En un nuevo enfrentamiento entre al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, la Consejería Jurídica aseguró que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidan el llamado Plan B, la Corte "estaría sustituyendo" al Congreso de la Unión.

"El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión", aseguró el gobierno en un comunicado. 

La oficina de la Presidencia asegura que, luego de que se negó la petición para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la Corte demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del "régimen neoliberal", y otro distinto para "las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México", pues aseguran que se trata de la misma norma impugnada.

Por lo que demandaron a los ministros "para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia".

La Consejería emitió tres consideraciones al respecto sobre el tema:

-En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (plan B), al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo.

-En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución.

-Debe prevalecer el fondo sobre la forma, así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos. El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad.

Debate

La semana pasada gobernadores y gobernadoras de Morena y partidos aliados suscribieron un desplegado en el que exigen a la Corte que revierta la suspensión del Plan B de la reforma electoral.

En un texto titulado “Ante la ilegalidad, unidad y principios”, los mandatarios estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México calificaron de arbitraria la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de suspender la aplicación de las normas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque por el momento el Pleno no ha acordado una fecha fija para discutir el tema, de acuerdo con los tiempos electorales, los ministros deberán debatirlo a más tardar esta semana para que, en caso de invalidez, el proceso electoral de la sucesión presidencial de 2024 se rija conforme a las reglas vigentes antes de las reformas.