CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá a sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la primera parte del Plan “B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes federales confirmaron que el pasado 27 de abril, el ministro Pérez Dayán repartió entre sus compañeros del Pleno su proyecto en el que consideró que el Congreso de la Unión incurrió en seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactan directamente en la aprobación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que no son “superables”.

En consecuencia, al considerar que las infracciones que el Congreso cometió contravienen los artículos 71 y 72 de la Constitución, Pérez Dayán solicitará al Pleno declarar inconstitucional la reforma, para lo cual requiere de 8 votos de sus compañeros en el Máximo Tribunal.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Proceso, en su proyecto el ministro ponente relató que las iniciativas del Ejecutivo federal que componen la primera parte del Plan B de la reforma electoral se discutieron el 6 de diciembre a las 22:05, debido a que no era posible dispensar trámites se solicitó un receso.

A las 23:10 los legisladores reanudaron la sesión y Morena hizo suyas las iniciativas del Ejecutivo con cambios, para posteriormente entregarlas al presidente de la Cámara de Diputados y se ordenó su publicación en la gaceta.

Es decir, que su contenido se conoció cuando ya había comenzado la sesión y con la mayoría parlamentaria conformada por Morena, PT y Partido Verde, se aprobó, injustificadamente, darles trámite con carácter de urgente y así fue como aprobaron la reforma de más de 600 artículos, por lo que nadie en la Cámara baja conocía su contenido.

En total, el ministro contabilizó 6 violaciones graves al procedimiento legislativo pues bajo la cronología que analizó, no fue posible una verdadera deliberación entre los integrantes del Poder Legislativo y a las minorías parlamentarias les fueron negados sus derechos formales.

Es decir, que el ministro Pérez Dayán no pudo ni pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contenido de las reformas porque, de forma, el procedimiento estuvo viciado.

“Al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación del procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del Decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”, señala el proyecto.

Aunque por el momento el Pleno no ha acordado una fecha fija para discutir el tema, de acuerdo con los tiempos electorales, los ministros deberán debatirlo a más tardar la siguiente semana para que, en caso de invalidez, el proceso electoral de la sucesión presidencial de 2024 se rija conforme a las reglas vigentes antes de las reformas.