TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- Unos dos mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y policías estatales se preparan para ingresar al municipio de Frontera Comalapa, donde desde hace siete días organizaciones criminales que se disputan el control del territorio han dejado una estela de asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado y desplazamiento masivo de miles de personas.

Desde el pasado martes 22 de mayo presuntos miembros de dos cárteles rivales que usan a la población civil para sus fines estratégicos, intensificaron una guerra que libran desde junio del 2021 en esa región y que impacta no sólo a Frontera Comalapa, sino a municipios vecinos como La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Chicomuselo y otros.

Desde el lunes por la mañana, se empezaron a concentrar cientos de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la FGR, policías estatales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde muy temprano de este martes esperan movilizarse en una mega caravana de vehículos y camiones para tomar la plaza y sus principales accesos de Frontera Comalapa, región que controlan presuntamente miembros de un grupo criminal y que mantienen sometida a la población.

Sin embargo en las comunidades rurales como Nueva Independencia (Lajerío), 24 de Febrero, Sinaloa, Las Margaritas, Candelaria y otras donde la violencia dejó una estela de muertos, desaparecidos, reclutados de manera forzosa y desplazamientos masivos que se calculan en unas tres mil personas.

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa dijo que continúa recibiendo información desde los barrios, ejidos, autoridades y comunidades afectadas de Chicomuselo y Frontera Comalapa, que señalan que las personas desplazadas no han recibido ningún tipo de asistencia de los gobiernos federal y estatal.

“Nos reportan que la única ayuda humanitaria que han recibido las personas desplazadas que se encuentran en Josefa Ortiz de Domínguez y Pablo L. Sidar ha sido proporcionada por protección civil de Chicomuselo, continuando la grave omisión de los gobiernos federal y estatal”, dijo el Digna Ochoa.

Señalaron que ojalá el despliegue militar y policíaco de este martes, a siete días de haberse agudizado la violencia, “no sea una nueva simulación por unos días como ha sucedido previamente, que es necesaria la pacificación de la región con operativos permanentes en lugares estratégicos y se realicen acciones directas para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que han sembrado el terror y miedo”.

Indicaron que la intervención de fuerzas de seguridad resulta tardía y negligente, porque como señalan testimonios, hay presencia de bases militares en El Jocote, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Denunciamos que mientras el gobernador de Chiapas y la presidenta del Congreso, juntos al Secretario de Gobernación, se paseaban en su festival del café, miles de pobladores de Chicomuselo, Frontera Comalapa y Mazapa eran víctimas del terror de la delincuencia organizada y se les vulneraban sus Derechos Humanos, teniendo que huir y desplazarse cerca de 3 mil personas que siguen sin ninguna atención y asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal”, dijo este organismo.

El Comité Digna Ochoa dijo que ha enviado las denuncias e información a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la CNDH y a la Secretaría General de Gobierno.

Manifestó el Digna Ochoa que la presencia militar en el gobierno actual ha servido como instrumento para proteger la imposición de megaproyectos como el AIFA, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la extracción minera.