CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez federal amparó a Rosario Robles Berlanga y ordenó dejar sin efectos el mandamiento de captura emitido en su contra por delincuencia organizada y lavado. Sin embargo, esto no implica que la exfuncionaria federal haya librado las acusaciones.

El juez Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México consideró que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez no fundamentó ni motivó adecuadamente la orden de aprehensión que emitió el 31 de octubre de 2020 contra Robles y otras personas por el caso de corrupción conocido como Estafa Maestra.

En consecuencia, la orden de captura quedará sin efectos y el juez de control deberá analizar nuevamente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para establecer claramente las circunstancias de tiempo, modo y forma los hechos que constituyen delincuencia organizada y lavado y la probable participación de quien fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Argumentos del juez

La resolución de amparo emitida en el expediente 1634/2021 señala que, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICDMX/0001345/2018, derivada de la denuncia de Santiago Nieto, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR solicitó aprehender a Robles por la firma de contratos entre la Sedesol, Sedatu y la Universidad Autónoma de Morelos, mediante los cuales fueron desviados más de 77 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto.

“Para este juez de amparo, los argumentos de la responsable, a que se ha hecho referencia con anterioridad, son insuficientes para considerar que el acto reclamado está suficientemente fundado y motivado en cuanto a la probable existencia del hecho ilícito de delincuencia organizada.

“Esto es así porque el juez se limitó a reproducir los datos de prueba que sometió a su consideración la fiscalía y luego explicó, de manera demasiado genérica, los motivos por los que estimó acreditado, de manera probable, un hecho que puede encuadrar en el ilícito de delincuencia organizada”, señaló el juez de amparo, Eutimio Ordoñez Gutiérrez.

“Los argumentos de la responsable no son claros –continuó–, no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ilícito, aunado a que no se precisa en qué datos de prueba en particular están soportadas cada una de las afirmaciones que realizó el juez ni se observa la valoración de estos datos de prueba en cuanto a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba. Incluso se observa que existen afirmaciones contradictorias”.

El juez de amparo observó que en la orden de captura no se señalaron los actos concretos en los que intervino la exfuncionaria, ni sus funciones como secretaria de Estado para determinar si entre ellos estaba la firma de contratos y la liberación de recursos públicos.

Entre las contradicciones que fueron detectadas por el juez de amparo está el tiempo en que supuestamente Robles Berlanga intervino en la organización delincuencial del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, cuando encabezó Sedesol y Sedatu, pero que dicha organización operó de 2013 a 2014.

“Estos lapsos son incongruentes, ya que la organización no puede haber existido durante un tiempo menor a la intervención de la quejosa en ésta”, determinó Ordoñez Gutiérrez.