CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con su triunfo judicial contra la Fiscalía General de la República (FGR) y, por ende, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles Berlanga salió absuelta del delito de “ejercicio indebido del servicio público” por los desvíos multimillonarios que fueron cometidos por su equipo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que han sido ampliamente documentados por Proceso desde 2015.

Este semanario no solo reportó los resultados demoledores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los esquemas de desvíos de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabezó Robles; también develó las mentiras de la exfuncionaria y de su entonces oficial mayor, Emilio Zebadúa González, sobre su participación en las triangulaciones con empresas fantasmas e instituciones estatales.

La noche del 19 de febrero de 2015, Proceso publicó, en su sitio de Internet, los hallazgos de la ASF sobre un fraude masivo en la Cruzada Contra el Hambre, el programa social estelar de Peña Nieto: según la Auditoría, los esquemas de “simulación de servicios” con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos permitieron a la Sedesol desviar por lo menos 845 millones de pesos a través de depósitos piramidales entre empresas ficticias, y ello solo en 2013.

Durante los años siguientes, la ASF detectó que esta práctica ilegal fue sistemática en la gestión de Robles –pero también en otras dependencias, como Pemex o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, y continuó incluso durante los años posteriores al estallido del escándalo.

Al revisar las gestiones de Robles, la ASF detectó desvíos por más de 7 mil millones de pesos a través de estos convenios por servicios que resultaron “simulados”. Años después, un libro de los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste bautizaría estos esquemas como “La Estafa Maestra”. Todos los convenios que dieron pie a los esquemas fraudulentos fueron firmados por Zebadúa quien, a diferencia de su exjefa, no ha pisado la cárcel.

Probados los desvíos multimillonarios, llegó el momento de buscar las responsabilidades. Durante los primeros años, Robles negó la existencia de irregularidades en estos esquemas: afirmaba que todos los servicios contratados por la Sedesol y la Sedatu a través de las universidades se habían llevado a cabo, y solía presentar cajas de documentos como supuestas evidencias.

En una ocasión, este reportero revisó una de estas cajas –brevemente, porque un integrante del equipo de Robles le pidió que cesara–, y pudo observar que muchas fojas eran multiplicadas y no hacían sentido con el servicio contratado. La propia ASF revisó supuestos documentos probatorios que le entregaba el equipo de Robles, pero dedujo lo mismo: eran parte de la simulación.

Durante todo ese tiempo, la exfuncionaria contó con el respaldo total de Peña Nieto y de sus operadores cercanos más influyentes, como Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong. Cuando José Antonio Meade Kuribreña fue nombrado por Peña Nieto al frente de la Sedesol en sustitución de Robles, en agosto de 2015, tampoco dijo nada, y ello a pesar de que recibió avisos de la ASF (Proceso 2156).

Mentiras

Rosario Robles siempre afirmó que los convenios que la Sedesol y la Sedatu firmaron con las universidades estatales eran legales, y que éstas a su vez subcontrataron los servicios a empresas, por lo que lo sucedido con estas empresas caía en la responsabilidad de los entes públicos, no de las dependencias federales que ella encabezaba.

Ello era falso. La ASF documentó en varias ocasiones que los entes públicos estatales eran simples intermediarios, pero que las operaciones de desvíos de dinero se llevaban a cabo desde la Sedesol y la Sedatu, pues integrantes del equipo de Robles tenían ya preparados los contratos con las empresas fantasmas, e incluso disponían ya de los entregables, como lo reveló el equipo de investigación de Carmen Aristegui en la investigación “Operación Entregables”.

En los documentos oficiales abundan los elementos que desmienten a Robles: en una auditoría, por ejemplo, la ASF, mostró que la Sedatu pagó al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo SA de CV para la entrega de materiales, los cuales resultaron totalmente idénticos. Además, la dependencia les pagó cuatro veces por estos servicios simulados, siempre por montos millonarios.

Robles empezó a cambiar su versión en febrero de 2018. Los tiempos habían cambiado, y la mujer sentía que el grupo de Peña Nieto la estaba abandonando –y era real–, por lo que aseveró que “si alguien abusó de la confianza mía en la Sedesol y en la Sedatu, que pague; pero que sea con nombre y apellido”.

A partir de ese momento, Robles se empezó a deslindar de su equipo. A una pregunta expresa de este reportero, en septiembre de 2018, Robles aseveró: “Yo soy la titular, soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por esto hay ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombres y apellidos”.

La sugerencia de que su equipo operó a sus espaldas quedó desmentida durante el juicio político que le abrió la Cámara de Diputados en febrero de 2020, mientras la exfuncionaria estaba encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla. En esa ocasión, Juan Manuel Portal y Mura Dora Buchanin Abulhosn –respectivos extitular de la ASF y exdirectora del área de auditoría forense que reveló el desfalco– sostuvieron, ante los diputados, que habían alertado a Robles sobre las irregularidades en la Sedesol desde 2014, y que la exfuncionaria les hizo caso omiso.

“Yo personalmente le mostré (a Robles) el modus operandi a través de unos mapas donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias –Sedesol, Sedatu–, cómo lo distribuyeron con contratos a universidades y éstas a otros muchos, hasta donde se perdía el dinero. Ella lo sabía perfectamente”, aseveró Portal, y agregó que “en la última reunión que tuvimos con ella, (Robles) ofreció no volver a hacerlo, reconociendo lo que se estaba observando por parte de la ASF. Dijo: ‘Ok, lo voy a dejar de hacer ya’ (…) Habrá sido a principios de 2017”.

El exauditor también recordó que “en una reunión en mi oficina con el equipo y con la señora (Robles), su oficial mayor (Emilio Zebadúa González), el que manejaba todo, me informaron que ya estaba toda la comprobación afuera, en un camión, que tenía 65 cajas. Pedí que fueran a ver las cajas y eran, como dije, basura: fotocopias de mil cosas que no tenían ninguna relación con los pagos”.

Dora, por su parte, sostuvo que desde 2014 “hubo confrontaciones con funcionarios antes de llegar al pliego de observaciones, en las cuales se les hacía saber los hallazgos para que pudieran darnos información y en ese momento solventar o aclarar la situación”.

Añadió: “Al inicio de las primeras revisiones, nosotros pensábamos que ella (Robles) no estaba enterada de esto (…) después se llevó a cabo una reunión con ellos, en las cuales expresó de manera detallada el modus operandi, la resistencia de los proveedores de dar información, el ocultamiento y desaparición de algunos; recuerdo que algunos del Estado de México no existían”.