Los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, con quienes trabajó desde su primer día del sexenio de Enrique Peña Nieto –sobre todo Emilio Zebadúa, su oficial mayor de confianza en la Sedesol y en la Sedatu–, operaron esquemas de desvío de millonarios recursos del erario, disfrazados de contratos con empresas fantasma; era dinero que acababa en cuentas bancarias en el extranjero. Y fue algo que la funcionaria no pudo ignorar, pues parte de lo desaparecido tenía que usarse para pagarle a contratistas reales que nunca cobraron.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque lo negó repetidamente y denunció una campaña mediática en su contra, Rosario Robles Berlanga sí encabezó estructuras de desvío de dinero que involucraron a centenares de empresas fantasma durante sus primeros cuatro años de gestión en la administración de Enrique Peña Nieto.

El monto triangulado rebasa los 5 mil 251 millones 567 mil pesos, de acuerdo con un análisis exhaustivo de 26 auditorías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó entre 2015 y el pasado martes 20.

“Si alguien abusó de la confianza mía en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que pague; pero que sea con nombre y apellido”, clamó la funcionaria el pasado miércoles 21.

Sin embargo, fue el equipo de colaboradores más cercanos de Robles, con los que trabaja desde su primer día en el actual sexenio, el que diseñó y operó los esquemas fraudulentos, y lo hizo desde las propias oficinas de la Sedesol y la Sedatu. En este equipo destacan los funcionarios de la Oficialía Mayor –a cargo, en ambas dependencias, de Emilio Zebadúa González–, así como los coordinadores de delegación o el área de comunicación social.

Sólo en los primeros 16 meses de la funcionaria en la Sedatu se desviaron mil 747 millones de pesos, y Robles no pudo ignorarlo: este dinero formó parte de los 3 mil 855 millones de pesos que la dependencia sacó del presupuesto destinado al Programa de Infraestructura, cuyo objetivo consiste en proveer de infraestructura básica a la población más pobre del país.

Ello generó reclamos en la propia Sedatu, ya que las delegaciones estatales no pudieron pagar a los proveedores y contratistas por las obras realizadas. Esto incluso podría derivar en demandas por falta de pago, según advirtió un oficio administrativo fechado en enero de 2017, que mencionó la ASF en su auditoría 1835-DE.

El pasado martes 20 el periódico Reforma citó tres auditorías forenses que demostraban los desvíos multimillonarios operados desde la Sedesol y la Sedatu, y señalan que una parte del dinero transitó por las instituciones financieras Banco Monex y CI Banco y terminó en cuentas bancarias abiertas en diversos países.

Robles multiplicó las declaraciones públicas y apariciones mediáticas para “limpiar (su) nombre, (su) reputación y (su) honra”: retó a Reforma a demostrar que ella recibió dinero –algo que nadie planteó– e insistió en que no tuvo nada que ver con los señalamientos de la ASF.

Ningún integrante del gabinete la apoyó, pero Robles no estuvo sola en su defensa: el miércoles 21 la funcionaria dejó a Zebadúa la tarea de convencer a la prensa de que tanto la Sedesol como la Sedatu actuaron en estricto apego a la ley. El funcionario tropezó en varias ocasiones.

Un ejemplo: con el dinero de la Sedatu, ocho instituciones públicas estatales, separadas miles de kilómetros –dos se encuentran en Quintana Roo, una en Sonora, una en Chiapas, una en el Estado de México y dos en Hidalgo– adjudicaron contratos millonarios a las mismas empresas, con declaraciones fiscales en ceros y cuyos domicilios fiscales en la Ciudad de México o el Estado de México a menudo eran bodegas, casas abandonadas o viviendas donde nadie oyó hablar de ellas.

Inquirido al respecto por el reportero afuera de la sede de la Procuraduría General de la República, Zebadúa evocó una “coincidencia”.

Balbuceó:

“Que haya coincidencia de empresas en varios convenios, pues tiene que ver más bien con la, eh… con el universo de proveedores de bienes y servicios a gobierno que existen en el país. No nos puede sorprender que una empresa cualquiera pueda participar en uno o en n número de procesos de adjudicación para proveer bienes y servicios. Ahí está la coincidencia”.

Las auditorías realizadas año tras año desde el inicio de la gestión de Robles muestran que tanto la funcionaria como Zebadúa torcieron la realidad para eludir su responsabilidad. Desde el miércoles 21 Proceso solicitó una entrevista con alguno de los dos, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, Robles subrayó algo cierto: la Sedesol y la Sedatu no fueron las únicas dependencias federales que la ASF identificó con problemas de desvíos multimillonarios operados con empresas fantasma a lo largo del sexenio de Peña Nieto. También lo fueron instituciones dirigidas por integrantes del primer círculo del presidente, entre ellas Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin; Banobras, cuando lo administraba Alfredo del Mazo Maza, el actual gobernador del Estado de México y primo de Peña Nieto; o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza.

Simulaciones millonarias

Los desvíos de la Sedesol y la Sedatu fueron operados mediante esquemas de “simulación de servicios”, cuya mecánica fue ampliamente documentada por Proceso desde febrero de 2015.

En este sistema, las dependencias federales celebran convenios de prestación de servicios millonarios con universidades y organismos públicos estatales. Estos organismos públicos cobran una comisión y, a su vez, envían la mayor parte del dinero a redes de empresas y proveedores, muchas de ellas fantasma. Total: los servicios son una simulación y la mayor parte del dinero se esfuma en un sinfín de transferencias entre sociedades de papel.

Robles echó la culpa a los organismos estatales. “Cómo realizó sus procedimientos la universidad o la entidad, es procedimiento de esa universidad o entidad pública: si cumplió con los requerimientos, si hizo licitaciones, si fueron empresas fantasmas o si no lo fueron, son responsabilidades de ellos”, dijo el miércoles 21.

Sin embargo, varios testimonios incluidos en las auditorías indican que los organismos estatales sirvieron como intermediarios financieros y que la elección de los contratistas y proveedores fantasma se hizo desde las sedes de las dependencias federales, ambas ubicadas en Paseo de la Reforma.

Empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) aseveraron que en mayo de 2015 acudieron a las oficinas de la Sedesol, donde una directora de área adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) les entregó 36 contratos con 27 proveedores, ya elaborados y listos para firmar.

En ese entonces, la DGRM estaba a cargo de Humberto René Islas Cortés, quien ha ocupado el mismo cargo en la Sedatu desde que Robles tomó el control de la dependencia, en agosto de 2015.

Es más: en las oficinas de la Sedesol la funcionaria les entregó dos cajas con los contratos que RTH se comprometía, en ese mismo momento, a elaborar por 601 millones de pesos.

“Aclara el Subdirector de Contenidos de RTH que las dos cajas que le fueron entregadas son las mismas que proporcionaron al personal comisionado de la ASF en la ejecución de la auditoría, y que el contenido de las mismas no fue validado por él y, en consecuencia, desconoce su contenido”, abunda la auditoría.

Y sentencia: 

"Los trabajos no fueron realizados por ninguno de los proveedores que se vieron beneficiados con recursos públicos federales, los cuales, en conjunto con la Sedesol y RTH, llevaron a cabo acciones y omisiones que permitieron aplicar el monto señalado en fines distintos para los que fue autorizado, distrayéndolos de su objeto”.

Otras auditorías confirman que la operación se llevó a cabo desde las dependencias.

Según el informe 1639-DS, publicado el año pasado –y según el cual la Sedesol desvió 702 millones 557 mil pesos–, los rectores de tres universidades mexiquenses aseguraron que “el monto asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron definidos por el entonces titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol”.

En aquel entonces, el titular de la unidad mencionada era Juan Manuel López Arroyo, quien posteriormente fue coordinador de asesores de Robles en la Sedatu y funge desde enero de 2017 como delegado de la dependencia en Puebla.

Un representante legal del periódico El Universal, que fue contratado por Televisión de Hermosillo (Telemax) para una campaña de difusión en 2016, “manifestó que las operaciones las realizaron directamente con personal de la Sedatu, quienes les indicaban que facturaran a nombre de la televisora y que no recuerda haberse comunicado con personal dependiente de Telemax”, recalca la auditoría 1794-DS-GF.

Monex y CI Banco

De acuerdo con las auditorías, los bancos Monex y CI Banco canalizaron 66 millones de pesos provenientes de la Sedesol y la Sedatu a cuentas bancarias abiertas en Dinamarca, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Ecuador, Bélgica, Israel o Pakistán.

En entrevista con Radio Fórmula la noche del miércoles 21, Robles aseveró que la Sedesol “no tuvo absoluta y ninguna relación” con los bancos, y segundos después corrigió: “Sedatu y Sedesol, en mi administración, no (tuvieron) ningún contrato directo con estas empresas”.

Sin embargo, la ASF recabó una serie de correos electrónicos elaborados desde la cuenta personal de una directora de área en la Sedesol, en los que la funcionaria enviaba a RTH la documentación legal de 34 “proveedores” a los que el ente estatal debía otorgar contratos.

Entre estos proveedores se encontraban las sociedades de papel Studio Originale Capisci México, Comercializadora HDP, Comercial Merchandise New Rise –que compartían un mismo domicilio fiscal–, las cuales mandaron dinero a Banco Monex y CI Banco, que a su vez lo cambiaron a dólares y lo transfirieron al extranjero.

Un dato sugiere que por lo menos una de las empresas fantasma que enviaron dinero a estos bancos fue creada por funcionarios de la Sedesol.

De acuerdo con la ASF, la sociedad Desarrollo Publicitario ADP –que recibió 267 millones de pesos entre 2014 y 2016– fue constituida por un entonces humilde empleado del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, instancia dependiente de la Sedesol, donde el hombre ingresaba “un salario mensual de mil 800 pesos, y (quien) en su acta de terminación de la relación de trabajo manifestó no saber leer ni escribir”.

Desarrollo Publicitario ADP compartió su domicilio fiscal –ficticio– con otras cinco sociedades de papel, las cuales recibieron en conjunto 572 millones de pesos de los esquemas de desvío y fueron liquidadas poco tiempo después.

Según consultas al Registro Público del Comercio realizadas por Proceso, éstas y otras empresas señaladas por la ASF formalizaron actas administrativas ante Salvador Ximénez Esparza, quien era titular de la notaría pública 126 de Chalco, Estado de México, hasta el pasado junio, cuando las autoridades mexiquenses lo revocaron y confiscaron todos sus archivos por presuntos actos ilícitos relacionados con fraudes en el uso de suelo en edificios de la Ciudad de México.

Y no sólo esto: la ASF sostiene que varias empresas fantasma que recibieron millonadas de la Sedesol y la Sedatu fueron incorporadas en la notaría pública 96 del Estado de México –ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl–, a cargo de Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.

En el Consejo Directivo de esta notaría figuran tres familiares del notario, entre ellos Leonardo Beltrán Santana, el exdirector general del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, que estuvo preso nueve años por haber participado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2001.

Más mentiras

Zebadúa sostuvo que tanto la Sedesol como la Sedatu recibieron los servicios incluidos en los convenios: “Cuando conviene con un ente público conforme a la ley, firma un convenio, hace un pago, y recibe los bienes, los servicios y los entregables por los que convino; se da por satisfecho y cumplido el convenio”.

De nuevo, este argumento no resiste a las 26 auditorías de la ASF, en las cuales el órgano fiscalizador detectó numerosas irregularidades respecto a los servicios recibidos.

En esta lista interminable figuran, entre otros, pagos a precios inflados por servicios que nunca se llevaron a cabo; compra de “estudios” que eran copias de informes de las instituciones, erogaciones de cientos de millones de pesos en cuatro convenios que desembocaron en cuatro entregables idénticos.

El miércoles 21, a la pregunta del reportero, Zebadúa reconoció, tras un momento de duda, que algunas recomendaciones, “en efecto, señalan que los entregables que se les mostraron durante este primer periodo de solventación o no son suficientes o no son los correctos, o faltan, etcétera”.

Robles y Zebadúa repitieron en la semana que por el momento la ASF sólo emitió observaciones preliminares que la Sedesol y la Sedatu solventarán en el futuro.

Como supuesta evidencia, Zebadúa sostuvo que “a la fecha, después de cinco años de gestión de la secretaria Robles en Sedesol y en Sedatu, no ha habido una sola sanción de ningún carácter administrativo o de otro tipo contra un funcionario público de ambas secretarías”.

De nuevo, este argumento resulta cuestionable, pues 23 de las 160 denuncias penales que la ASF interpuso con base en sus revisiones de los primeros tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto derivaron los esquemas de desvío millonarios detectados en la Sedesol de Robles en 2013 y 2014.

Ello significa que, en la opinión de la ASF, ni la Sedesol ni los organismos con los que celebró convenios durante estos años fueron capaces de demostrar que actuaron conforme a la ley ni de solventar las observaciones del órgano fiscalizador.

Este reportaje se publicó originalmente el 24 de febrero de 2018 en el número 2156 del semanario Proceso.