Pieza clave en el descubrimiento del millonario desvío de dinero público –conocido como la Estafa Maestra–, cometido entre 2013 y 2018, Muna Dora Buchahin Abulhosn explica en entrevista la existencia de pruebas para proceder contra exsecretarios de Estado, exfuncionarios federales y estatales, dueños de empresas fantasma y directivos de universidades del país que formaron una “pandilla sexenal” que permanece intocada por la Fiscalía General de la República. Buchahin, quien entonces encabezó el Área de Auditoría Forense de la ASF, expone: “Han transcurrido cinco largos años y que no haya ningún resultado es terrible”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más allá de Rosario Robles Berlanga, la red criminal que desvió miles de millones de pesos hacia empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto permanece intocada. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar al expresidente de México ni a sus secretarios de Hacienda –especialmente Luis Videgaray Caso–, tampoco al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o a los titulares de las dependencias que participaron en los desfalcos, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El caso de estos desvíos, públicamente conocidos como “Estafa Maestra”, representa un caso de escuela de la impunidad, pues quedó probado que miles de millones de pesos se esfumaron en redes de empresas fantasma y nadie, incluyendo el exmandatario, negó que estos delitos existieron. Además los protagonistas de la trama están identificados y varios de ellos reconocieron su participación en la red fraudulenta y se lanzaron acusaciones cruzadas. Sin embargo, el caso judicial parece pendido de un hilo…

Quien fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto, Robles Berlanga logró después de tres años en la cárcel que un tribunal echara abajo el proceso penal que la FGR seguía en su contra, y que el juicio regresara en el ámbito administrativo donde los delitos prescribieron.

La exfuncionaria pintó esta sentencia como una absolución, que –según ella– demostró su inocencia. La decisión judicial desató una intensa polémica en los círculos políticos donde la responsabilidad de Robles no está en duda.

Personajes del fraude

Aunque Robles fue la cara más visible del millonario desvío de dinero público, ella “no es el mecanismo completo”, asegura Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien encabezó el área de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que documentó irregularidades por más de ocho mil 350 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu entre 2013 y 2018, incluyendo más de cinco mil millones de pesos desviados en esquemas que implicaban instituciones académicas.

De acuerdo con la doctora en derecho, los esquemas de desvíos fueron operados con la ayuda de los sucesivos secretarios de Hacienda. “Pedían un recurso y llegaba; faltaba dinero para comunicación y llegaba. Y, en cambio, otros ejecutores que requerían recursos para programas sustanciales no veían un peso porque les decían que no había dinero”, explica en entrevista con Proceso.

De acuerdo con Buchahin Abulhosn, la red implicó la participación de rectores de universidades que fueron utilizadas como intermediarias para desviar el dinero de las dependencias federales hacia las empresas fantasma, así como la actuación cómplice de varios gobernadores, quienes cerraron los ojos ante los señalamientos que la ASF realizó durante seis años.

En la Sedesol y la Sedatu, investigaciones de la ASF, de la prensa y de la FGR desnudaron una cadena de responsabilidades que se iniciaba con la propia Robles, quien mantuvo los desvíos durante seis años pese a las reiteradas advertencias, y con Emilio Zebadúa González, su inamovible Oficial Mayor, por cuya oficina pasaban todos los convenios que dieron pie a los fraudes.

El grupo también incluye a Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de Oficina de Robles, a su equipo de Comunicación Social, dirigido por Rocío Gómez Bolaños y Gustavo Rodríguez González, así como a los entonces subsecretarios Juan Carlos Lastiri Quiroz y Javier Guerrero García; o a José Antolino Orozco Martínez y Juan Manuel López Arroyo, ambos jefes de Unidad.

Un escalón más abajo estuvieron involucrados Francisco Javier Álvarez Báez, Humberto René Islas Cortés, Enrique Prado Ordóñez, Claudia Gabriela Morones Sánchez y Rosalba Camacho, operadores todos del titular de la Oficialía Mayor Zebadúa

La ASF hizo varias investigaciones a profundidad que llevó a la identificación de 250 empresas fantasma, pero también entrevistas con diversos actores de las irregularidades, incluyendo exfuncionarios y exrectores de universidades. Por sus hallazgos, la ASF presentó una serie de denuncias ante la FGR, la cual anunció en enero de 2019 que tenía abiertas carpetas de investigación contra cerca de 60 excolaboradores de Robles.

“Nos pidieron el apoyo para rendir declaración, para ratificar dictámenes, para explicarles todo; eso lo hicimos. Han transcurrido cinco largos años y que no haya ningún resultado es terrible. Terrible”, deplora Buchahin. “No tengo duda en la materia administrativa de la auditoría, de las observaciones, cada uno de los resultados está sostenido”, agrega.

De amigo de Robles a testigo 

Cuando recibe a Proceso en su oficina, la experta en temas anticorrupción hojea una declaración que rindió Emilio Zebadúa ante la FGR el 19 de octubre de 2020, para llegar a un criterio de oportunidad y reducir así su posible condena, como lo hizo Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Con un marcador amarillo, la mujer subraya párrafos del testimonio de Zebadúa.

Para librar la cárcel –estrategia que hasta el momento le ha funcionado–, Zebadúa declaró que los desvíos con empresas fantasma sirvieron para convertir cientos de millones de pesos del presupuesto público en montañas de efectivo, puestas a disposición de Rosario Robles, del expresidente Peña Nieto, de su entonces brazo derecho, Videgaray, de Osorio Chong, y de la campaña electoral del Estado de México de 2017, en la cual triunfó el priista Alfredo Del Mazo Maza.

Buchahin no cree en la inocencia ni en la credibilidad de Zebadúa, pues él fue el operador central de los desvíos en la Sedesol y la Sedatu, y considera que la declaración que dio a la FGR carece de los elementos que permitirían avanzar en la investigación. Zebadúa se enriqueció de manera inexplicable durante el sexenio pasado, razón por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda en su contra en 2019. Sin embargo, la auditora opina que su testimonio revierte una gran importancia.

“Es una confesión, una aceptación de su participación y de cómo se dieron las cosas. Bueno, ahora falta el cómo. Pero aquí está: puede permitir a la FGR volverlo a sentar y preguntarle los detalles”, dice.

Pese a sus acusaciones contra Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong, el testimonio de Zebadúa apenas llevó a la FGR a hacer imputaciones contra funcionarios de segundo nivel, como Enrique González Tiburcio, quien fuera coordinador de asesores de Robles y posteriormente subsecretario en la Sedesol y luego subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Sedatu.

Buchahin deplora que la FGR no haya anunciado avances contundentes, pese a contar con la formidable batería de herramientas de la UIF o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de decenas de exfuncionarios, exrectores o incluso abogados de empresas fantasma que tienen información sobre los esquemas y podrían responder a preguntas concretas.

“A la fiscalía le toca hacer las investigaciones, vinculaciones y confronta; validar la fiabilidad de las declaraciones, garantizar la credibilidad de los testigos, buscar la evidencia, soportar el caso, hacer el mapa de vínculos... Si quisieran, lo harían. ¿Por qué? Porque las personas prefieren decir la verdad a estar en la cárcel. Esa verdad los liberaría de una carga, a los de rango menor que no fueron beneficiados, pero ayudaría al país a entender lo que pasó”, dice.

–Incluso en el caso de que Rosario Robles estuviera en la cárcel, condenada por un delito probado, ¿sería suficiente para hacer justicia en este caso?

–Yo no creo que la cárcel sea lo que uno espera en estos temas, sino la devolución del dinero. En los casos emblemáticos de gran corrupción jamás se ha recuperado un peso. ¿Dónde está el dinero? Lo ideal sería recuperarlo, y si no lo regresan, bueno, pues que estén en la cárcel”.

Existe la idea según la cual una investigación llega a un callejón sin salida cuando se topa con una empresa fantasma, pues a menudo no se encuentra en sus domicilios fiscales, y los accionistas que aparecen en sus documentos oficiales suelen ser personas de escasos recursos, cuyas credenciales fueron usadas –a veces a cambio de una retribución– para abrir la empresa, pero que no tienen idea del uso ilegal que se hizo con ella.

Esta idea, sin embargo, es falsa. Buchahin explica que en el contexto de su investigación la ASF pudo recopilar información valiosa para identificar a operadores de las empresas fraudulentas. Dice que entregó varios expedientes al SAT, con casos documentados de empresas que fueron usadas para los desvíos de dinero, incluyendo los lugares donde operaban. Sostiene que varios abogados presentaron amparos en nombre de las empresas fantasma por lo que la ASF los señaló ante la FGR.

“Obtuvimos actas constitutivas, sus registros bancarios, todos sus procedimientos… imagínate: si nosotros las pudimos obtener, qué podrían recabar la UIF y la propia fiscalía, que tienen mayor campo de aplicación de sus procedimientos forenses”, detalla Dora.

Y deplora: “Eran más de 250 empresas, hubo traslado de dinero en efectivo, lo recogían en Polanco y lo entregaban en Polanco. Mencionamos a varias personas en las denuncias (…) ni siquiera los han buscado”.

Complicidades

La auditora recuerda que, cuando empezó a auditar las cuentas de la Sedesol, Emilio Zebadúa le preguntó si también investigaría a Aurelio Nuño Mayer, quien era entonces jefe de Oficina de Peña Nieto. La auditora no entendió el vínculo hasta que, tiempo después, Nuño fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que le abrió la puerta al sector universitario.

De hecho señala el papel que jugó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en los esquemas de desvío de recursos. Unos rectores “muy decentes” que estuvieron involucrados en los fraudes le contaron que, en reuniones de la ANUIES –la cual aglutina a 191 universidades, incluyendo las estatales–, recibían instrucciones de gobernadores tipo: “Hay que ayudar al presidente” o “el presidente necesita dinero”.

Buchahin expone que, con Zebadúa en Sedesol y la Sedatu, las universidades negociaban para quedarse con un monto que oscilaba entre 4% y 8% del dinero que triangularían con empresas fantasma. Señala que algunos rectores lo utilizaban para gastos de la universidad, pero sospecha que otros lo desviaban hacia su propio bolsillo.

“Era un reparto en el cual todos ganaban; cuando alguien dice “te voy a dar esto y tú no vas a hacer nada”, pues de entrada sabes que está mal. Ahora vamos a pensar: dándoles un voto de confianza, el primer año caes en la trampa, pero en el segundo, el tercero ya era común, todo mundo sabía y seguían haciéndolo”, dice.

Recuerda que mientras su equipo investigaba las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu, el equipo de Robles trataba a los auditores con “desdén”, seguros de contar con la complicidad del aparato de Estado, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Areli Gómez.

“Era una pandilla sexenal que en ese momento se sintió poderosa, que pensó inclusive que iba a trascender al siguiente sexenio, no pensaron que habría un cambio de gobierno. De no haber sucedido, no solamente hubiéramos cesado con esto, sino que muchos seguramente ya tuviéramos que haber estado fuera del país, porque ahora el que investiga lo persigue”.

Dora Buchahin también sostiene que los gobernadores de los estados donde operaban las universidades que se prestaron a los esquemas fraudulentos fueron cómplices de los desvíos de dinero: “Me llama mucho la atención que, cuando se enteraron que había desfalcos en sus universidades, en Sonora, Quintana Roo, Veracruz o San Luis Potosí, todos estos gobernadores no dijeron nada, no presentaron denuncia, no iniciaron ningún procedimiento para pedir a sus funcionarios estatales que rindan cuentas, (…) no se pronunciaron jamás”, comenta.

Y agrega: “Entonces, por supuesto que había acuerdos cupulares; la mayoría era del mismo partido y, bueno, seguramente era algo que habían normalizado entre ellos. Estos tipos de trampas no son nuevos”.   

Reportaje publicado en el número 2418 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 5 de marzo de 2023.