CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a Sonia Vargas Terrero, funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como la responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares “de los Estados Unidos”, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró que “ningún contrato cubrió con los señalamientos en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”.

También señaló a otros funcionarios como Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, a quien se le atribuye un contrato por 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil.

Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, 2 millones 500 mil dólares; Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, 2 millones 500 mil dólares; Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares; Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, 56 millones 121 mil 595.

Por contratos en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 también señaló: Del Cisen, Eduardo Imaz Gispert, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos. Del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, por 88 millones de dólares.

Otro de los señalados es José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares y 221 millones 400 mil pesos; de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era Oficial Mayor, 26 millones 666 mil 666 pesos 60 centavos.

Así como Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, 26 millones 666 mil 666; María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales; Enrique Salinas Romero, como director general de Política y Estadística Criminal.

Recordó que el gobierno mexicano, acudió a los tribunales civiles del estado de Florida, donde se encuentra gran cantidad de lo bienes y dinero.

“Se procura que, a través de un juicio civil, sean restituidos a México todos estos recursos. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema”, indicó.

Gómez aseguró que los demandados argumentan que el tribunal no tiene competencia, pero, “de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también de una ley del estado de Florida, donde está llevando a cabo esto, el estado de Florida tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes, que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas o lavadas, drenadas en el estado de Florida”.

Los mencionados están sujetos a denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, están bajo una investigación y consideran que no debe tratarse de cualquier ilícito o conducta no licita como el de cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones.

“Que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México”, apuntó.