CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) logró acreditar una estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado, mediante la cual se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de cientos de militantes y simpatizantes de la izquierda.

El organismo refiere que queda clara la responsabilidad de la violencia política contra la ciudadanía por parte del Estado mexicano, que implicó a autoridades de todos los niveles, así como a las fuerzas policiacas y militares, en cuya cúspide de todo este complejo represivo, creado exprofeso, actuaron con total impunidad los presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez hasta José López Portillo, quienes siempre estuvieron enterados de las acciones de represión, las ordenaban, y las ocultaban.

Además se hizo un análisis de la violencia política con fines de exterminio en contra de la población campesina guerrerense durante los años setenta, y de las distintas operaciones realizadas para acabar con los grupos guerrilleros. Se exhibieron las tácticas implementadas por el Ejército para obligar a la población rural a delatar y entregar a integrantes del movimiento guerrillero, así como de las formas de desaparición forzada implementadas, como los vuelos de la muerte y el posible uso de hornos crematorios en el Campo Militar Número 1.   

Testimonios de víctimas y documentos permitieron fundamentar y acreditar las violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de 814 víctimas.

La Recomendación es resultado del trabajo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, creada en enero de 2020.

La recomendación 98VG/2023 está emitida a diversas dependencias, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además del Centro Nacional de Inteligencia, Archivo General de la Nación, Gobierno Constitucional del estado de Guerrero, titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma Metropolitana, así como a las personas titulares de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. 

La Recomendación 98VG/2023 está planteada no a partir de los casos aislados sino de un análisis de contexto que explica muchas cosas hasta ahora invisibilizadas.

"Entre otras, que la rebeldía y los actos armados de un grupo de mexicanas y mexicanos entre los años 1965 a 1990 no fue una mera ocurrencia o imitación, y mucho menos derivada sólo de lecturas, sino de una realidad: la ausencia de libertades y democracia que caracterizaron al Estado mexicano durante una gran parte del siglo pasado. Por eso, se reconoce a las guerrillas como grupo beligerante y no como delincuentes comunes, que fue como pretendieron eludir los gobiernos de la época su estrategia genocida, que también fue posible por muchas complicidades de actores políticos, económicos, religiosos y, de medios de comunicación que convirtieron la lucha política en actos de delincuentes comunes y de nota roja", señala el documento.

De igual forma, se ha documentado la sistematización e institucionalización de los instrumentos de represión, mediante la creación y consolidación de cuerpos policiacos y para-policiacos exclusivamente orientados al espionaje y a la persecución de disidentes, como la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Especial o “Brigada Blanca”, así como mediante la coordinación de estos con las fuerzas armadas y con procuradurías, tanto la federal como las locales, y con instancias jurisdiccionales de todo el país, que hizo posible que hechos notoriamente violatorios de los derechos humanos se consumaran, y quedaran impunes. 

La CNDH aseveró que la impunidad de todos estos "crímenes abominables de lesa humanidad no se explicaría sin la complicidad de las instancias investigadoras, de integrantes del Poder Judicial e incluso de la propia CNDH y de la FEMOSPP en su momento", pues asegura que "lejos de abonar a la justicia y a la reparación, alargaron los procesos y los buscaron cancelar mediante mentiras y conclusiones a modo, y hasta forzando a las víctimas a desistirse de su lucha".

La Recomendación aborda por primera vez, el alcance de las violaciones a derechos humanos cometidas contra niñas y niños, familias enteras de quienes eran catalogados como delincuentes; niñas y niños que sufrieron, al igual que sus padres, detenciones arbitrarias y torturas, un daño que trascendió del núcleo familiar a comunidades enteras, que dañó el tejido social y transgeneracional, y laceró a todo el país. 

Torturas

En el caso de las personas que vivieron de forma directa la violencia ejercida por el Estado, se observó que las consecuencias en las víctimas no sólo fueron físicas con las cicatrices de las torturas.

A través de testimonios se observa que hubo daño físico irreparable que a pesar de someterse a cirugías o tratamientos quedaron discapacitados y además con secuelas psicológicas que les impidieron retomar la vida que tenían, sin tener el acceso a los medios de rehabilitación que requerían.

Las personas que vivieron de forma directa esta violencia política perdieron sus empleos, sus fuentes de ingresos, sus hogares, sus tierras y hasta la salud física y mental; afectaciones graves, infringidas de diversas maneras, cuyas secuelas, a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy, se han ido arrastrando, y se siguen evidenciando y replicando tanto en lo social como al interior de las familias involucradas, aunque el daño finalmente ha sido contra toda la población del país.

Disculpas y reparación del daño

Por lo anterior,  la CNDH solicita, entre otros aspectos, a la Segob, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, CoVEH, Sedena y FGR efectuar un reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Estado por las violaciones a los derechos humanos, preservar los sitios de memoria y crear un Memorial.

-La CEAV deberá emitir un plan de reparación integral colectivo en favor de las 814 víctimas y otorgarles atención médica integral, psicológica y psiquiátrica; por su parte, la Segob tendrá que realizar acciones tendientes a la recuperación del tejido social, fomentar la democracia participativa y optimizar la gestión documental de las administraciones presidenciales citadas. 

-A la Sedena se le pide coadyuvar con las denuncias que se presenten por violaciones graves a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad; a la FGR, continuar la integración de las averiguaciones previas o iniciar una investigación de los hechos cometidos, y hacer públicos los fondos documentales generados por la Policía Judicial Federal. 

-A la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob se le pide, particularmente, fijar mecanismos para la investigación de los casos pendientes e incorporar los hechos, víctimas y perpetradores señalados a las políticas de memoria.

-El Centro Nacional de Inteligencia deberá transferir íntegramente los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y del Cisen al Archivo General de la Nación (AGN), el cual, por su parte, deberá optimizar la conservación, gestión documental y administración de los fondos presidenciales citados y hacer públicos y accesibles en su página web los instrumentos de consulta.

-El Gobierno de Guerrero tendrá que llevar a cabo un acto de reconocimiento y disculpa pública; las personas titulares de la UNAM, UAM, IPN y universidades estatales deberán restituir a familiares de las víctimas los expedientes escolares y las darán a conocer, a través de un acto público, como personas desaparecidas pertenecientes a la comunidad universitaria.

-Al Congreso se le pide tipificar en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y que el delito de desaparición forzada sea un crimen de lesa humanidad; mientras que la SHCP y la Cámara de Diputados tendrán que garantizar recursos financieros, humanos y materiales para el cumplimiento de la Recomendación.