CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Comunidad CIDE denunciaron que la Cámara de Diputados redujo 80% el presupuesto del programa federal de becas Elisa Acuña en los últimos cuatro años, al pasar de 11 mil millones de pesos en 2019 a menos de 2 mil millones de pesos para 2023, según el Presupuesto de Egresos.

En un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, solicitaron a la Dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) absorber las becas adicionales correspondientes; mientras que a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a los diputados federales pidieron “que asignen el presupuesto completo y que reanuden en su totalidad el programa federal de becas Elisa Acuña”.

La declaración de los cideítas se da en el contexto de las manifestaciones que la semana pasada destacaron en distintas facultades de la UNAM y obligaron a la SEP a pronunciarse sobre la existencia de presupuesto para cubrir esas becas para miles de estudiantes beneficiarios.

Los firmantes acusaron que Hacienda “dejó en ceros al programa Elisa Acuña para los años 2022 y 2023”. Explicaron que, de acuerdo con la información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad de Política y Control Presupuestal de la dependencia “aplicó la reducción líquida por el monto total del presupuesto  y traspasó el dinero que estaba destinado a las becas al ramo de Provisiones Salariales y Económicas, dejando inoperante el programa de becas”.

De acuerdo con el escrito, dicha situación “dejó sin apoyos a varios estudiantes del CIDE desde el año pasado, y nos deja sin posibilidad de solicitar becas federales en el futuro”.

Los integrantes de la Comunidad CIDE destacaron que las becas Elisa Acuña beneficiaban a más de 300 mil estudiantes universitarios de todo el país, con becas de titulación, investigación, transporte, servicio social y excelencia académica. El programa, agregaron, incluía a estudiantes de la UNAM, la UAM, el IPN, la UDG, el Cinvestav, el Colmex; así como las universidades estatales y las escuelas Normales y “decenas de instituciones en pueblos indígenas, entre muchas otras instituciones y centros públicos de investigación”.

También subrayaron que, si bien algunas universidades “más grandes” tiene la capacidad económica para subsanar los recortes, “los estudiantes más pobres son los más afectados por esta medida”.

Por último, los firmantes condenaron “cualquier política que atente contra el derecho humano a la educación y a la ciencia, y nos pronunciamos a favor de la Autonomía Universitaria plena”.