CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la apertura de una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 28 líderes del Cártel de Sinaloa, el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, aseveró que “los criminales no tienen en donde esconderse”.

Entre los 28 acusados destacan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, incluyendo Ovidio Guzmán Salazar, quien fue detenido en Culiacán en octubre pasado, así como otros líderes de la organización criminal –con la excepción notable de Ismael “El Mayo” Zambada, su líder histórico--, empresas de China y un intermediario basado en Guatemala.

De acuerdo con Salazar, la acusación derivó de una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) durante la cual se incautaron “millones de dosis letales” de fentanilo y grandes cantidades de precursores químicos. La investigación, agregó el diplomático, involucró a 10 países y 32 oficinas de la DEA “dentro y fuera de los Estados Unidos”.

Ayer, un día antes del anuncio de nuevas sanciones contra el Cártel de Sinaloa y su cadena de suministro vinculada con la producción de fentanilo, se reunieron en Washington todos los integrantes del gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador –es decir, todos los responsables de más alto rango de la seguridad en el país-- y se comprometieron a intensificar la lucha contra el tráfico de fentanilo, especialmente contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Horas más tarde, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, se reunieron con asesores de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, en la primera sesión del recién creado “comité trilateral sobre fentanilo de alto nivel”.

Durante este encuentro, acordaron “coordinar acciones internacionales para ayudar a movilizar a otros países impactados por las drogas sintéticas, incluyendo metanfetaminas, captagon, y tramadol”.

Aunque el tráfico de fentanilo se encuentra en el centro de la agenda bilateral desde hace varios años, la presión de Washington sobre México para combatir el suministro de este opiáceo sintético se ha acentuado en meses recientes, pues voces al interior del Partido Republicano han utilizado el tema con fines electorales para denunciar la supuesta postura blanda del gobierno de Joe Biden hacia México.

En respuesta, el presidente López Obrador ha concedido que su gobierno intensificaría los esfuerzos contra el tráfico de fentanilo. El mandatario aseveró que México no es un lugar de fabricación de fentanilo, sino el espacio en el que los grupos criminales reciben el producto proveniente de China y lo ponen en pastillas para venderlas en Estados Unidos.

En una declaración para anunciar la acusación contra 28 actores vinculados con el Cártel de Sinaloa, el fiscal general Merrick Garland –quien recibió ayer a los altos funcionarios de México-- sostuvo que llegan precursores químicos a México, donde el fentanilo es “manufacturado” en “laboratorios clandestinos”.

Según el fiscal estadunidense, el producto es trasladado de los laboratorios hacia Estados Unidos, principalmente por el Cártel de Sinaloa, y el dinero de la venta termina siendo lavado, por lo que llamó a destruir “todo el ecosistema” del fentanilo.