CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en tres días, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) salió a defenderse de la "desinformación" que el presidente Andrés López Obrador lanzó hoy en su contra, respecto a su labor de acompañamiento legal a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un comunicado, el Centro ProDH desmintió al mandatario, quien acusó a sus integrantes de haber intervenido para liberar a las personas que habían dado testimonios bajo tortura, mismos que fueron usados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para construir la desacreditada "verdad histórica" en torno a la desaparición de los normalistas.

La organización jesuita refrendó que, pese a los ataques en su contra, no guardará silencio frente a quienes "siguen obstaculizando" el camino a la verdad en el caso Ayotzinapa, especialmente al Ejército, que sigue ocultando informes de inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha seguido todas las líneas de investigación, y la delincuencia organizada, por administrar "la información que aún tiene sobre el caso".

"Si estos obstáculos continúan y el sexenio concluye sin justicia y sin verdad, no dejaremos de señalarlo, como lo hicimos en el pasado, aunque ello implique que se profundice la estigmatización en nuestra contra", insistió.

En respuesta a los señalamientos que López Obrador lanzó en su conferencia matutina, el Centro ProDH recordó que fueron los propios torturados quienes promovieron los juicios de amparo que desembocaron en su liberación --y en el derrumbe de la "verdad histórica"--, y negó que los defensores de las familias hayan estado "detrás" de las sentencias, como les acusó el mandatario.

La organización también negó con vehemencia que manipule a los padres, y recalcó que la afirmación de López Obrador en este sentido niega la "capacidad de agencia" de los padres y representa un "profundo irrespeto a su dignidad".

Ya el pasado viernes, el presidente había lanzado sus primeras acusaciones contra el Centro ProDH, una organización que en sus 35 años de labor en México ha documentado violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas, y cuyos directivos han sido víctimas de espionaje con el spyware Pegasus durante los sexenios de Peña Nieto y del propio López Obrador.