COLIMA, Col. (Proceso).— El viernes 15 de diciembre se acumularon dos quincenas sin pago de salario para los 40 trabajadores de base del Instituto Electoral del Estado (IEE), mientras que quienes integran el Consejo General llevan cuatro meses y medio sin cobrar sus percepciones, en la peor crisis financiera que ha enfrentado el organismo por el recorte presupuestal del 70.28% que le aplicó este año el Congreso del Estado.

Lo anterior ya generó varias demandas laborales interpuestas por una parte de los empleados contra el organismo electoral.

A más de un mes de que arrancó el proceso electoral local 2023-2024, la situación ya provocó las primeras afectaciones a los preparativos de las elecciones.

Ni para lápices

Sin recursos para cubrir los salarios del personal —mucho menos el aguinaldo y otras prestaciones de fin de año—, ni para pagar los impuestos, la renta de las instalaciones, papelería, teléfono ni internet, además de enfrentar una deuda creciente, el organismo autónomo se encuentra en una situación que la consejera presidenta, Adriana Ruiz Visfocri, no duda en calificar de “insostenible” y “de extrema urgencia”.

Y así como se ha dado el incumplimiento de diversos compromisos económicos, dice Adriana Ruiz, la carencia presupuestal ya se reflejó también en el retraso de dos meses en los trabajos de preparación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyo inicio estaba previsto en el mes de agosto y empezó hasta octubre con la promesa de realizar en noviembre el primer pago a los especialistas externos contratados con ese propósito, pero tampoco se les ha podido cubrir los honorarios devengados hasta ahora.

Aunque el recorte presupuestal provino del Congreso del estado, la titular del IEE no duda en considerar que detrás de esa decisión se encuentra la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno Silva, quien cuenta con la mayoría de diputados a su favor en el Poder Legislativo.

Acoso

“Creo que es una estrategia previamente establecida para perjudicar y debilitar al instituto. ¿Por qué razón? Lo ignoro. No sé qué beneficio crea ella que va a recibir su gobierno de tener un organismo electoral debilitado, violentado, con problemas internos y externos; no sé por qué lo hace”, señala Ruiz Visfocri en entrevista con Proceso.

Añade que podría ser porque “a nivel federal se acosa tanto al INE como al Tribunal Federal y ésa sería una tendencia que va hacia los estados”, o bien “porque tenga una visión particular la gobernadora y por eso lo esté haciendo, porque realmente no creo que sea por falta de dinero”.

Para el año fiscal 2023, el Consejo General del IEE había solicitado un presupuesto de 62 millones 476 mil 533 pesos para gasto operativo, pero sin realizar ningún cabildeo con el organismo electoral, el Congreso del estado le aplicó una reducción de 43 millones 908 mil 168 pesos, por lo que sólo le autorizó 18 millones 568 mil 365 pesos.

Tras conocer a través del Periódico Oficial el monto presupuestal aprobado, el IEE interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que condenó al Congreso a realizar una ampliación de 23 millones de pesos al presupuesto autorizado, por lo que el Poder Legislativo impugnó la sentencia en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ratificó la resolución del TEE.

Posteriormente, los diputados recurrieron a la Sala Superior del mismo órgano jurisdiccional y obtuvieron igual respuesta.

Finalmente, el 14 de julio pasado el Congreso interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 370/2023, por lo que esa instancia determinó conceder una suspensión de cumplimiento de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del asunto, que se encuentra pendiente.

Ominoso silencio

Mientras tanto, a pesar de la reasignación del presupuesto realizada al interior del IEE, los recursos iniciales sólo alcanzaron hasta la primera quincena del mes de julio.

Por ello, desde antes una comisión de integrantes del Consejo General se ha dedicado a gestionar una ampliación presupuestal en las secretarías de Finanzas y de Gobierno del Poder Ejecutivo, que hasta la fecha sólo ha entregado poco más de siete millones de pesos, la mayor parte etiquetados para aplicarse en los consejos municipales.

Los últimos meses, refiere Adriana Ruiz Visfocri, ella y demás integrantes del Consejo General se han visto en la necesidad de hacer antesala en las oficinas de las titulares de ambas dependencias con la solicitud de recursos para poder seguir operando.

A finales de noviembre, consejeras y consejeros “nos plantamos afuera de la oficina de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Solís, hasta que nos recibió, platicamos con ella y dijo que está consciente de la situación, que lo iba a ver con la secretaria de Finanzas, pero que nos pedía que ahorráramos”.

Así también, desde las sesiones, el Consejo General del IEE ha realizado llamados al Congreso del Estado y a la gobernadora a cumplir su responsabilidad de aportar el presupuesto necesario para el organismo electoral.

Llamado urgente

En su sesión del pasado sábado 9, el IEE advirtió que por falta de recursos se encuentra “en muy grave riesgo” el desarrollo del proceso electoral local 2023-2024, en el que se renovarán los diez ayuntamientos y las 25 diputaciones locales, por lo que hizo un “llamado urgente” a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, para una reunión el lunes 11 con la intención de dialogar sobre la ampliación presupuestal solicitada.

Además de todas las implicaciones de la falta de presupuesto, el Consejo general hizo hincapié en que resulta “penoso que en estas fechas decembrinas el personal administrativo esté con la incertidumbre de recibir el pago del salario al que tienen derecho y las prestaciones de fin de año que se han ganado”.

Sin embargo, indica Ruiz Visfocri, casi una semana después, el llamado sólo obtuvo como respuesta la “indiferencia y el silencio del gobierno del estado”, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Hasta el cierre de este texto, la gobernadora tampoco había emitido un posicionamiento público sobre el llamado que le realizó el Consejo General del IEE.

El pasado jueves 14, al presentar la más reciente cuenta pública ante el Consejo general, la titular del organismo consideró “lamentable” que el Gobierno del estado en su conjunto se encuentre incumpliendo con el mandamiento constitucional de “proveer de los recursos necesarios para que este organismo autónomo ejerza la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, de dar certeza a los comicios, cumplir con las funciones encomendadas bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y máxima publicidad, así como encargarse de su desarrollo, vigilancia y calificación en su caso”.

Añadió que “al incumplirse estos mandatos constitucionales, también se violentan los derechos humanos de las personas integrantes de este instituto electoral y se ejerce violencia política en contra de las consejerías, al no permitirles desempeñar con libertad e independencia el cargo público para el que fuimos designadas y designados”.