COLIMA, COL. (Proceso).- Por su presunta intervención ilegal, con asignación de personal y recursos públicos, a favor de las aspiraciones presidenciales de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva se encuentra sujeta a investigación por parte de los organismos electorales.

La intervención del gobierno estatal en Colima y en otras entidades, afirma el politólogo Abel Palomera Meza, “ensució el proceso y le quitó toda legitimidad, pues estuvo cargado de muchos vicios, lo que me hizo recordar cómo funcionaba el PRI en sus años de mayor poder; es decir, bajo una dinámica en la que no importaban los principios ni los lineamientos normativos, por lo que definitivamente se puede afirmar que con este proceso interno Morena perdió la brújula moral”.

Y es que, de acuerdo con las quejas en su contra, la mandataria es responsabilizada de obligar a los trabajadores de confianza del gobierno estatal a entregar cinco por ciento de su sueldo para financiar la campaña de Sheinbaum, así como de promover actividades de proselitismo a favor de ésta, mediante el envío de 15 funcionarios a coordinar un operativo en las zonas donde se aplicaría la encuesta de Morena en el estado de Jalisco.

Uno de estos funcionarios, César Guerra Ruelas, renunció a la coordinación jurídica de la Comisión Estatal del Agua y salió del estado, tras confirmar que fue uno de los colaboradores enviados a Jalisco a promover a Sheinbaum y que recibió órdenes de la gobernadora de reportarle directamente a su cuenta de WhatsApp personal.

Los recursos fueron presentados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de representantes del partido Movimiento Ciudadano, luego de que el portal informativo Latinus dio a conocer las presuntas irregularidades cometidas por la administración de Vizcaíno Silva.

Para el politólogo Palomera Meza, los señalamientos contra la gobernadora no son motivo de sorpresa, porque existe un contexto previo en el que, aún antes de llegar al cargo, se pronunció públicamente en reiteradas ocasiones a favor de las aspiraciones de Sheinbaum y continuó haciéndolo una vez que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

En consecuencia, señala, cuando se dio a conocer la intervención directa del gobierno estatal en el proceso interno de Morena para beneficiar a la exmandataria capitalina, “todo hizo sentido con mucha claridad; con los antecedentes que ya conocíamos sólo se confirmaron las cosas y no podíamos esperar algo distinto de lo que se denunció que estaba sucediendo”.

Consultor en materia de políticas públicas y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, Palomera Meza considera que ese tipo de prácticas ocurrió en diversas regiones del país, pero en Colima se descubrió porque los operadores políticos —que a la vez son funcionarios del gobierno estatal— “fueron descuidados en su actuar y traicionados desde adentro, de otra manera no nos habríamos enterado de lo ocurrido”.

“Financiamiento paralelo”

La queja por los llamados moches salariales fue presentada el 3 de agosto ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE por Jorge Álvarez Maynez, diputado federal de MC, y tres personas más en contra de Morena, Claudia Sheinbaum e Indira Vizcaino “por implementar un supuesto esquema de financiamiento paralelo consistente en la retención de salarios de las personas trabajadoras en el gobierno del Estado de Colima”.

Ese mismo día, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral reservó la admisión de la queja y su emplazamiento; ordenó realizar diligencias de investigación y declinó competencia en favor de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que admitió el caso el 18 de agosto y ordenó emplazar a Morena.

En respuesta, Morena presentó un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras considerar, entre otras cosas, que el procedimiento seguido afecta su derecho al debido proceso y una defensa adecuada.

El asunto, bajo el expediente SUP-RAP-212/2023, fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien el pasado 29 de septiembre publicó el proyecto de resolución donde propone rechazar la apelación morenista y dar luz verde a la investigación por parte del INE, asunto que será discutido y votado en una sesión próxima de la Sala Superior del TEPJF.

El 4 de septiembre, el legislador Álvarez Maynez y otras personas presentaron una denuncia más ante el INE contra Claudia Sheinbaum, así como servidores públicos y el partido Morena, “por un evento realizado en la explanada del Instituto Cultural Cabañas en el estado de Jalisco, (y) que a decir de los denunciantes, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima envió durante dos meses a funcionarios de primer nivel; además de que ordenó que se instalara un cuartel operativo en Guadalajara, donde se reclutaron alrededor de medio millar de brigadistas”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió el 25 de septiembre que por cuanto hace a la asistencia de personas servidoras públicas al evento denunciado, es improcedente la medida cautelar solicitada, “porque aún cuando en algunos casos se tuvo acreditada su asistencia, al haberse celebrado en fecha pasada, se está en presencia de actos que se han consumado, correspondiéndole a la Sala Regional Especializada resolver el fondo del asunto”.

No obstante, la Comisión realizó un recordatorio a la gobernadora Indira Vizcaíno y las demás personas servidoras públicas implicadas en el sentido de “observar un especial deber de cuidado con motivo de sus funciones, así como de ajustar su actuar de manera imparcial y neutral en el ejercicio de su cargo, evitando asistir a eventos de carácter proselitista en días y horas hábiles”.

Gobernadora lo niega…pero excolaborador confirma

Ante las denuncias realizadas en contra de ella y de su administración, Vizcaíno Silva se ha limitado a rechazar las acusaciones.

“El Gobierno de Colima niega de manera categórica que a ningún trabajador o trabajadora del mismo se le obligue a entregar recursos de su salario para apoyar ningún proyecto político”, señaló mediante un comunicado ante el caso de los moches, a la vez que reiteró su “compromiso con la honestidad, la transparencia y el irrestricto respeto a los derechos laborales”.

En lo relativo a la denuncia por el envío de funcionarios de Colima a promover a Sheinbaum a Jalisco, el 14 de septiembre en rueda de prensa Indira Vizcaíno señaló que hasta ese día sólo había recibido la notificación de un procedimiento ante el INE, pero dijo estar “absolutamente tranquila de que no hay nada irregular, que estaremos respondiendo puntualmente cada una de las cosas que nos soliciten” y reiteró:

“No se han utilizado ni se utilizarán recursos públicos del gobierno de Colima, es decir, de las y los colimenses, en beneficio de ningún partido o proyecto personal o político”.

Días antes, sin embargo, César Guerra Ruelas renunció a su puesto como director jurídico de la Comisión Estatal del Agua y denunció que fue uno de los servidores públicos enviados a Jalisco por el gobierno de Indira Vizcaíno a promover a Sheinbaum.

El ahora exservidor público reveló en entrevista con Latinus que los funcionarios comisionados a ese operativo, coordinado por el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, fueron obligados y actuaron bajo amenaza del gobierno, por lo que no había la opción de negarse.

Guerra Ruelas, quien después de renunciar a su puesto huyó de Colima por motivos de seguridad, dijo que la gobernadora estaba al tanto del asunto y que inclusive le pidió a él enviarle diariamente reportes a su Whatsapp personal. 

A juicio del politólogo Abel Palomera, si se confirman las denuncias estarían configurándose varios hechos delictivos que tendrían que ser perseguidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que “alcanzarían inclusive a la gobernadora, pues las evidencias conducen directamente hacia ella”.

Palomera Meza considera que por lo que se ha visto hasta ahora en varios aspectos de la conducción del gobierno estatal, “estamos hablando de una administración que ha tomado partido y, por lo tanto, no podemos esperar que la mandataria esté gobernando a favor de todos los colimenses; lo está haciendo evidentemente a favor de su partido y toma decisiones electorales de tipo partidista”.

—¿Se aprecian cambios sustanciales en relación con el anterior régimen?

—No, lo que veo es un empeoramiento. Antes se señalaba, había mucha claridad sobre quién hacía las cosas mal, quién abusaba del poder. Ahora ya no se habla, los que se pueden llamar oposición tampoco están actuando ni siendo protagonistas que puedan visibilizar o reclamar todas estas deficiencias dentro de sistema democrático, parecen espectadores en lugar de protagonistas. Lo que se ve es como si fuera una dominación completa de Morena.