CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador tuvo acercamientos con grupos específicos de víctimas de la violencia generada por el crimen organizado. 

El político tabasqueño se reunió con los familiares de los normalistas del caso Ayotzinapa, jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014, así como con madres buscadoras. Les habló de darles justicia; y en específico a las mujeres también les prometió no olvidar una agenda en su favor. Sin embargo, todo cambió cuando López Obrador llegó al poder.

Todavía una semana antes de las elecciones federales de 2018, donde resultó triunfador, se dirigió hacia los familiares de personas desaparecidas: “El compromiso es que va a haber justicia y, ante todo, se va a poner por delante la justicia. 

“Esto va a significar que haya voluntad política para hacer justicia y que haya recursos necesarios y una actitud abierta para que puedan participar organismos de defensa de derechos humanos, que pueda participar la ONU, no estar tapando ningún caso, que todo pueda transparentarse, todo pueda investigarse, que no haya impunidad”, dijo el político tabasqueño en junio de ese año en un acto político en Tamaulipas... Pero años después esa posición se quedó en el discurso.

En el inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador destacó que se fortalecerían las labores de búsqueda e identificación; es más, se hizo una selección de quien encabezaría esta labor y, tras una serie de entrevistas, fue nombrada Karla Quintana.

Pero cinco años después el mandatario aceptó la renuncia de Quintana, y enseguida la convirtió en una adversaria de la Cuarta Transformación por buscar “afectarlo” con la cifra de las desapariciones, pues para el presidente es falso que haya 126 mil personas en esa situación. 

“Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado; el registro que se tenía no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos, la señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha”, denunció López Obrador.

El nuevo censo del presidente Andrés Manuel López Obrador se construye sin personal de la Comisión de Búsqueda; se realiza con Servidores de la Nación que sólo preguntan en los domicilios de los desaparecidos si las personas ya aparecieron. Esto se realiza a escala nacional apegados al modelo que se aplica en la Ciudad de México. 

Desdén oficial

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “el rostro más acuciante de ese desdén –del gobierno federal– es la decepción que experimentan muchas madres buscadoras que no han tenido la atención que esperaban en este sexenio”.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –en el gobierno de Enrique Peña Nieto– fue el primer caso que abordó López Obrador al llegar a la Presidencia, con el decreto para crear la Comisión de la Verdad del caso, cuando aseguró que se abrirían todos los expedientes y no habría impunidad para los responsables. 

Al paso de la investigación, a cargo de Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, los desencuentros entre las víctimas y la 4T llegaron cuando se tocó al Ejército mexicano.

El momento álgido de ese choque ocurrió en septiembre de 2022, cuando se dio a conocer que, “a petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares 16 de ellos–, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa” (Proceso 2395). 

En ese entonces el mandatario federal admitió que la cancelación de las capturas se dio bajo el argumento de que los involucrados “no estaban en el informe” de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), dado a conocer el 22 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. 

Al final, con un nuevo informe y la investigación por más de cinco años, los señalamientos –adelantó el Ejecutivo federal– apuntan a las autoridades locales y exonera a los de alto rango, incluidos el secretario de la Defensa Nacional del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, y al expresidente Peña Nieto. 

La organización en defensa de derechos humanos que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos es el Centro ProDH, su director, Santiago Aguirre, expone: 

“Hubo –en el actual gobierno– un intento relevante de esclarecerlo, de llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación”, pero pronto empezó a mostrar los estragos de “las dos grandes decepciones de este sexenio: el empoderamiento militar y la ausencia de una reforma real a la Fiscalía General de la República. Estos dos factores determinaron que el esfuerzo sobre el caso quedara trunco”, y al final las familias de las víctimas mantienen su descontento. 

Reflejo de la posición federal sobre el caso, es que a la última audiencia sobre el tema, realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el gobierno federal no envió a ningún encargado de la investigación. 

“Eso nos habla de una desatención profunda y de un desdén ante temas muy relevantes para la agenda de derechos humanos”, dice Santiago Aguirre. 

Pero el caso Ayotzinapa no es el único en materia de derechos humanos donde el gobierno federal salió en defensa del poder castrense. 

En octubre de este año, durante el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico denunciaron que el Ejército oculta información por “alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes” relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990. 

La respuesta de López Obrador fue: “Están mal informados o están desinformando; no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad porque a mí me obedecen (los militares)”. 

Sin embargo, David Fernández Dávalos, responsable del mecanismo, aseguró que entregaron al subsecretario Alejandro Encinas el informe “Las formas del silencio”, que incluye los obstáculos de la Sedena para el esclarecimiento de los hechos. 

Para el presidente López Obrador, la defensa de los derechos humanos, así como el feminismo o el cuidado del medio ambiente, son temas que fueron creados por el neoliberalismo para “saquear a sus anchas”. 

Ante esos señalamientos la realidad se impone: han sido asesinados 82 defensores ambientalistas en el gobierno de la 4T, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en su informe más reciente.

Aunque el mandatario federal admitió que en su gobierno solamente las mujeres han logrado llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, con las manifestaciones en defensa de sus derechos y para protestar por las diferentes formas de violencia, en varios momentos el presidente ha desdeñado el movimiento feminista. 

“Hay que ver qué es lo que está detrás porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito”, aseguró López Obrador en septiembre de 2021.

Golpe a feministas

Ante los casos de violencia intrafamiliar durante el periodo de confinamiento por la pandemia de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que era falsa la mayor parte de las llamadas de auxilio de mujeres. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres pasaron de 19 mil 183, en enero, a 26 mil 171 durante marzo de 2020.

Pero al respecto el presidente expresó: “Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar porque muchas veces sacan de contexto lo que digo; 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”.

La inconformidad contra el gobierno federal, en particular la proveniente del movimiento feminista, creció ante las declaraciones presidenciales por las circunstancias en las que, en muchas ocasiones, las mujeres sienten temor por hacer una denuncia telefónica al tener a su agresor en la misma casa.

Contra las denuncias sobre corrupción

Además de los defensores de derechos humanos, el gremio periodístico también ha sido blanco del gobierno federal. 

López Obrador acusa a la prensa de estar operando contra su gobierno. Los señalamientos presidenciales ocurren cada que se publica una pieza periodística que expone la corrupción en la administración de la 4T.

En las coberturas de sus giras, el mandatario ha dicho que los medios, incluso, son provocadores que esperan que algo se salga de control para ser reportado. 

En cuanto a las organizaciones defensoras de derechos humanos, López Obrador dice que “están del lado del conservadurismo” y las señala “de callar” en administraciones federales pasadas. 

Un caso emblemático ha sido el Centro ProDH, fundado en 1988 y que ha acompañado luchas como las de Ayotzinapa, Guardería ABC, Las Mujeres de Atenco y a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, entre otras causas. Sólo en junio último el presidente atacó a la organización durante tres días consecutivos.

“En general siempre atendemos a los familiares de las víctimas. Sin embargo, hay opositores en esto, y en casi todo lo que hacemos porque estamos en un proceso de transformación”. 

Para Santiago Aguirre, “el balance en derechos humanos de este sexenio es negativo, no es lo que esperábamos pese a algunas señales que en el inicio parecían promisorias, y efectivamente esto ocurre en un entorno en el que ha habido un desdén discursivo respecto de los derechos humanos, respecto de las víctimas, de los propios aportes de los organismos defensores de derechos humanos, que es muy preocupante y que ha tenido episodios penosos como las descalificaciones genéricas hacia organizaciones de la sociedad civil,  incluyendo al Centro Pro”.

Aguirre contradice al presidente sobre las organizaciones activistas por los derechos humanos: “No es un sector que haya defendido los privilegios, no es un sector que haya guardado silencio en el pasado”, tampoco se trata de “privilegiados que se dedican a trabajar para el conservadurismo, que responden a intereses extranjeros, oscuros, que están en la grilla. 

“No, hablamos de defensores que por décadas han acompañado a víctimas y comunidades, que no callaron en el sexenio de Felipe Calderón, no lo hicieron tampoco en el de Peña Nieto”.

Los defensores de derechos humanos “están al margen de los vaivenes políticos y eso es muy relevante recordarlo: en este año se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un instrumento que recoge las mejores aspiraciones de la humanidad en materia de derechos humanos y que sigue siendo un referencial ético de lo que podemos aspirar la sociedad. 

“En este sentido pienso que las organizaciones de derechos humanos sigan haciendo su trabajo sin abonar a la polarización, sin estridencia, pero con mucha seriedad en las denuncias, pues es algo que va a persistir más allá de este sexenio”.