CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con la renuncia forzada del excomisionado Óscar Mauricio Guerra Ford por utilizar, en 2016, una tarjeta corporativa en un table dance –clausurado tiempo después por trata de personas– y la renuncia de Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cierra el año 2023 envuelto en una nueva polémica.

Guerra renunció a su cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia después de que la revista Contralínea reveló que había realizado 94 pagos con una tarjeta bancaria del INAI, incluyendo tres en el table dance Curazao, clausurado en 2020 por ser un centro de operación de trabajo sexual. Guerra Ford aseguró que reembolsó los pagos y que desconocía el contexto de trata de personas que imperaba en el centro nocturno.

De acuerdo con Contralínea, el INAI trató de ocultar los detalles de los 94 cargos a la tarjeta de crédito American Express propiedad del INAI, pues los comisionados de ese entonces reservaron los datos de las sábanas en respuesta a una solicitud de información, bajo el argumento de que transparentarla revelaría la capacidad adquisitiva del alto funcionario.

Por esta resolución, el excomisionado Monterrey presentó su renuncia ayer al cargo de secretario ejecutivo del INAI, con el objetivo de facilitar las investigaciones correspondientes. Después de la publicación del reportaje, el INAI aseguró que investigará lo sucedido, pero recalcó que ninguno de los comisionados actuales tenía cargos en la institución cuando se decidió la reserva de la información.

Esta polémica coloca de nuevo al INAI en el centro de la agenda pública. Este año, el organismo autónomo libró –y ganó– una batalla legal para poder sesionar con cuatro comisionados, ante la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría parlamentaria de Morena para impedir los nombramientos.

En esta lucha, que llevó a la parálisis del organismo durante cinco meses –lo que retrasó la resolución de más de 8 mil impugnaciones– el INAI fue en reiteradas ocasiones el blanco de ataques verbales del presidente, quien planteó su deseo de desaparecerlo.

La semana pasada, el caso llegó incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con reclamos al Estado mexicano por vulnerar de manera “deliberada” el funcionamiento del organismo.

Este año, el INAI y su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, también tuvieron que lidiar con las dos denuncias por acoso sexual contra su entonces director de Comunicación Social, Óscar Flores –que el Comité de Ética recibió entre mayo de 2022 y mayo de 2023–, las cuales desembocaron en la destitución del servidor público.