CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la falta de nombramiento de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobierno mexicano alegó la “larga tradición de separación de poderes” para justificar que el organismo autónomo estuvo sin operar durante cinco meses.

“La falta de nombramiento deriva de un proceso establecido en la Constitución mexicana y las leyes en la materia”, dijo la embajadora Luz Elena Baños Rivas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien echó la responsabilidad de la situación al Senado, sin mencionar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador llamó en varias ocasiones a dejar inoperante el INAI.

Durante una larga sesión de la CIDH, representantes de la sociedad civil mexicana y del propio INAI acusaron al Estado mexicano de haber paralizado de manera “deliberada” el funcionamiento del INAI, lo que le impidió resolver miles de impugnaciones a solicitudes de información, pero también de haber continuado las prácticas de espionaje con el spyware Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Artículo 19 y Fundar, denunciaron que las obstrucciones al INAI ocurrieron en un contexto donde “las limitantes a la información son cada vez más importantes por parte de los sujetos obligados”, lo que se vio reflejado por un aumento “exponencial” de 125% del número de recursos de revisión presentados ante negativas de entregar información.

En respuesta, la embajadora Baños aseveró que el aumento de las impugnaciones a las negativas de las dependencias del gobierno a entregar información refleja que el derecho a la información “no se ve inhibido” y que “se ejerce el derecho a la libertad de expresión”.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que se pronuncie contra la “omisión deliberada” del Estado mexicano, y que le exija el cese de “los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos”; los comisionados del órgano internacional, por su parte, urgieron al gobierno mexicano a hacer los nombramientos y garantizar las condiciones para que el INAI pueda operar con independencia y autonomía.