CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El amparo concedido hoy a Mario Aburto no tiene precedente. La resolución empieza a dar un vuelco a la “verdad histórica” que prevaleció desde 1994 y, en cuestión de semanas y un máximo de seis meses, el asesino “confeso” del excandidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quedará en libertad.

Y es que, la demanda de amparo ha puesto sobre la mesa las dudas fundadas sobre su participación en el crimen; los numerosos manoseos y alteraciones del expediente; la cuestionable participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en tiempos recientes y, finalmente, la posibilidad de que Mario Aburto obtenga una declaratoria de inocencia.

Después de 29 años y medio de permanecer preso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, notificó una resolución: un juzgado local de Baja California, debe emitir una nueva sentencia conforme al Código Penal local vigente en 1994, desechando así la pena de 45 años que se le había impuesto durante un juicio indebido por haberse realizado conforme al Código Penal Federal. 

El Código Penal de Baja California contemplaba en 1994 un mínimo de 16 y un máximo de 30 años de prisión por homicidio calificado, con lo que, aun sentenciándolo a la pena máxima, deberá quedar en libertad a finales de marzo próximo.

Pero Mario Aburto no quedará satisfecho. Desde los días posteriores al asesinato ocurrido en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, sostiene que es inocente. Lo hizo denunciando tortura para arrancarle la confesión –la prueba principal en su contra-- pero la averiguación jamás se activó y esa, como otras violaciones al debido proceso lo mantienen, según su abogado Jesús González Schmal, en la idea de “limpiar su nombre y obtener una declaración de inocencia”.

En entrevista con Proceso, González Schmal, explica detalles cruciales sobre el caso de Mario Aburto que le permitieron llegar a este momento y que, en resumidas cuentas, implica 12 violaciones a los derechos humanos, al debido proceso.

Los conceptos de violación consisten en que no tuvo defensa, pues al momento de ser detenido fue interrogado por el director de la Policía Judicial Federal, quien obtuvo la declaración recogida por el ministerio público, sin que tuviera abogado presente.

Aún peor. Tras aquella declaración obtenida en Tijuana horas después de los hechos, le llevaron a un abogado que era el litigante del PRI bajacaliforniano. Tiempo después, el defensor público que posteriormente le asignaron jamás se presentó con Mario Aburto y todas sus actuaciones fueron sin el conocimiento del presunto homicida.

Entre otras cosas, destaca que su defensa ni él mismo tuvieron acceso a los dictámenes periciales y no hubo elementos de balística para saber si el arma asegurada era la misma que la empleada.

Fue golpeado desde Lomas Taurinas y durante su detención. Jamás tuvo acceso a su expediente hasta 2021, cuando González Schmal, apoyado por la Defensoría Pública Federal, se lo consiguió.

En el conjunto de violaciones al debido proceso figuraba también que se le hubiera procesado con el Código Procedimental Federal y no con el local. Así que, según el litigante, el Tribunal decidió invocar ese concepto de violación por el principio de mayor beneficio para el quejoso con lo que de manera más rápida pudiera ser liberado.

Historia de un litigio

A principios de 2021, en la CNDH iniciaba su presidencia Rosario Piedra Ibarra, activista que, junto a su madre, Rosario Ibarra de Piedra, había hecho historia en el reclamo de verdad y justicia por los desaparecidos de la “guerra sucia”, entre ellos, su hermano, Jesús Piedra Ibarra.

El arribo de la nueva presidenta fue polémico, pues su participación partidista en Morena, el partido gobernante, así como la forma en que se condujo el proceso legislativo para elegirla en el Senado, problematizaron su elección. Pero finalmente se impuso.

Meses después, la CNDH abordó una serie de casos relevantes que tenía pendientes, entre estos, el de Mario Aburto. Debido al volumen y la naturaleza de los asuntos, convocó como asesor a Jesús González Schmal.

Por entonces, Mario Aburto, quien había empezado a estudiar derecho en la cárcel, presentó una queja por tortura y otras violaciones a garantías. La revisión del caso le tocó a González Schmal.

Abogado litigante, político de larga trayectoria siempre en la oposición, primero en el PAN, luego en el PRD y finalmente en Morena, de donde fue excluido, había llevado casos tanto en lo jurídico como en lo legislativo, de mayor envergadura. A sus 80 años, decidió tomar el reto cuando prácticamente se estaba retirando de la práctica jurídica.

La cantidad de volúmenes del caso –cuenta-- hacía imposible que él solo pudiera revisarlos, por lo que decidió concentrarse en las primeras actuaciones y entró en contacto con la Defensoría Pública Federal, por entonces dirigida por un derechohumanista experimentado: Netzaí Sandoval Ballesteros.

Durante el 2021, aun con los picos de pandemia, González Schmal viajó a Tijuana y a Los Ángeles, para entrevistarse con personas relacionadas con el caso, por ejemplo, con José Luis Pérez Canchola, quien le confirmó que durante el interrogatorio en el que estuvo presente como ombudsman de Baja California, Mario Aburto no tuvo asistencia jurídica y estaba notoriamente sedado, lo cual se asentó en un acta que jamás se tomó en cuenta en el caso.

Además, visitó a Mario Aburto en prisión y con el equipo de Sandoval Ballesteros, consiguió allegarle los ocho tomos de su causa. Según González Schmal, su defendido estudió a detalle el expediente y, con sus conocimientos jurídicos adquiridos, hizo observaciones y apuntes que resultaron importantes para integrar una recomendación.

Para finales de 2021, González Schmal consideraba una serie de antecedentes tanto del entorno político como del judicial; consiguió que a Mario Aburto se le practicara un Protocolo de Estambul que dio positivo a tortura; alcanzó una serie de conclusiones a partir de un análisis de violaciones de garantías y derechos humanos y, finalmente redactó un primer borrador de recomendación.

De repente, la CNDH dio un viraje.

“Se molestaron. Me dijeron que esperaban instrucciones, que la recomendación no debía de ser tan directa y que primero se hicieran una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara una nueva investigación. Yo argumentaba que eso, después de 28 años, era imposible, y entonces me pidieron que mejor ayudara en casos de tortura en reclusorios y dejáramos el caso Aburto”.

González Schmal no aceptó. Estaba convencido de que debía demandarse un amparo, pero estaba a punto de cumplirse el término. Así que buscó a Netzaí Sandoval y con su equipo redactaron la demanda, lograron un amicus curiae que la CNDH no quería y fue así como se presentaron las 12 violaciones que resultaron en el amparo resuelto hoy por el Primer Tribunal Colegiado.

“Las diferencias con la CNDH se profundizaron y de buenas a primeras me suplantaron, enviando a otro abogado a visitar a Mario a quien le dijeron que yo estaba dictando una conferencia en León Guanajuato. Vi que la CNDH tenía una conducta indebida y renuncié”.

Pero el litigante continuó trabajando con la Defensoría Pública sin honorarios. Sandoval y su equipo estaban empeñados en trabajar el caso.

La aspiración a la inocencia

Para Jesús González Schmal, hubo una “iluminación”: que don Luis Colosio, padre de Luis Donaldo, dijera años después del crimen que Mario Aburto no era el asesino de su hijo y que lo había callado para evitar la presión o crear un problema político mayor en el país.

Esa expresión obra en autos y en un libro. Pero no era todo. Hubo una serie de antecedentes, detalles que con el paso del tiempo le dieron un conocimiento a fondo del proceso que hoy lo llevan a afirmar: “es evidente que no es el autor”.

El amparo interpuesto por tortura sigue vivo y se interpuso ante un juez de la Ciudad de México. Ese amparo resolvió hace meses que la FGR debe integrar en seis meses una averiguación por tortura por la denuncia que hace casi 30 años interpuso Mario Aburto.

El asunto parece imposible. 15 personas implicadas han muerto, varios de ellos, por cierto, asesinados. No se puede reconstruir los hechos a 30 años de distancia porque todo en el caso está mal: no hay cadena de custodia, la necropsia no se puede repetir, y no hay manera confiable de reponer todo el procedimiento, dice el entrevistado.

“Lo que sí es constatable es que fue torturado desde que fue aprendido y golpeado en Lomas Taurinas”.

González Schmal está confiado en que “al acreditarse la tortura, ese solo hecho tiene un efecto corruptor del proceso y, con ello, son nulas todas las actuaciones posteriores. La Ley de Combate a la Tortura es muy específica y consonante con convenios internacionales. De ahí que, si las actuaciones son anuladas, lo que sigue es una declaración de inocencia”.

Por ahora, Mario Aburto vislumbra por primera vez su libertad y aunque pueda tardar hasta seis meses, jamás había estado tan cerca de conseguirla como en esta oportunidad.