TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, conformada por diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, lamentaron hoy el trágico accidente donde fallecieros 10 mujeres migrantes y señalaron que esto a consecuencia de las políticas públicas punitivas del gobierno mexicano, pues “las obliga a recurrir a vías inseguras y clandestinas, expuestas al abuso, la extorsión y a la muerte”.

La agupación se dijo conmocionada por lo ocurrido este domingo, cuando un camión tipo torton que transportaba a decenas de personas en contexto de movilidad, entre ellos mujeres, niñas y niños, se accidentó en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, a la altura del kilómetro 134 crucero Santa Cruz, dejando hasta ahora un saldo de 10 personas fallecidas y 20 más lesionadas.

Desde el Colectivo Frontera Sur señalaron que “estos hechos no son aislados ni fortuitos, sino que son consecuencia directa de la política violenta e inhumana que el Estado mexicano ha implementado para restringir, contener y detener los flujos migratorios”.

“Es preocupante que estas políticas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países, obligándolas a recurrir a vías inseguras y clandestinas, expuestas al abuso, la extorsión y a la muerte”, dijo.

Recordaron que hace menos de dos años se registró otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga y 114 resultaron heridas.

“Estos hechos evidencian la falta de voluntad política y la indolencia del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad, así como para prevenir y sancionar a los responsables de estos hechos”, agregaron.

Ante esto, exigieron al gobierno federal y estatal que se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades del accidente ocurrido el día de hoy y que se le brinde atención médica adecuada e integral a las personas lesionadas, así como apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y sus familias.

Además demandaron que se respete el derecho a la identidad y a la dignidad de las personas fallecidas, y que se facilite su identificación y entrega a sus familiares, así como el traslado y sepultura de sus restos y que se repare el daño integralmente a las víctimas y sus familiares, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición.

“No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan”, dijo.

El Colectivo lo integran la American Friends Service Committee (AFSC) - Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Centro Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., Centro de Derechos las Víctimas la Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. (IDEHU), Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), Programa Asuntos Migratorios - UIA, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita Refugiados - México (JRS), Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.