TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Más de 200 organizaciones civiles de diversos estados unieron voces para exigir a los gobiernos federal y estatal intervenir de inmediato, de forma decidida y eficaz, para frenar la guerra entre dos grupos delincuenciales que está causando graves perjuicios entre la población civil, que no debería ser objetivo de esa disputa criminal en la región de la Frontera y la Sierra de Chiapas.

“El Estado tiene el deber urgente de otorgar protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad, con múltiples violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio”, dijeron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto.

En el desplegado de las organizaciones civiles de Chiapas, respaldado por decenas más de otros estados del país, se considera “indignante” la situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas “a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales”.

La población, rehén de criminales

Recordaron que hace más de dos años que se ha estado agudizando esa disputa por el territorio, caracterizada por un fuerte control social basado en el terror y la violencia armada.

“Alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se haya tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos”, indicaron.

Expusieron que el corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas o electricidad, así como el del servicio de compañías telefónicas, mantiene a la población en vilo y zozobra, con impactos psicosociales importantes, y agregaron que existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en confrontación.

“Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice”, precisaron.

Denunciaron que ya hay un incremento de las distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción en asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida.

La población ha estado en una intermitente incomunicación, lo que ha derivado también en desabasto y encarecimiento de productos básicos, principalmente alimentos y gasolina, generando aislamiento.

La violencia interrumpe la vida cotidiana de la población a partir del corte de los servicios básicos, así como mediante la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud, además de las múltiples violaciones de derechos humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, la educación, la salud, la justicia, el libre tránsito y a vivir en paz.

El oficialismo minimiza la violencia

Advirtieron que, en el discurso oficial, destacadamente en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una forma cada vez más directa de minimizar la violencia.

Agregan en el desplegado que algunos medios de comunicación desligan al Estado de su responsabilidad de brindar seguridad, criminalizan a la población y reproducen narrativas estigmatizantes y descontextualizadas, a lo que se suma la respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población.

Desde hace varios meses, denunciaron, no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Reiteraron a los gobiernos municipales, estatal y federal su demanda de brindar atención integral a la población directamente perjudicada por la violencia, dar atención urgente a las víctimas de desplazamiento forzado y generar condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.

De igual forma, atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia, garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población y realizar una investigación imparcial y completa que identifique a los responsables de la violencia y que permita impartir justicia.

Asimismo, diseñar una estrategia integral para garantizar la seguridad de la población, que no implique la militarización prolongada, sino una respuesta duradera para alcanzar la pacificación real y estructural, y garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en las regiones Frontera y Sierra.

Las organizaciones firmantes del desplegado pidieron a la población su solidaridad y empatía, así como permanecer atenta a lo que sucede en Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

La proclama está firmada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que integra a unas 87 organizaciones en 23 entidades de la República Mexicana.

También se sumaron a la declaración decenas de organizaciones civiles y sociales de otros estados, como la Alianza contra la Desigualdad México, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).