CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó denuncia penal en contra del Grupo México por incumplir su obligación de remediar el daño ambiental y los daños a la salud de los habitantes de Cananea, Sonora, provocados por el derrame de residuos peligrosos ocurrido hace nueve años en la mina Buenavista del Cobre.

La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional que lo ocurrido en 2014 “no fue un accidente, fue una negligencia de la empresa” filial de Grupo México.

La denuncia penal fue presentada en la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora y va dirigida contra tres empresas de Grupo México, propiedad de Germán Larrea: Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras.

Albores destacó que las autoridades anteriores entregaron 73 cajas de documentos del expediente del caso a la empresa, sin quedarse con copias físicas ni digitales.

Albores recordó que Rodolfo Lacy, quien era subsecretario de Planeación de la dependencia en el sexenio pasado y presidente del fideicomiso, fundó el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, al cual se entregaron 28.6 millones de pesos del fideicomiso, además de otros 156 millones destinados al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora.

La secretaria subrayó que la planta potabilizadora, que costó 4.7 millones de pesos, operó únicamente de 2015 a 2017, y que, pese a la financiación de nueve plantas, sólo una estuvo en funcionamiento durante un mes debido a la falta de energía.

Esto lo llevaron a cabo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Grupo México, bajo la supervisión de Víctor Hugo Alcocer, en ese momento subdirector general técnico de Conagua y ahora es empleado de Grupo México.

Fue en diciembre de 2016 cuando se determinó la necesidad de remediación, y en febrero de 2017 se declaró la extinción del fideicomiso.

Los estudios revelan que en la región hay un aumento en los niveles de mercurio en el aire por encima de los valores recomendados, altos niveles de acidez en el suelo, y que la contaminación persiste en ocho municipios en la cuenca del río Sonora.

Además, se determinó que el derrame fue el resultado de un mal diseño del sistema de represas, lo que demuestra que no se trató de un accidente, sino de negligencia en la construcción.

Albores informó que se ha solicitado a la empresa la presentación de un nuevo programa de remediación que abarque no solo el suelo, sino también el aire, el agua, la flora y la fauna. Este programa debe ser avalado por las comunidades afectadas y autorizado por la Semarnat.

Contaminación persistente

El 29 de septiembre pasado, la Semarnat presentó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, que arrojó resultados alarmantes: la contaminación en la región persiste a pesar de los esfuerzos de remediación posteriores al derrame de sulfato de cobre acidulado en 2014, considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

Albores González destacó la gravedad de la situación, señalando que los esfuerzos de remediación realizados hasta la fecha no han sido suficientes. El dictamen reveló que la contaminación sigue presente en el ecosistema, y que los niveles de metales pesados continúan por encima de los límites permitidos por la normativa.

El estudio científico en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), identificó los impactos ambientales derivados del derrame.

El director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña, reveló que los estudios de la calidad del agua superficial y subterránea confirman que el derrame fue el resultado de un mal diseño del sistema de lixiviados Tinajas 1.

Nueve años después del incidente, persisten concentraciones de metales pesados en el agua del río que exceden los niveles recomendados. Además, se ha observado un acaparamiento y sobreexplotación del 59.7 por ciento de los acuíferos en la zona.

Mariana Morales Hernández, directora del INECC, destacó la presencia de mercurio en el aire, en niveles por encima de los estándares, así como acidez en el suelo que puede permitir la movilización de elementos como el aluminio. Además, se observó la disminución de algunas comunidades biológicas, como artrópodos, escarabajos y avispas.

Aunque el Fideicomiso específico creado para reparar los daños causados al ambiente y la salud se extinguió en 2017, este se encuentra actualmente abierto debido a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020 que instruyó su reapertura.

Captura corporativa del Estado

El 6 de agosto pasado, cuando se cumplieron nueve años del derrame de la mina Buenavista del Cobre, en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 22 mil personas, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), una coalición de habitantes de los ocho municipios a lo largo de la cuenca de estos ríos, denunciaron que la contaminación persiste, las enfermedades graves siguen aumentando, y la vida de infantes de la región sigue en riesgo debido al consumo de agua contaminada.

Asimismo, denunciaron que las autoridades continúan sin coordinarse adecuadamente y en algunos casos minimizan el daño. La fauna local sigue siendo afectada, y Grupo México, la empresa responsable, continúa operando en la impunidad, extrayendo recursos a pesar de su historial de abuso.

Los CCRS exigieron una serie de medidas entre las que se encuentran:

• La instalación y operación de plantas potabilizadoras fijas, siguiendo el compromiso original de 36, que se ha reducido a solo una operativa en la actualidad.
• La creación de un centro toxicológico para monitorear y atender la salud de las personas afectadas por la exposición crónica a metales pesados.
• La protección de la salud de los infantes en la región, garantizando la calidad del agua que consumen en las escuelas del Río Sonora.
• La implementación de un plan de justicia que trascienda las administraciones y la reparación integral del daño por parte del Estado.
• La remediación efectiva del daño por parte de Grupo México, incluyendo el cumplimiento de las sentencias y los resolutivos administrativos.
• La continuación del monitoreo constante de la calidad del agua y el seguimiento de los sedimentos, con un pronunciamiento final claro.
• La atención urgente a las irregularidades detectadas en la nueva presa de jales de Grupo México, que representa un riesgo latente.
• La implementación de un sistema de alerta temprana para las comunidades en caso de situaciones de riesgo relacionadas con las empresas mineras en la región.

La magnitud del daño ambiental y la afectación económica actual asciende a 20 mil millones de pesos, diez veces más de lo destinado por el fallido fideicomiso Río Sonora.

Los CCRS dirigieron sus demandas a las autoridades responsables, incluidos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); las Secretarías de Salud Federal y Estatal, y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).