CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México en agosto de 2014, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de ocho municipios, acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados, reconocidos por autoridades federales, con metales como arsénico y plomo.

Esta promoción de los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) surgen tras siete años de impunidad y litigios emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame, y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud.

En un comunicado, los afectados argumentan que estas medidas fueron tomadas también luego de que en mayo de este año la Profepa se comprometió públicamente a dar respuesta a una serie de cuestionamientos en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora, mediante el cual supuestamente se había dado por concluida la reparación de los daños ocasionados por la minera, y el impacto a derechos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano.

Las medidas cautelares, arguyen, buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada.

Además, subrayan que “el tiempo corre y la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada”.

Asimismo, recuerdan que el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental” del Río Sonora en “tres meses” concluye el 4 de octubre.

“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud.

“No se puede postergar más este asunto. Urge una respuesta”, asegura Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS.

Sostiene que las comunidades del Río Sonora siguen sufriendo las consecuencias del derrame tóxico de Grupo México, ocurrido en agosto de 2014.

Por su parte, las representantes de los CCRS expresan en un posicionamiento que a, siete años del peor desastre ambiental minero en la historia de México, urge terminar con la simulación de las autoridades, con las promesas incumplidas, con la impunidad con la que operaron las anteriores administraciones y la empresa responsable.

Y plantean siete acciones clave para avanzar en la reparación y defensa del derecho humano al agua, entre ellas, la articulación de competencias entre los tres niveles de gobierno, la reactivación del fondo para la remediación creado y cerrado unilateralmente, la reparación de los daños, la construcción de las plantas potabilizadoras y la clínica especializada, que en su momento la empresa y gobierno mexicano se comprometieron a construir y que al final quedó en obra negra.

“Nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua (…) Por el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por el derecho a la salud y el acceso a agua de calidad de todas las comunidades del Río Sonora decimos: ¡Basta de #7AñosDeimpunidad y reparación del daño, agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi”, concluyen.