CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes de las comunidades afectadas en 2014 por el derrame de contaminantes en el Río Sonora de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, alertaron sobre la oportunidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resarcir los daños causados en la región, en las resoluciones a juicios de amparo interpuestos por los Comités de Cuenca Rio Sonora, que serán debatidos este miércoles 8. Los tres amparos en revisión enlistados en el portal del internet de la SCJN, que tendrá que revisar la Segunda Sala, están relacionados con el Fideicomiso Rio Sonora, que de acuerdo a los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por afectados, “realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar los daños del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi”. En dichos recursos, 384/2018, 927/2018 y 640/2019, los Comités Cuenca Río Sonora cuestionaron la forma en que operó el Fideicomiso, su falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria, y la extinción del instrumento en 2017 y la del Programa de Remediación Ambiental, sin consultar a los afectados. Creado por un acuerdo entre la filial de Grupo México, la minera Buenavista del Cobre, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Fideicomiso Río Sonora tenía como objetivo resarcir y reparar los daños causados por el derrame tóxico calificado como el más grave “desastre ambiental en la historia de la minería en México”, que afectó a más de 22 mil personas de siete municipios aledaños. Entre los compromisos establecidos estaban “dotar de agua limpia, atención a la salud y reactivación económica a las personas afectadas”, pero la implementación del Fideicomiso “se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades en su operación”. El Fideicomiso, presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, “fue la autoridad destinada a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal, debe hacerse responsable de sus actos y omisiones”, consideraron los Comités al denunciar que pese a la creación de dicho instrumento “no hubo resarcimiento desde el gobierno federal ni por vía judicial” para los afectados, por lo que exigen su reapertura “hasta que cumpla con la reparación de los daños causados por el derrame”.

Falta atención médica

La organización civil que acompaña a los Comités, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), resaltó que, a más de cinco años de la tragedia, los habitantes de siete municipios afectados “han seguido denunciando la falta de atención médica y el incremento de enfermedades en la región el nulo acceso al agua limpia, y la enorme crisis que afecta al campo desde el derrame, en una región antes conocida por su calidad de producción agropecuaria”. De acuerdo con PODER, de los 2 mil millones con que contaba el Fideicomiso, “apenas ejerció 61% (mil millones 231 millones 367 mil 946.29 pesos)”, porcentaje que fue destinado a “la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para  guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra en un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gasto de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención de la salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Sin aviso a los afectados y sin cumplir con los compromisos acordados, el 2 de febrero de 2017 el Fideicomiso Río Sonora fue concluido, destacó la organización civil, al resaltar que los afectados del derrame “se enteraron de la clausura seis meses después a través de una nota de prensa”. Oscar Encinas, uno de los firmantes del amparo y miembro de los Comités Cuenca Río Sonora, urgió a los ministros de la SCJN a ordenar la reactivación del Fideicomiso Río Sonora en el que participen los afectados, que en su decisión “piensen que somos seres humanos y merecemos ser respetados en la salud, en los derechos ambientales, en todos los derechos”. La codirectora de PODER, Fernanda Hopenhaym, resaltó que si la SCJN declara al Fideicomiso como autoridad responsable y que fue un mecanismo privado que ejerció actos de autoridad “sería un hecho sin precedentes en el derecho mexicano y significaría un avance enorme para oros casos similares y un aporte para una mayor rendición de cuentas de las empresas”. El pronunciamiento de la SCJN reforzaría la declaración de la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, en el sentido de que el Fideicomiso había cometido actos de autoridad y que “se trata del reconocimiento de un responsable de daño ambiental”, pronunciamiento que hizo en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 12 de diciembre pasado.