CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Las once consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de regresivo e inconstitucional el llamado plan B de la reforma electoral, por lo cual adelantaron que interpondrán en su contra los recursos jurídicos correspondientes, como acciones de inconstitucionalidad, una vez que este plan sea aprobado por el Congreso de la Unión.

Lo anterior se señala en un informe sobre el impacto y los riesgos de dicha reforma electoral, y el cual fue presentado hoy durante la sesión del Consejo General del INE y fue elaborado por las y los consejeros de ese órgano electoral.

El informe indica que esta reforma está hecha desde el poder y solo busca beneficiar al gobierno de la “Cuarta Transformación”, mientras que debilita a la estructura del INE, por lo que se pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024.

Asimismo, la reforma vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización; retrocede los avances ya alcanzados en el voto electrónico; modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; no pone las condiciones para una competencia electoral pareja ya que involucra indebidamente a servidores públicos, entre otros puntos.

Ante todo esto, los consejeros anticipan un incremento en los litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casillas, con lo cual se pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad política.

Por ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que, de aprobarse el llamado plan B, en sus términos actuales, “debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios”.

Y en caso de que el Poder Legislativo apruebe dicho plan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”, ya que deberá resolver los recursos jurídicos que se interpongan.

Por su lado, el consejero Jaime Rivera señaló que el concepto de propaganda electoral incluido ahora en la reforma, es “burdamente conveniente al gobierno”, puesto que los funcionarios públicos podrán expresarse sin ninguna restricción en tiempos electorales. 

Y al amputarse los órganos distritales y las juntas locales del INE –advirtió Rivera--, este órgano electoral ya no podrá cumplir con su obligación de organizar elecciones limpias, eficientes y transparentes, ni tampoco podrá dar certeza en los resultados de los comicios.

Mientras que el consejero Ciro Murayama afirmó que la reforma es “una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”.

Y la consejera Dania Ravel señaló que la reforma estipula que sea el Congreso de la Unión el que emita las normas de proceso de postulación de candidaturas, con lo cual se le impedirá al INE garantizar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de acciones afirmativas o, simplemente, se le impedirá hacer cumplir el principio de paridad.