El pasado diciembre en la Cámara de Diputados el morenismo aprobó el llamado “plan B” de la Reforma Electoral. Entonces se anticipó que vendría una cascada de impugnaciones legales… y así ocurrió. El hecho de no enviar completo al Ejecutivo el Plan B para su publicación en el Diario Oficial pareció un triunfo de los opositores, pero el retraso de su entrada en vigor detuvo la posibilidad de presentar impugnaciones legales. Ahora los partidos de la alianza Va Por México anuncian que recurrirán a la Suprema Corte para echar abajo el proyecto de López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El día que se aprobó la Reforma Electoral –mediante reformas a cinco leyes secundarias y la expedición de una sexta norma que a consideración de los grupos de oposición vulnera los derechos electorales de distintos sectores sociales– se anticipó que vendría una cascada de impugnaciones legales contra estos cambios. 

En esa sesión del 15 de diciembre de 2022, el pleno de los diputados parecía resolver el asunto con mayoría simple y el trámite que dictó la Mesa Directiva aclaraba lo procedente tras aceptar un cambio al dictamen referente a cuatro normas: “Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional”.

Pero hubo un último trámite que puso en duda el proceso legislativo: el Pleno de la Cámara de Diputados avaló un acuerdo de los partidos que autorizó al Senado a remitir lo ya aprobado del primer dictamen de la Reforma Electoral al Poder Ejecutivo, en el entendido de que esto ocurriría en su primera sesión ordinaria, el próximo febrero. 

A la espera de lo que definan los senadores, los partidos de la alianza opositora de Va Por México –PAN, PRI y PRD– anticiparon que contratacarán con un tridente legal: acciones de inconstitucionalidad de los líderes nacionales de esos partidos, en el Poder Legislativo con la firma de diputados y senadores y, en última instancia, con una controversia constitucional desde municipios y ayuntamientos. 

EL PRI anunció en un comunicado su condena a la acción antidemocrática del Plan B y dijo que trabajará también su acción de inconstitucionalidad. 

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipó que pediría medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que el procedimiento legislativo sea suspendido de forma urgente por los agravios detectados. 

Pese a las impugnaciones anticipadas, el grupo de Morena en San Lázaro confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje en firme el llamado Plan B; si bien no reformó la Constitución, tanto el coordinador Ignacio Mier como el senador Cesar Cravioto respaldan su legalidad y el apego que mantuvo a lo que marca la Carta Magna. 

Dejando atrás la vía legal para intentar revertir la Reforma Electoral vía leyes reglamentarias, Morena estima que ésta se avalará como un simple trámite a mano alzada y por mayoría apenas sesione la Cámara alta. El PAN, por el contrario, insiste en que la minuta deberá ser enviada a comisiones y puesta a consideración otra vez, con lo que se pidió retirar la llamada cláusula de “vida eterna” y, en caso de que el Pleno decida no eliminar ese apartado y rechace el documento, éste deberá desecharse por completo. 

Quizá la última palabra la tenga el coordinador morenista en el recinto senatorial, Ricardo Monreal, quien parece haber reavivado su “unión” a la 4T luego de ser incluido oficialmente, por la dirigencia nacional del partido entre las “corcholatas” para 2024. 

Demandas que se presentarán

Una vez que se conoció la intención de Morena de reformar las leyes electorales y otras vinculadas con temas de propaganda, como parte del Plan B elaborado bajo las directrices de la Secretaría de Gobernación ante el rechazo de la Reforma Constitucional al sistema democrático, los grupos de oposición anticiparon toda una batería de impugnaciones y recursos legales para detener sus efectos. 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2412 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.