CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “plan B” de la reforma electoral implica una “constelación de violaciones constitucionales” que podría poner en riesgo la organización del proceso federal 2024, afirmó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

Al referirse a las modificaciones a la legislación secundaria electoral promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Córdova Vianello planteó que éstas alteran el método para la instalación de casillas y su integración ciudadana, con el cual se mantiene el riesgo de que el conteo de los sufragios genere incertidumbre.

Desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, señaló que la modificación de las leyes en materia electoral y de comunicación social implican la transgresión a tres elementos.

El primero, la intervención del poder en los órganos electorales, vulnerando su autonomía e independencia; el segundo, la eliminación del Servicio Profesional Electoral Nacional que da garantía a la organización de las elecciones y la estructura permanente del INE que permite día a día conocer a la población y al territorio, “porque todo el tiempo está en contacto con el entorno del país”.

Y, en tercer lugar, el consejero presidente mencionó las condiciones de equidad en la contienda.

Córdova destacó que la presencia territorial es indispensable porque se requiere que el personal sea de la zona y “una elección no se construye de la noche a la mañana” como lo pretende la reforma electoral, por lo que se pone en riesgo la instalación de casillas y la capacitación.

El consejero presidente del INE impartió la conferencia magistral “Evolución y riesgos de la democracia”, dentro de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo con un comunicado del INE, Córdova subrayó que actualmente el Servicio Profesional Electoral se compone de  2 mil 571 integrantes que, con la entrada en vigor de la reforma, desaparecería el 85 por ciento de esas plazas, quedando sólo 600 de ellas.

Aunado a ello, el cambio en materia de comunicación social confunde libertad de expresión con propaganda política, ya que se permite que los gobernantes se entrometan en las elecciones, retrocediendo 15 años luego de la aprobación de reforma electoral en 2007, que les impuso candados.

Lorenzo Córdova lamentó que los cambios no se aprueben como fruto del consenso político, ya que hubiera sido pertinente que las reglas de acceso al poder se hayan pactado, que sirvieran para mejorar el actual modelo electoral y que haya partido de un diagnóstico con cifras y datos duros sobre el sistema.

Criticó la aprobación del llamado “plan B”, cuya entrada en vigor es inminente y advirtió que las reformas serán impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el INE, así como por diversos institutos políticos que ya lo han anunciado, con lo cual pueden ocurrir dos cosas: que sean validadas o revocadas por la Corte.