BROOKLYN, NY (apro).– El proceso de selección del jurado calificador para el juicio por narcotráfico en contra Genaro García Luna se extendió hasta este jueves 19 de enero, debido a que la magistrada Peggy Kuo mantuvo un proceso detallado de preguntas entre los candidatos potenciales.

La audiencia en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, no cumplió con las expectativas que se habían anticipado. sobre que el jurado calificador quedaría definido este martes 17 de enero, con lo que ahora los argumentos de apertura por parte de la defensa legal de García Luna y de la acusadora del Departamento de Justicia estadunidense, arrancarían el próximo lunes 23 de enero.

“Esperamos que los 12 jurados principales y los 6 suplentes queden definidos este jueves”, declaró a la prensa César de Castro, el titular del equipo de abogados de García Luna, tras concluir la audiencia.

Con la presencia de más de 20 representantes de la prensa, en su mayoría mexicana, la audiencia de depuración de jurado comenzó con un ritmo más lento de lo esperado por el juez Brian Cogan, a cargo del caso y quien presidirá las audiencias a partir del próximo lunes.

García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, se presentó ante la magistrada Kuo y los 64 ciudadanos neoyorquinos sometidos al escrutinio, vestido con saco y pantalón azul marino, camisa blanca, corbata gris y zapatos negros.

Auxiliado por un transmisor para escuchar la traducción del proceso en la segunda audiencia pública de su juicio por narcotráfico, García Luna, ahora con todo el pelo cano, se mostró concentrado y tranquilo.

Flanqueado de sus abogados, el amigo de Calderón atestiguó cómo con preguntas y dudas de sus abogados y de los fiscales la magistrada Kuo, de los 64 potenciales jurados que examinó, eliminó a 25.

Los 39 restantes se presentarán a audiencia por orden de Kuo este jueves 19 de enero y, para la audiencia de miércoles 18 del mismo mes, la magistrado y las dos partes examinarán a otra tanda de por lo menos otros 60 potenciales integrantes del jurado.

La eliminación de las 25 personas se dio porque varios de ellos, hombres y mujeres, expusieron complicaciones por cuestiones de trabajo, problemas médicos de familiares y de viajes, para poder asistir a las audiencias del juicio, que se calcula durará unos dos meses.

“No han ofrecido algún acuerdo”, dice su abogado

“Vamos a juicio, no han ofrecido algún acuerdo… a menos que le retiren todos los cargos”, dijo De Castro al ser cuestionado sobre la posibilidad de poner fin al proceso judicial con una declaración de culpabilidad de su cliente antes de llegar a un veredicto.

A varios de los 39 potenciales jurados seleccionados para la etapa final, la juez Kuo les pidió hacer algunas precisiones sobre su posición respecto al caso que se les presentaría.

Algunos de los 39 fueron dijeron que no confían en la imparcialidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos, otros que desconfían de los testimonios de testigos cooperantes, y más si se trata de delincuentes que han llegado a un arreglo con el gobierno para reducir sus sentencias.

No obstante a sus objeciones u observaciones, los finalistas fueron elegidos porque aseguraron que su juicio no se sería parcial en el fallo que deben emitir si el juez Cogan les explicaría los pormenores del proceso durante el juicio y en cabal cumplimiento de la ley.

García Luna está acusado de cuatro delitos de conspiración internacional para el trasiego de cocaína a Estados Unidos en colusión con el Cártel de Sinaloa, y uno más: mentirle a un agente federal de inmigración.

De ser declarado culpable durante el juicio, recibiría una sentencia de cadena perpetua como máximo, o de unos 20 años de cárcel como mínima.

Hasta ahora, los fiscales del Departamento de Justicia han ofrecido a García Luna que se declaré culpable para anular su juicio y, con ello, tras ser testigo cooperante bajo una sentencia de unos siete de años de prisión, ser liberado y luego deportado a México.

La exigencia de su abogado de que el gobierno estadunidense le retire los delitos que le imputa es bastante improbable.

Una alternativa sería hacerlo testigo protegido para evitar ser deportado a México, en donde enfrentaría un proceso judicial por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y robo al erario de unos 600 millones de dólares cuando fue integrante del gabinete presidencial de Calderón.