CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su disputa contra el gobierno mexicano, la empresa estadunidense Vulcan Materials obtuvo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una medida cautelar que prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador atacar a la empresa y su filial en Yucatán, Calica, en sus conferencias matutinas.

La medida cautelar emitida por el juez holandés Albert Jan van den Berg ordena “que México no adopte ninguna medida que pueda agravar o ampliar más la disputa entre las partes, incluidos nuevos ataques públicos que exacerben la disputa entre las partes, así como presionar indebidamente a Calica o Legacy Vulcan, o hacer potencialmente más difícil la resolución de la disputa”.

A lo largo del año, López Obrador ha acusado la empresa estadunidense de estar detrás de los amparos contra el Tren Maya, y ha denunciado la devastación ambiental que provocó en su explotación de piedra caliza en Punta Venado, Playa del Carmen. En mayo pasado, el gobierno incluso clausuró la mina con soldados de la Secretaría de Marina (Semar), alegando daños a los ecosistemas.

Desde diciembre de 2018, Vulcan Materials lleva una demanda contra el gobierno mexicano ante la CIADI, y le reclama 529 millones de dólares; la empresa estadunidense acusa el gobierno mexicano de haber violado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) cuando clausuró su explotación de piedra caliza en el predio El Corchalito le prohibió operar en el predio de La Adelita, ambos adquiridos en 1996.

El conflicto, que nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, escaló en el de López Obrador. Ante la negativa de la empresa de retirar su demanda y de convertir su explotación en parque acuático, López Obrador se lanzó contra Calica, a la que acusó –sin evidencias-- de financiar organizaciones opositoras al Tren Maya.

El pasado 8 de mayo, dos días después que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semar cerraron la mina, la empresa presentó un recurso ante el CIADI, en el que solicitó la aplicación de medidas provisionales y pidió que el tribunal agregue la clausura de la mina a su demanda inicial.

Vulcan Materials alegó que el gobierno hizo caso omiso a un amparo que le protegía contra la clausura, y denunció las “amenazas” y los “ataques públicos” de López Obrador en sus conferencias matutinas.

En su respuesta, el gobierno mexicano argumentó que la Profepa había actuado dentro de sus facultades, y que “las declaraciones del presidente en las conferencias de prensa son limitadas a un proceso de negociación que se lleva a cabo en paralelo al arbitraje”.