QUINTANA ROO (proceso.com.mx).- Calica continuará clausurada porque el Poder Judicial rechazó, por ahora, retirar la medida que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado mes de mayo tras una demanda de amparo que ingresó la trasnacional. 

En el expediente 533/2022 del juicio de amparo indirecto, tramitado por Calizas Industriales del Carmen (Calica); el juez Noveno de Distrito del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, negó la suspensión provisional solicitada por la empresa y con la que buscaba continuar con la explotación y transporte de material pétreo a través de la concesión del puerto de Punta Venado desde 1987.

El amparo indirecto promovido es contra el presidente de la República como autoridad responsable por los agravios cometidos, supuestamente contra el particular por haber ordenado una clausura contra Calica el pasado 6 de mayo.

Ante la negativa de suspensión provisional Calica tramitó un recurso de queja que aún no ha sido resuelto.

De acuerdo con los estrados judiciales, el juez celebrará audiencia incidental el próximo 23 de junio diligencia en la que, dependiendo de lo que informen las autoridades señaladas como responsables, podrá mantener la negativa de la suspensión o concederla de manera definitiva.

La suspensión es una medida preventiva establecida en la Ley de Amparo para mantener “vivo” el conflicto planteado al juez mediante el juicio de amparo mientras este dicta su sentencia definitiva en la que resuelva si concede o no la protección constitucional.

En este caso, se prevé que el juez Noveno de Distrito dicte su sentencia de amparo después del 11 de julio, fecha señalada para la audiencia constitucional.

El tema es uno de los más relevantes en la agenda del presidente Andrés Manuel López  Obrador que menciona en sus conferencias matutinas al menos una vez a la semana.

Incluso el ejecutivo federal anunció en su última intervención sobre el tema que va a presentar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El pasado 22 de abril, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dio a conocer que Vulcan Materials Company, corporativo estadounidense dueño de Calica, aceptó que el área de explotación minera de Calica se convirtiera en un parque natural, a cambio que la terminal de Punta Venado sea ampliada como un puerto para cruceros, entre otras condicionantes.

No obstante, días después, el presidente de México informó que la empresa había incumplido el acuerdo de cese de explotación de material pétreo, por lo que días después Profepa clausuró el predio La Rosita.